Neuquén: la Justicia define el posible desalojo de una comunidad mapuche que obstruye el avance de una ruta

Se trata de la ruta de Circunvalación que rodea a Villa la Angostura. El litigio judicial lleva más de 10 años y el avance de la traza se interrumpió por la existencia de un asentamiento ilegal mapuche. La Justicia Federal podría ordenar el desalojo para garantizar el avance de la obra

Neuquén: la Justicia define el posible desalojo de una comunidad mapuche que obstruye el avance de una ruta (Imágen ilustrativa)

La comunidad mapuche Paicil Antriao podría ser desalojada de un sector cercano a Villa la Angostura, debido a que el asentamiento obstaculiza el avance de la obra vial más relevante de la localidad neuquina, cuya ejecución está paralizada por el litigio territorial. Se trata de una ruta de 6,1 kilómetros de extensión, en cuatro carriles, que fue planificada para evitar la circulación de camiones de gran porte por el centro de la localidad turística.

Los vehículos de carga que utilizan el paso fronterizo Cardenal Samoré para cruzar la frontera entre ambos países, transitan por el casco urbano de la “Villa”. La ejecución de la obra presenta un avance importante, aunque en el tramo conocido como “Los Álamos” se mantiene un litigio territorial por la existencia de una comunidad mapuche, que mantiene otra docena de conflictos similares. Los mapuches defienden su preexistencia en el tramo por donde avanzará la ruta. Los lugareños, en cambio, sostienen que se instalaron allí cuando conocieron el recorrido que planificaron los ingenieros de Vialidad Nacional, como parte de una clara especulación inmobiliaria.

El caso está en manos de la Justicia Federal, con sede en Zapala. La misma comunidad sostiene otros conflictos similares, en los que defiende su presunta preexistencia ancestral y defiende su ubicación con ese argumento. “Es una clara maniobra de expansión intencionada, que no tiene otra finalidad con una especulación inmobiliaria y económica” aseguraron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

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El litigio comenzó antes de 2017, año en el que comenzaron los trabajos. La misma comunidad se adjudicó ataques vandálicos a la empresa que ganó el proceso licitatorio para ejecutar la obra. En octubre de 2022, dos hombres encapuchados emboscaron al cuidador del campamento vial y bajo amenaza lo obligaron a retirarse de allí. Incluso, según el relato de la víctima, gatillaron en reiteradas oportunidades, pero no lo lesionaron.

Momentos más tarde, varias máquinas pesadas que eran utilizadas para la construcción, fueron incendiadas. En el lugar aparecieron escritos en los que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicaron el atentado. El atentado se produjo horas después del desalojo masivo de Villa Mascardi, en el que siete mujeres de la agrupación Lafken Winkul Mapu fueron detenidas durante el operativo que comandó la Policía Federal.

En uno de los escritos, los autores pedían por la liberación de las mujeres e hicieron alusión a otros conflictos territoriales de la Patagonia. “Fuera winka (hombre blanco) capitalista”, decía el texto antes de enumerar la constructora IRSA y empresarios con negocios en la zona como el británico Joe Lewis y las familias Benetton, Roemmers y el basquetbolista Manu Ginóbili, entre otros. “Nawel Wapi es territorio de la nación mapuche”, afirmaba el documento bajo el logo de la RAM.

Desalojo inminente Los lugareños confían en que la Justicia Federal ordenará el desalojo mapuche. La causa se instruyó por la presentación que realizó Vialidad Nacional para solicitar la liberación del recorrido. El magistrado Ezequiel Andreani cuenta en su escritorio con un informe que elaboró Gendarmería Nacional, en el que la fuerza brinda información sobre la conformación del asentamiento.

Andreani dio por concluida la etapa probatoria y quedó habilitado para dictar sentencia, una resolución que podría destrabar o redefinir el proyecto de infraestructura más importante de la localidad en los últimos años. El informe de Gendarmería incluye un relevamiento territorial, registros audiovisuales, identificación de habitantes, mediciones con GPS y vuelos con drones.

Según el informe, en el lugar se constataron más de 20 viviendas, muchas de carácter precario, ocupadas por familias completas, con niños y adolescentes. Cuando Vialidad Nacional solicitó el desalojo mapuche, la comunidad utilizó la misma estrategia de siempre como argumento e hizo alusión a su preexistencia en el territorio.

La misma comunidad tiene una orden de desalojo vigente en un predio perteneciente al municipio de Villa la Angostura, en la costa del lago Correntoso, y otros reclamos similares, la mayoría de los cuales tienen sentencia firme de desalojo.

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