En medio del avance en la investigación por una denuncia por abuso sexual que radicó una empleada municipal, el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, solicitó 30 días de licencia por pedido del gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua. Así, el Consejo Deliberante del municipio decidió que la libertaria Norma Gularte sea elegida como la reemplazante interina.
La votación se llevó a cabo este lunes en el municipio y en horas del mediodía se definió que Gularte tome las riendas de la comuna, mientras se define la situación procesal de Peyer. Según consta en las denuncias, una empleada municipal de 31 años presentó una denuncia penal por abuso con acceso carnal y amenazas.
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Gularte ocupaba el cargo de concejal y era vicepresidenta del Concejo Deliberante en este pequeño pueblo de poco más de 3 mil personas, ubicado al norte de la provincia. De acuerdo con la normativa municipal vigente, debía asumir en forma interina la conducción del Ejecutivo local ante la ausencia del titular. Su asunción marca un hecho político relevante, ya que si bien fue electa concejal por el Frente Renovador, en diciembre pasado oficializó su pase a La Libertad Avanza, el espacio que encabeza el presidente Javier Milei. Así, el Partido Libertario, aunque sea de manera provisoria, lidera por primera vez un municipio en la provincia de Misiones.
Durante el acto de asunción, la nueva jefa comunal estuvo acompañada por referentes provinciales del espacio, entre ellos la diputada Samantha Stekler, quien celebró públicamente la designación. “Estoy muy nerviosa. Pido disculpas en este momento y, por respeto a la ciudadanía, también. Estamos atravesando unos momentos muy difíciles y necesitamos, en estos días de mucha lucha, poder pensar y no decir nada que no sea conveniente y faltar el respeto a ningún vecino de Caraguatay”, expresó Gularte en su primera ronda de prensa tras asumir.
Consultada sobre las acciones a seguir y los desafíos en la gestión, la intendenta interina optó por no dar detalles: “No puedo dar esa información”, señaló, explicando que evitaba profundizar por respeto a Peyer y su familia mientras dure la licencia. También se negó a comentar sobre la discusión interna del Concejo Deliberante, destacando la necesidad de respetar la institucionalidad de los debates legislativos.
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La jornada de designación se desarrolló bajo la observación de vecinos que se mantuvieron en las inmediaciones del edificio municipal. Al concluir la sesión, la comunidad se retiró sin incidentes, en un clima de tranquilidad pese a la sensibilidad de la situación.
La denuncia contra el intendente de Misiones
La investigación se inició tras la denuncia presentada por una empleada municipal, quien relató que los episodios de acoso comenzaron el 8 de julio de 2025, cuando Peyer la convocó a su despacho con el argumento de tratar una sesión del Concejo Deliberante. Según la declaración, el funcionario intentó un acercamiento físico que la incomodó, motivando su retiro del lugar.
El hecho central, de acuerdo a la denuncia, tuvo lugar el 4 de septiembre de 2025. Ese día, Peyer ingresó al área de trabajo de la denunciante con una caja de bombones por el Día de la Secretaria, la arrinconó, cerró el paso y, pese a la resistencia de la mujer, la sometió a una agresión de índole sexual. Posteriormente, el intendente asistió a una sesión del Concejo Deliberante y se sentó junto a la víctima, realizando tocamientos por debajo de la mesa, lo que motivó el llamado de atención de la presidenta del cuerpo sin saber lo ocurrido previamente.
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La víctima declaró que Peyer la amenazó con quitarle el puesto y facilitar el traslado de su pareja, quien se desempeña como policía, si relataba el episodio. En el expediente judicial figura la frase: “Me dijo que eso es lo que a él le gusta”. La denunciante también expuso una escalada de intimidaciones, incluyendo un episodio en el que el intendente habría realizado gestos amenazantes hacia su hija de 11 años desde una camioneta oficial, mientras la menor jugaba en una plaza.
El Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, a cargo de Manuel Balanda Gómez, dispuso allanamientos en dependencias municipales y en el domicilio particular de Peyer, además de imponer una restricción de contacto con la denunciante y su núcleo familiar. Los procedimientos incluyeron el secuestro de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la causa, según medios provinciales.
El impacto institucional de la causa motivó la intervención directa del gobernador Hugo Passalacqua, quien solicitó públicamente que el intendente pida licencia y se ponga a disposición de la Justicia para garantizar que la investigación avance de manera transparente. “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, expresó el mandatario provincial en sus redes sociales.
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El proceso judicial continúa en etapa de instrucción y se centra en la recolección de pruebas y testimonios. Peyer no puede ser detenido por la inmunidad legal que deriva de su cargo electivo. Una eventual prisión preventiva solo podría concretarse si el Concejo Deliberante aprueba su desafuero. Por el momento, pesa sobre él una orden de prohibición de contacto con la denunciante y su familia.
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