La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este viernes el rechazo del ofrecimiento de reparación económica presentado por uno de los acusados por supuesto desvío de fondos públicos del Plan Potenciar Trabajo, el empresario Leandro Kebleris quien intentó pagar una suma millonaria a cambio de quedar fuera de la investigación. Se trata de la misma causa en la que ya fue enviado a juicio el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni,
El ofrecimiento de reparación integral del daño fue hecho por Kebleris, procesado como supuesto partícipe necesario de las maniobras de desvío de fondos públicos a raíz de la emisión de dos facturas que según la acusación fueron falsas y sirvieron para justificar gastos inexistentes con fondos públicos.
De esta manera la Sala I del tribuna respaldaron el criterio del juez Sebastián Casanello, quien había considerado inadmisible ese mecanismo en una causa por fraude contra la administración pública.
Casanello, al igual que ahora los camaristas había desestimado la propuesta de pago de 87.963.534 pesos presentada por la defensa del imputado para intentar cerrar su situación procesal sin llegar a juicio. El fallo señaló que aceptar ese planteo implicaría reducir el alcance del daño investigado a una mera cuestión patrimonial, cuando en realidad se trata de un delito que afecta bienes jurídicos de carácter público y colectivo.
Kebleris, uno de los procesados como partícipe necesario en el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo, había ofrecido pagar esa suma al Ministerio de Capital Humano como reparación integral del daño. El objetivo de este planteo era evitar el debate oral y lograr la extinción de la acción penal en su contra sin reconocer hechos ni responsabilidades.
Los jueces sostuvieron que el dinero presuntamente desviado estaba destinado a programas sociales y que el perjuicio no afecta únicamente al ministerio que administraba los fondos, sino también a los contribuyentes y beneficiarios del programa. Por ese motivo, concluyeron que el daño investigado no puede considerarse reparado mediante el pago de una suma de dinero.
El tribunal también tuvo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal y los organismos querellantes —la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera— se opusieron a la propuesta y alertaron que su aceptación podía afectar la consistencia de la acusación. Además, el expediente principal ya fue elevado a juicio oral respecto de otros 16 imputados, por lo que aceptar una reparación individual implicaría fragmentar la evaluación del perjuicio investigado.
Kebleris aparece imputado junto a Anahí Rivero por haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la firma Coxtex S.A., una sociedad que, según la investigación judicial, no tenía actividad real, estructura operativa ni capacidad económica. Para los investigadores, la empresa funcionó como una usina de facturación apócrifa utilizada para simular gastos vinculados al programa Potenciar Trabajo.
En octubre de 2021, Coxtex S.A. emitió dos facturas por más de cinco millones de pesos al entonces Ministerio de Desarrollo Social. Los comprobantes consignaban supuestas compras de materiales e insumos que, de acuerdo con los peritajes judiciales, nunca existieron. Ese mecanismo habría permitido desviar fondos públicos que debían destinarse a proyectos socio-productivos hacia actividades de militancia, campañas electorales y gastos corrientes de la organización piquetera.
La Fiscalía sostuvo que la maniobra no fue individual ni aislada, sino que involucró a múltiples actores y distintas etapas de ejecución. Según la acusación, no resulta admisible evaluar el daño de manera fragmentada ni circunscribirlo a un solo imputado, especialmente cuando el expediente mantiene abiertas líneas de investigación sobre otros responsables y otros tramos del presunto esquema delictivo.
Por qué se rechazó la reparación y quiénes intervinieron
Con el rechazo del acuerdo de reparación confirmado por la Cámara, el expediente avanza hacia la instancia de juicio oral en lo que respecta a Kebleris, mientras continúa el proceso principal que investiga el presunto desvío de fondos del programa social.
Ese avance procesal se inscribe en una investigación de mayor alcance. El expediente central ya fue elevado a juicio oral respecto de Eduardo Belliboni y otros 15 imputados, acusados de haber participado en un esquema de fraude y extorsión vinculado al manejo de recursos del programa Potenciar Trabajo destinados a unos 85.000 beneficiarios.
