Tras la designación del nuevo jefe de la SIDE, el Gobierno renovó la política de Inteligencia Nacional

Después de que el Gobierno modificara la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), este viernes se aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional. Según explicaron las autoridades, los lineamientos fueron pensados para posicionar al país en el plano internacional, proteger a la soberanía y los recursos estratégicos.

Por medio de la publicación del Decreto 864/2025 en el Boletín Oficial, quedó plasmada otra de las medidas impulsadas para reestructurar al organismo de inteligencia. “Apruébase la ‘Política de Inteligencia Nacional’ que como ANEXO I (IF-2025-134204819-APN-SIDE) forma parte integrante del presente decreto”, indicaron.

En línea con esto, las autoridades remarcaron que, a partir de ahora, la SIDE está habilitada a dictar una “Estrategia de Inteligencia Nacional”. Esta deberá enmarcarse dentro de las bases sentadas por la nueva Política de Inteligencia Nacional.

La oficialización del lineamiento había sido anticipada por el organismo de inteligencia que, por medio de un comunicado publicado en redes sociales, destacó que “por primera vez en dos décadas” se realizaba una actualización en esa materia.

“Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”, destacaron desde la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Entre los objetivos estratégicos que guiarán al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) subrayaron que la intención será posicionar a la Argentina en el plano internacional y preservar tanto la soberanía como la autonomía estratégica del país.

En la normativa, enfatizaron que se buscará identificar a los actores e intereses que sean afines que contribuyan a la expansión del país internacionalmente, a la vez que se detectarán los factores foráneos que atenten contra “el fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones”.

Este punto se relaciona directamente con la protección de la soberanía nacional, por lo que indicaron que se realizará un “monitoreo de la desinformación disruptiva, que puedan erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del Estado Nacional”.

Además, la nueva política enfatiza la protección de los recursos estratégicos y de las infraestructuras esenciales, así como la anticipación y el combate de amenazas en el ciberespacio que sean de interés nacional. Por esto, se aplicará mayor protección a la información que pudiera ser estratégica a la hora de evolucionar el sector económico y de seguridad.

Los últimos dos ejes consisten en asegurar la vigencia del sistema democrático, republicano y federal y la preservación de los recursos estratégicos. Respecto al cuidado de la democracia, indicaron que se fortalecerá la protección de “los procesos electorales, legislativos y de gobernanza territorial, con foco en operaciones de influencia, financiamiento encubierto y manipulación informativa”.

De la misma manera, se trabajará en robustecer “la trazabilidad de decisiones críticas y la transparencia operativa, como mecanismos de defensa de opacidad, cooptación o deslegitimación institucional”. Asimismo, se buscará detectar los patrones que provocarían un efecto de “erosión institucional”.

Sobre la preservación de los recursos estratégicos, el Gobierno aseguró que se identificarán posibles riesgos de apropiación, explotación o transferencia no autorizada de los recursos naturales, tecnológicos, informativos y científicos.

Para esto, se pondrán en marcha medidas para articular “capacidades de protección ambiental, energética y tecnológica, que garanticen la sostenibilidad operativa y la soberanía sobre insumos vitales para el desarrollo nacional”.

Finalmente, la Secretaría de Inteligencia de Estado subrayó que la política también establece como prioridad prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones, así como contrarrestar actividades de inteligencia externas que puedan afectar los intereses nacionales. Estos lineamientos orientarán los esfuerzos de todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la autonomía de la Nación.