El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), afirmó este viernes que “en la Argentina el mensaje de la política es la confrontación” y se quejó de que “el Gobierno desatiende demandas urgentes en términos económicos y sociales”, al tiempo que exigió a Javier Milei: “Levantemos el cepo al salario”.
“Reclamamos el libre ejercicio de la negociación colectiva y rechazamos toda imposición de un techo a la negociación salarial”, detalló.
Al hablar en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que delibera en Ginebra, Suiza, el sindicalista criticó a la administración libertaria porque “desfinancia la salud y la educación y no promueve políticas de ingresos y de empleo para sectores expuestos a una pobreza extrema”. Y advirtió: “El consenso de la sociedad en torno de bajar la inflación debe ser el resultado del esfuerzo compartido y no del sacrificio exclusivo de los trabajadores, la clase media y los sectores más golpeados”.
Martínez, quien desde 2005 es uno de los 122 miembros del Consejo de Administración de la OIT, alternó en su discurso cuestionamientos al gobierno argentino con el pedido de que “abra una mesa de diálogo donde la voz de los trabajadores sea respetada” y resaltó: “Nosotros representamos a los trabajadores formales e informales. Queremos ser escuchados. Sabemos qué hacer. Promovemos un pacto entre la produccion y el trabajo".
“La Argentina tiene más del 40 porciento de informalidad, queremos ser parte de la solución”, dijo el titular de la UOCRA, tras lo cual resaltó: “Las políticas que promueven la producción, el trabajo y el desarrollo deben estar en la misma dimensión que las políticas fiscales, monetarias y cambiarias”.
Según Martínez, “nuestra historia nos hizo ejemplo de progreso y movilidad social ascendente a través del diálogo social tripartito”. Y añadió: “Tenemos propuestas y argumentos sólidos para resolver la ecuación de una sociedad asalariada con formalidad, con derechos y competitiva. Somos la voz de la demanda. No definimos la política, pero somos quienes sufrimos las consecuencias de las malas decisiones”.
“La política pública necesita de todos los actores políticos, económicos y sociales, y debe contener a todos, especialmente a los que menos tienen y más necesitan -dijo-. Como venimos reiterando en las anteriores conferencias, ninguna fuerza política podrá resolver los problemas estructurales en soledad”.
Entre las críticas al Gobierno, Martínez puntualizó que “busca transferir al sector privado el rol del Estado afectando los valores de la justicia social" y, tras considerar que “sin Estado no hay Nación”, detalló: “Hablo de un Estado moderno y promotor de un desarrollo estratégico que nos contenga a todos y que represente a la Argentina de nuestros sueños”.
“Es inaceptable que casi la mitad de la población argentina sufra la pobreza y la indigencia en un país con grandes potenciales productivos y económicos”, señaló. Y agregó: “Es inadmisible que se pretenda deteriorar los derechos laborales o modificarlos. Hemos recurrido a la justicia y a la acción sindical".
Martínez también consideró que “los jubilados están expuestos a una doble violencia: violencia por no tener ingresos dignos y también violencia cuando se movilizan para defender sus derechos”.
Al comenzar su discurso, el sindicalista advirtió que “el mundo se encuentra convulsionado por una policrisis, donde la pobreza y la desigualdad crecen y las tensiones geopolíticas derivan en conflictos armados y en ataques a los valores democráticos".
Por eso dijo que “es urgente poner en marcha un nuevo contrato social que ponga a la economía y a la tecnología al servicio de las personas con una transición justa".
El dirigente de la CGT manifestó que “la inteligencia artificial no puede generar una justicia social artificial” y pidió “ponerla al servicio del mundo del trabajo para que, de un modo renovado y creativo, aumente la humanidad y no destruya a los seres humanos”.
Detalló que “en las Américas se agravan las brechas estructurales” porque “aumentan la informalidad, la desigualdad y el desempleo”, situación que “compromete seriamente la calidad democrática en nuestra región y amenaza la cohesión social”.
Denunció que “continúan los asesinatos, persecuciones y encarcelamientos contra dirigentes y organizaciones” y enseguida resaltó: “Reivindicamos la libertad sindical y la negociación colectiva como derechos fundamentales y rechazamos la criminalización de la protesta. El derecho a huelga y el diálogo social institucionalizado son conquistas históricas que fortalecen la gobernanza”.