En las primeras horas del martes 4 de diciembre del 2024, personal de Aduanas de Paraguay detuvo al ex senador Edgardo Kueider. Intentaba cruzar a Ciudad del Este por el Puente de la Amistad desde Foz do Iguacu (Brasil). En el procedimiento, se le secuestraron USD 211.102; 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos. El dinero no había sido declarado.
Por este hecho, la Fiscalía de Paraguay le imputó el delito de contrabando en grado de tentativa. El proceso será llevado a juicio oral y público a partir del 20 de abril del 2026 en Asunción. La máxima pena en expectativa es de dos años y medio. Si la sentencia se acerca a ese techo, podría ser de cumplimiento efectivo. De lo contrario, quedaría en el margen condicional y hasta de una multa.
Kueider iba acompañado de Iara Guinsel Costa. La mujer, de 34 años, había trabajado con él en el Senado de la Nación. También estaban unidos por una relación afectiva. Durante la declaración ante la Justicia, el exlegislador dijo que los dólares no eran de su propiedad. Tampoco de Guinsel. Pertenecía, según relató luego, a “negocios de intermediación de inversores en Paraguay” sin aportar más detalles.
En el procedimiento en la cabecera del puente, el funcionario Alcides Brizuela de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (el ARCA paraguayo), le devolvió a Kueider USD 9.900. Ese es el monto que se puede cruzar sin por las fronteras sin declarar. El exsenador los aceptó.
Desde diciembre del año pasado, Kueider y Guinsel están bajo arresto domiciliario. El primer destino fue un apart de lujo en el centro de Asunción. Pero tuvieron que salir de allí en febrero. Se trasladaron entonces a un dúplex en el barrio San Vicente, también de la capital paraguaya. El alquiler mensual ronda los mil dólares.
El frente judicial
El ex representante de Entre Ríos en el Congreso tiene en nuestro país dos causas judiciales abiertas. Una está en el Juzgado Federal de San Isidro. La llevan adelante la magistrada Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. La otra está en Concordia. La siguen el juez de Garantías entrerriano Ives Bastián y el fiscal José Arias. Ambas son por enriquecimiento ilícito. Al haber un conflicto de competencia, ahora intervendrá la Corte para definir qué juzgado se queda con el expediente.
En paralelo, Arroyo Salgado pidió la extradición de Kueider. Ese es otro juicio que se tramita en Asunción. La Fiscalía guaraní definió que, para proceder al traslado a la Argentina, primero debía cerrarse el juicio por contrabando.
Durante el operativo del año pasado, las autoridades del país vecino también secuestraron el vehículo en el que se trasladaban. Se trataba de un Chevrolet Trailblazer Negra 4x4. Ni el exsenador ni Guinsel eran los dueños. El propietario era Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”. Histórico militante del PJ entrerriano, era empleado de la Biblioteca del Congreso pero había sido adscripto al despacho de Kueider. Además, fungía como socio de una de las empresas que la Justicia argentina tenía en la lupa: Betail SA.
Esta firma poseía departamentos de lujo y cocheras en un edificio ubicado en una de las zonas más caras de Paraná, la capital de Entre Ríos. Según la reconstrucción que se hizo a través de testimonios y pericias,
Estas propiedades están colindantes a las de los hermanos Tortul, procesados por Arroyo Salgado en la causa Securitas. En ese expediente se investigan los presuntos pagos de sobornos por parte de la multinacional a empresas y organismos públicos para quedarse con los contratos de seguridad privada. Una de ellas es Enersa, la distribuidora eléctrica estatal de Entre Ríos.
Kueider representó al Ejecutivo en asambleas de Enersa. De allí que la jueza federal de San Isidro sostenga la hipótesis de que los dólares incautados en Paraguay estarían vinculados con el pago de las coimas de Securitas. Por eso, en la extradición afirmó que el exlegislador sería investigado por lavado de dinero, un delito que tapa otro delito.
Conexidad
Arroyo Salgado ligó por conexidad objetiva y subjetiva este tramo de la investigación de Securitas con otra denuncia. Se trata de una presentación iniciada a raíz de una publicación de El Disenso. Allí es donde se muestra el crecimiento patrimonial de Kueider. Y también figura, con su CUIT pero sin el nombre, Betail SA. Según las primeras averiguaciones judiciales, los ingresos de Kueider no alcanzarían para realizar las adquisiciones que realizó la empresa, a la que la jueza cataloga como una mascarada.
De allí que haya ordenado una serie de allanamientos en las propiedades de Kueider, Betail y otras sociedades que figuraban relacionadas al exsenador. También dispuso una serie de detenciones. En los procedimientos, se encontró un dispositivo electrónico. Allí estaban almacenados videos grabados por las cámaras de seguridad colocados en la secretaría general de la Gobernación de Entre Ríos cuando Kueider era el titular. Los registros muestran al entonces funcionario contando y repartiendo efectivo.
La defensa del exlegislador asegura que se trataba del manejo de fondos reservados. Esa partida había quedado bajo la órbita de la secretaría general por disposición del entonces gobernador, el justicialista Gustavo Bordet. Arroyo Salgado tiene otra teoría: sería dinero mal habido, que también podría estar relacionado con Securitas.