Tras la condena a CFK, militantes kirchneristas convocaron a instalar carpas para pasar la noche frente de Tribunales

Organizaciones políticas y grupos sindicales se concentran desde las 18 en Plaza Lavalle. El Ministerio de Seguridad avisó que evitará que el acampe

Tras la condena a CFK, militantes kirchneristas convocaron a instalar carpas para pasar la noche frente de Tribunales

En el medio de las protestas simultáneas que se estuvieron llevando a cabo en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, este jueves por la noche organizaciones políticas vinculadas con el kirchnerismo convocaron a un acampe enfrente de Tribunales.

La convocatoria está programada para comenzar este jueves a partir de las 18 horas, extendiéndose durante toda la noche. La vigilia se organiza como un acto de respaldo a Kirchner y de rechazo a la condena dictada por el Poder Judicial.

Entre algunas de las agrupaciones destacadas que participarán son HIJOS, Patria Grande y diversos sindicatos, quienes buscan visibilizar lo que consideran un intento de proscripción política en su contra.

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“Vamos a Tribunales. Por Cristina. Por la democracia”, señalaba la publicación que se compartió en redes sociales.

La convocatoria al acampe

Según pudo saber Infobae, la Policía de la Ciudad está presente en el lugar con el objetivo de desalentar a demás manifestantes. Por el momento, había cerca de 20 personas, con mochilas y bolsos. Les secuestraron elementos que iban a ser destinados a vender.

En tanto, fuentes cercanas del Ministerio de Seguridad, señalaron que no permitirán la manifestación en la Plaza Lavalle. “No les permitimos bajar los baños químicos, ni poner carpas ni Gacebo. Cortes de calles no les permitimos realizar”, aseguraron.

(@famato68)

En ese marco, el tenso clima continúa en ascenso tras la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Este jueves se registraron nuevos cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con manifestaciones en autopistas clave como la Buenos Aires-La Plata, Acceso Oeste y Panamericana.

Grupos de manifestantes han abarrotado estas rutas como muestra de rechazo a la sentencia que impone una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua de Kirchner para ocupar cargos públicos. Los epicentros de las protestas incluyen el barrio porteño de Constitución, donde se encuentra la residencia de la ex mandataria, y distintas arterias críticas que comunican la capital con el resto del país.

Para enfrentar la situación, efectivos de fuerzas federales han sido desplegados, buscando mitigar el impacto de los cortes en el tráfico vehicular. Las tensiones han escalado en algunos puntos, particularmente en el Acceso Oeste, donde se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y gendarmería, y en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde se recurrió a la quema de neumáticos.

Por otro lado, el gobierno de Javier Milei ha propuesto un lugar específico para la detención de CFK. Esta propuesta, enviada al Tribunal Oral Federal 2, permanece en un sobre cerrado por razones de confidencialidad, resguardado en una caja fuerte. La defensa de Kirchner ha solicitado prisión domiciliaria, la cual todavía no ha sido concedida, y debe presentarse en Comodoro Py en un plazo que vence el próximo miércoles.

En relación a la exmandataria, el contexto es complejo debido a su edad, 72 años, y su estatus como ex presidenta y vicepresidenta, lo que implica consideraciones de seguridad significativas, especialmente tras el intento de homicidio que sufrió en 2022. La propuesta del lugar de detención debe tener en cuenta estos factores.

Mientras tanto, el tribunal ha ordenado realizar un estudio socioambiental para evaluar la posibilidad de concederle prisión domiciliaria en su residencia de Constitución. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola deben pronunciarse sobre este pedido, teniendo un plazo de tres días para hacerlo.

La defensa enfatiza que la detención en una cárcel no es adecuada dada su posición y la necesidad de seguridad especial, solicitando que no se le aplique una tobillera electrónica si se concede la prisión domiciliaria. Este proceso es parte del seguimiento de las instrucciones del juez Jorge Gorini, quien había pedido al Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, que proponga un lugar seguro para los condenados.

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