Ese presupuesto era administrado desde el ex Ministerio de Desarrollo Social por la Secretaría de Economía Social, a cargo del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Casanello profundizó la pesquisa sobre la estructura que permitió la maniobra y citó a indagatoria a las dos personas señaladas como facilitadores profesionales en el armado de sociedades apócrifas.
El 21 de noviembre de 2024, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de la cúpula del Polo Obrero, encabezada por Belliboni, pero agravó el encuadre penal del caso. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que los hechos investigados configuran los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión, lo que incrementó la expectativa de pena.
El tribunal concluyó que los dirigentes de la organización se valieron de su posición dominante para exigir aportes de dinero y asistencia a movilizaciones a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, personas en situación de extrema vulnerabilidad, bajo la amenaza de perder el plan. Los camaristas remarcaron que no se trató de hechos aislados ni de decisiones individuales, sino de un esquema que beneficiaba a la conducción del movimiento, que concentraba y administraba los fondos recaudados.
En la causa madre, la Cámara también ordenó profundizar la investigación sobre la eventual responsabilidad de funcionarios públicos y aclaró que la pesquisa no apunta a criminalizar la protesta social, sino a determinar si una política pública fue utilizada para financiar actividades partidarias en perjuicio del Estado y de los beneficiarios.
El rol de las empresas pantalla y el circuito investigado
Desde el juzgado se reconstruyó la ruta del dinero y el funcionamiento de las denominadas empresas pantalla, consideradas piezas indispensables para ejecutar la defraudación documentada en el expediente. La hipótesis judicial sostiene que sin ese entramado societario no hubiera sido posible ocultar el verdadero destino de los fondos públicos ni mantener durante años un esquema de rendiciones adulteradas.
Para acelerar las investigaciones, Casanello separó la causa principal del tramo vinculado a las empresas pantalla utilizadas para emitir facturas apócrifas. Ese mecanismo fue negado por los dirigentes del Polo Obrero, aunque sus argumentos fueron refutados tanto por el magistrado como por la Fiscalía. Como resultado de esa decisión, el expediente central quedó a la espera de la fecha de juicio oral.
La investigación específica sobre las empresas pantalla determinó que Coxtex S.A. no fue la única firma utilizada. El expediente describe un circuito más amplio que incluyó a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade, todas señaladas por emitir documentación falsa para simular adquisiciones y encubrir el desvío de fondos públicos.
Según consta en la causa, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos para administrar el programa Potenciar Trabajo.
La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunciaron la utilización política de los programas sociales por parte de los piqueteros.
Datos de la acusación y el avance hacia el juicio
A pesar de los argumentos presentados por los imputados, el magistrado estableció que una porción sustancial de los recursos fue administrada de manera indebida. Los investigadores documentaron que más de 361 millones de pesos fueron desviados mediante la simulación de gastos, el uso de facturas apócrifas y la omisión de rendiciones obligatorias, un perjuicio que podría ampliarse a medida que avance la pesquisa.
Al elevar a juicio oral a Belliboni y a otros 15 imputados, Casanello refrendó la acusación fiscal, que sostuvo que el Estado fue engañado a través de rendiciones adulteradas, la utilización de empresas ficticias, la simulación de operaciones inexistentes y la circulación de cheques destinada a dificultar el rastreo del verdadero destino del dinero. También se indicó que parte de los desembolsos ni siquiera fue rendida, lo que permitió eludir controles y facilitar nuevos giros de fondos públicos.
Con la feria judicial en su tramo final, el expediente volverá a activarse en los tribunales de Comodoro Py. La Justicia deberá definir las responsabilidades de los acusados de haber diseñado las empresas pantalla y de haber ejecutado la operatoria de facturación apócrifa utilizada para desviar fondos públicos, recursos que debían llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad y que, de acuerdo con la investigación, terminaron financiando actividades ajenas al fin social del programa. Son los mismos sectores que los referentes piqueteros afirmaban defender.