La discusión en torno al pedido de desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada provocó momentos de alta tensión en la Cámara de Diputados. La legisladora Pamela Calletti, representante de Salta por Innovación Federal, reaccionó notablemente enfurecida en una reunión de comisión después de que diputados de Unión por la Patria (UxP) rechazaran avanzar sobre la situación procesal de Estrada. El cruce se dio en el contexto de acusaciones judiciales por uso indebido de fondos estatales para la difusión de contenidos difamatorios en redes sociales con graves acusaciones contra Calletti y el gobernador provincial, Gustavo Sáenz. La diputada salteña recurrió a calificativos directos como “mentirosos” y “machirulos” al interpelar duramente a sus colegas de la bancada kirchnerista.
Frente a los cuestionamientos de Rodolfo Tailhade, la legisladora elevó el tono de la discusión, acusando reiteradamente de “machirulo” al diputado, en alusión directa a una actitud que interpretó como despectiva y misógina durante el intercambio.
El episodio estalló cuando Tailhade intentó interrumpir la exposición de Calletti, y esta le exigió: “¡Diputado, yo lo escuché, así que sea respetuoso!”. Luego, agregó: “¡Le pido por favor que sea respetuoso porque yo lo escuché callada. Usted dice una mentira tras otra entura y tengo que soportarlo!”. La tensión solo cedió después de la intervención de Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de La Libertad Avanza (LLA).
Momentos antes, Tailhade había defendido a Estrada, asegurando que “cada palabra que dijo Calletti es un pasaporte al sobreseimiento del diputado Estrada”, acusando al gobierno provincial de complicidad con el delito y calificando el proceso judicial como un intento de persecución política en plena campaña electoral. Argumentó que la Constitución nacional, en su artículo 68, impide que los miembros del Congreso sean molestados por sus opiniones.
De qué se lo acusa a Estrada
En cuanto al expediente judicial, la imputación fue impulsada tras la investigación del fiscal federal Carlos Amad, quien anunció que “el pedido de desafuero contra Estrada estará basado en violaciones a la Ley de Ética Pública por abuso de autoridad y peculado de servicios”, luego de una audiencia donde el legislador no estuvo presente. El proceso se nutre de la intervención de la jueza Mariela Giménez, quien ratificó la continuidad del caso en el Juzgado Federal N.º 2 de Salta y rechazó intentos de trasladar la causa a otras jurisdicciones.
Según el expediente, la investigación apunta a que Emiliano Estrada habría orquestado una red de agentes públicos dedicada a la producción y viralización de campañas de desprestigio en plataformas como TikTok, a través de cuentas ficticias como “La Casta Salteña” y “La Casta de Sáenz”. Allí, se propagaron mensajes que vinculaban a Sáenz y otros actores políticos locales con delitos como corrupción y narcotráfico. Dos asesores de Estrada, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, reconocieron su culpabilidad y accedieron a una condena abreviada de un año y cuatro meses de prisión en suspenso, sumado a la inhabilitación para cargos públicos.
El proceso judicial reveló que ambos empleados actuaron bajo órdenes directas del diputado nacional y que consideraban sus actividades parte de las obligaciones asociadas a su función legislativa, aunque luego admitieron ignorar la ilicitud de su accionar. La investigación, por otra parte, no logró avanzar respecto de la figura de intimidación pública a Estrada, en parte debido a que se encuentra protegido por los fueros parlamentarios.
La causa judicial reunió pedidos cruzados de inhibición de competencia y actualmente se encuentra a consideración de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. La continuidad del expediente y el eventual retiro de inmunidad dependerán de futuras resoluciones judiciales y parlamentarias, mientras el proceso político continúa aumentando la tensión entre las fuerzas involucradas en el recinto.
En todo momento, el debate de esta tarde giró en torno al alcance de la inmunidad parlamentaria, las competencias jurisdiccionales y las eventuales motivaciones políticas detrás del pedido de desafuero.
Calletti, al retomar la palabra, negó que el expediente contra Estrada refiera a sus declaraciones públicas, y sostuvo: “El pedido de desafuero nada tiene que ver con las expresiones del diputado Estrada. No se puede mentir e injuriar gratuitamente”, denunciando la utilización de recursos estatales para un supuesto aparato digital de difamación. Con ello, la discusión tomó un cariz institucional sobre los límites entre expresión política y responsabilidad penal.