El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se preparan para el inicio del juicio por contrabando que iniciará el próximo 1 de junio en la capital paraguaya de Asunción. Ambos afrontarán el cargo de contrabando en grado de tentativa y se los acusa de haber querido ingresar USD 200 mil sin declarar por el puente que une Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.
El exparlamentario por Entre Ríos se mostró con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.
Contra la prensa
En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.
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Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.
Por eso se ha llamado al silencio en los últimos meses. Tras un intenso raid en canales, radios y streamings nacionales y locales, se ha recluido.
En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.
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Dardos contra la Justicia
Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay dos Juzgados con expedientes abiertos al respecto. Uno es el Federal de San Isidro. La pesquisa allí está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. En parte, este caso ya fue elevado a juicio. El restante está en Concordia y lo tienen el juez provincial Ives Bastián y el fiscal José Arias.
Para resolver esta situación, se solicitó la intervención de la Corte Suprema. El máximo tribunal debe definir la competencia, es decir, quién se queda con la causa. El primer paso es el dictamen de la Procuración General. El trámite llegó a ese organismo el 5 de noviembre del 2025 y todavía no hay pronunciamiento.
En los inicios, la defensa del exsenador evaluó que el mejor escenario es que la investigación se desarrolle en San Isidro. En su esquema de razonamiento, el fiscal Arias era un “gorila” que perseguía peronistas. Como argumentos citaban que había sido corrido de tres causas contra otro dirigente del PJ concordiense por pérdida de la imparcialidad en las pesquisas.
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Pero la estimación ha cambiado. Ahora ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Domínguez son bien vistos.
Entre los motivos para este cambio figura que la causa en San Isidro en su contra comenzó con dos elementos. El primero, un desprendimiento del caso Securitas. En este expediente se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a compañías y entes estatales. En las escuchas de la investigación a los empresarios entrerrianos vinculados, uno de ellos mencionó a “Cuaider” y su influencia para lograr un contrato.
A ese elemento, Arroyo Salgado y Domínguez sumaron una denuncia por enriquecimiento ilícito y otros delitos que se presentó en San Isidro. La base documental era la propia declaración jurada como senador que había hecho Kueider. Allí figuraba una empresa, Betail, con departamentos en un edificio de lujo en Paraná, la capital de Entre Ríos. De inmediato, la jueza dictó la conexidad objetiva y subjetiva de ambos casos.
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En el entorno de Kueider evalúan que este paso acarreó el armado de una causa. Y se quejan de que, habiendo elementos en las escuchas para implicar a otros dirigentes y empresarios de Entre Ríos, Arroyo Salgado no tuvo el mismo celo.
En la evaluación que realizan, el accionar judicial ha generado un daño terrible.
El juicio
El exsenador espera que la tercera sea la vencida. El inicio de las audiencias ya tuvo dos postergaciones. Iban a realizarse el 24 de noviembre de 2025, pero se pasaron al 26 de abril de este año. Dos días antes, una complicación de Fiscalía obligó a una nueva reprogramación. La fecha definitiva, por ahora, es el 1° de junio.
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Ese lunes, desde las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.
El exsenador nacional y su ex exsecretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.
Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.
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