El Gobierno oficializó la designación del jefe de Gabinete de la Cancillería

Se trata de Ricardo Lachterman, cuyo nombramiento fue anunciado en noviembre del año pasado. Ahora, se hizo efectivo mediante la publicación del decreto 88/2025 en el Boletín Oficial

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El canciller Gerardo Werthein oficializó la designación de su jefe de Gabinete. Se trata de Ricardo Lachterman, que cumple funciones desde noviembre del año pasado.

En el Boletín Oficial fue publicado el decreto 88/2025, que establece: “Desígnase en el cargo de Titular de la Unidad del Gabinete de Asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al señor Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase Ricardo Adrián Lachterman, con rango de Subsecretario”.

Al poco tiempo de asumir la conducción de la cartera, Werthein comenzó un proceso de reestructuración del equipo ministerial tras la salida de Diana Mondino. Así, se conoció la noticia de que Lachterman sería su jefe de Gabinete. Se trata de un diplomático de confianza que trabajó en su equipo cuando se desempeñaba como embajador en Estados Unidos.

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En este contexto, su designación fue solo una formalidad, puesto que el funcionario ya participó de varias comitivas y reuniones bilaterales, acompañando a Werthein.

Werthein llegó a la Cancillería tras la salida de Diana Mondino

La oficialización llega días después de que se hiciera efectiva la salida de Sonia Cavallo, hija de Domingo Cavallo —ex ministro de Economía de la Nación— y quien se desempeñaba como embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Había sido nombrada a través del decreto 433/2024 que llevaba la firma de la entonces canciller, Diana Mondino, y de Javier Milei. En ese entonces, el Senado de la Nación había prestado acuerdo a la designación como embajadora y se estipulaba que su mandato durara hasta el 10 de diciembre de 2027, ya que se consideraba extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación.

Desde que asumió la gestión de Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores se propuso eliminar privilegios, ordenar el funcionamiento de las distintas embajadas y representaciones diplomáticas y alinear la política internacional argentina a la gestión libertaria.

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En este contexto, a mediados de enero pasado se confirmó que la convocatoria del embajador argentino en Uruguay, Martín García Moritán.

Según pudo confirmar Infobae, el ahora ex embajador fue convocado de regreso a Buenos Aires por dos motivos. En primer lugar, porque se decidió avanzar con la unificación de las dos sedes diplomáticas que tenía el país en la capital de Uruguay: la embajada argentina con asiento en Montevideo y la representación en la Alianza Latinoamericana para la Integración (ALADI). Y en segundo lugar, porque el ahora ex embajador ya cumplió los 71 años, uno más que el exigido para jubilarse.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores no hubo cuestionamientos al ejercicio profesional de García Moritán, y su convocatoria la vincularon a la decisión de unificar las representaciones y reducir un gasto varias veces millonario en dólares. Al diplomático lo reemplazó el actual titular de la representación ante el Mercosur y ALADI, Alan Claudio Béraud.

En la Cancillería trascendió que la decisión es continuar con el proceso de tramitar la jubilación a todos aquellos diplomáticos que haya cumplido la edad correspondiente, a excepción de aquellos que sean imprescindibles para la gestión del Servicio Exterior de la Nación.

“El mundo está tendiendo a la unificación de sedes y representaciones concurrentes. Un país como la Argentina, con los problemas que tiene, no puede tener dos embajadas en la misma ciudad, en simultáneo, no tiene lógica”, explicó a este medio hace un mes una fuente inobjetable del Ministerio y amplió: “El presidente nos pide que cuando administramos dinero de los contribuyentes hay que hacerlo con eficiencia y con eficacia, no hay que gastar lo que es inútil o no hace falta. Más que una cuestión política es de sentido común”.

La restructuración tiene un costado económico, pero también político: el Gobierno está decidido a terminar con lo que considera que son “privilegios”, en una área del Estado que siempre se mantuvo ajena a los avatares políticos y a las políticas de ajuste del gasto público.

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