El anuncio del gobierno de Javier Milei sobre el inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma electoral que elimina las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), provocó reacciones inmediatas y transversales en el arco opositor. Dirigentes del peronismo, de los bloques provinciales y la izquierda respondieron con rechazo y advertencias sobre la iniciativa de la Casa Rosada.
El senador nacional, Sergio Uñac, referente del peronismo y aspirante presidencial para 2027, planteó la necesidad de que el peronismo recupere la iniciativa política, y defina sus diferencias en una “interna abierta”.
“El anuncio del Gobierno sobre la eliminación de las PASO no hace más que confirmar algo que planteamos en su momento: debido a nuestra responsabilidad histórica no podemos seguir reaccionando a lo que otros deciden. La Argentina necesita una fuerza política que vuelva a proponer, a debatir y a construir una alternativa que incluya a todos”, sostuvo el ex gobernador de San Juan, que en el último tiempo retomó la cercanía con la ex presidenta Cristina Kirchner.
“Por eso propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados. No para discutir nombres, sino para debatir ideas y ordenar liderazgos”, agregó en su cuenta personal de X, y dijo: “El peronismo siempre fue más fuerte cuando supo interpretar a la sociedad y representar una esperanza colectiva. Hoy ese desafío vuelve a estar planteado”.
“No podemos ser extras en la película de nadie. Tenemos que volver a ser protagonistas y tener agenda propia”, exhortó.
Desde otro campamento, el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, consideró en redes sociales que la decisión es “política y oportunista”. “Eliminar las PASO no es una reforma profunda. Cambia las reglas del juego en favor del que ya está en el poder. Reduce la competencia visible, ordena al oficialismo sin exposición interna y le quita a la oposición una herramienta clave para dirimir liderazgos”, consideró el legislador nacional y ex jefe de la bancada PRO en la Cámara baja, durante la gestión de Mauricio Macri.
“En lugar de discutir cómo estabilizar la economía o recuperar el poder adquisitivo, pasamos a discutir el calendario electoral. No es una reforma del sistema. Es un movimiento dentro del sistema. Una reforma de verdad sería integral, consensuada y pensada para mejorar la representación y la confianza en la política, no para administrar mejor una elección en un contexto adverso”, alertó Massot.
Desde la izquierda, el diputado Gabriel Solano, del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), rechazó tajantemente la reforma: “Estoy en contra de la reforma electoral del gobierno por proscriptiva y privatista, y estoy en contra de que discutamos ahora una reforma electoral cuando la mayoría del pueblo no llega a fin de mes, cae el consumo, el salario y solo crece la inflación, la desocupación y el endeudamiento familiar. Ese debate es la agenda de la casta”.
El Partido Socialista (PS), que preside la diputada santafesina Mónica Fein, definió planteó en un comunicado: “NO a la contrarreforma política de Milei. Elimina las PASO y reduce la participación, debilita la competencia al quitar financiamiento público, usa la “ficha limpia” con oportunismo y pone trabas a los partidos. Menos pluralidad es menos democracia".
Los ejes centrales de la reforma
Cuando el proyecto sea girado al Congreso, el Poder Ejecutivo prevé que la cámara de origen será el Senado, con el objetivo de buscar consensos con los gobernadores.
El eje central es la eliminación de las PASO, que sería reemplazada por un sistema de avales ciudadanos verificados digitalmente mediante una plataforma oficial y validación biométrica. Cada precandidato deberá reunir apoyos certificados, y desalentando la proliferación de partidos sin representatividad.
La reforma endurece los requisitos para registrar partidos políticos, exigiendo afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral con un tope de dos millones. Para ser partido nacional, pasará de 5 a 10 distritos. Además, se perderá la personería si no se alcanza al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas.
La Boleta Única de Papel (BUP) permitirá votar una lista completa mediante un casillero específico y sumará cargos nacionales, provinciales y municipales en simultáneo. Por otro lado, el financiamiento privado elevará sus topes y se eliminan los límites de gasto de campaña. Asimismo, se prohíben donaciones de personas procesadas por delitos graves y se endurecen sanciones para agrupaciones que incurran en infracciones.
Uno de los puntos que genera también resistencia es la inclusión de la “Ficha Limpia”, el proyecto que inhabilita a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia para ser candidatos o ejercer cargos ejecutivos y jerárquicos.
Otros aspectos que se regulan es el debate presidencial, que dejará de ser obligatorio, y la elección directa de parlamentarios del Mercosur, que quedará suspendida hasta unificar un “Día del Mercosur Ciudadano” en el bloque, designándose mientras tanto los representantes argentinos en la Cámara de Diputados.
La viabilidad de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei depende en gran medida de la negociación con los gobernadores. El antecedente de otras leyes aprobadas en el Congreso sugiere que el acuerdo podría incluir un “toma y daca” que involucre Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y fondos federales, en un contexto en que las provincias afrontan recortes presupuestarios y crecientes exigencias de recursos para salud, educación y obras de infraestructura.
La disposición de los bloques provinciales dependerá de cómo quede organizado el texto del proyecto. Algunos imaginan que, si la “Ficha Limpia” y la eliminación de las PASO se presentan en capítulos separados, podría haber apoyos parciales. Sin embargo, existe el temor de que el oficialismo unifique todo en un solo título, forzando un voto en bloque sobre todas las medidas.