Rogelio Frigerio cortó por lo sano y decidió intervenir el Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos (IOSPER), un organismo descentralizado administrado por un directorio sindical desde principios de siglo.
La decisión se tomó por dos motivos centrales. El primero fue financiero. El rojo mensual del IOSPER debía ser atendido por el Tesoro provincial. El déficit operativo del organismo era creciente. Había llegado a $ 2 mil millones mensuales, según datos oficiales.
La segunda razón es que la administración Frigerio siempre vio al IOSPER como una “caja negra” de la política. La obra social es monopólica en la prestación de servicios de salud de funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de los tres poderes. Tiene una clientela cautiva de casi 300 mil personas que aportan el 3% de sus haberes.
Según fuentes oficiales, el Gobierno dio este año como “margen de trabajo” a fin de que el directorio y su presidente, Fernando Cañete, corrigieran el rumbo. Eso no sucedió. “Rogelio está para romper todos estos curros. No quedó otra que la intervención”, precisó una fuente oficial con acceso directo al despacho del Gobernador.
Cañete renunció el martes por la noche y este miércoles por la mañana el Ejecutivo anunció el desembarco de la intervención. La primera medida a tomar será ordenar una auditoría del IOSPER para tener una idea real de cómo está el organismo.
Como antecedente inmediato están los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente, un esquema de control interno pero independiente de la obra social. El cuerpo marcó la existencia de contrataciones efectuadas sin su visto bueno o incluso a pesar de sus dictámenes en contrario. Asimismo, señaló que el Directorio solo rendía las licitaciones privadas y públicas, pero no las contrataciones directas ni las incorporaciones de personal.
Las rendiciones de cuentas, además, llegaban a destiempo. Las de agosto fueron remitidas a la Comisión el 15 de octubre, por caso.
Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar el decreto de intervención. Al frente del proceso, Frigerio designó a Mariano Gallegos, abogado porteño. Fue vicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Y tuvo a su cargo el Plan Nacional de Abordaje integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estará acompañado de Marina Alegre como subinterventora.
En detalle
La administración sindical de la obra social se definió por votación directa de los afiliados divididos en siete estamentos. Estos son: activos del Poder Judicial y Legislativo, empleados del IOSPER, activos del Poder Ejecutivo, docentes, municipales, pasivos y activos y retirados de la policía.
Esta fue la organización que se decidió a fines de los 90′ cuando el entonces gobernador Jorge Busti (PJ) definió devolverle el control de la obra social a los afiliados. Pero el propio Busti debió intervenirla en 2005 ante el caos organizativo y la falta de prestaciones. Luego, volvió a normalizarse hasta este momento.
Durante el gobierno de otro peronista, Gustavo Bordet, el Estado restituyó los aportes patronales al 6%. En 1994 se habían reducido al 4%. Sin embargo, el ingreso extra de fondos no logró torcer el rumbo de una obra social que no podía garantizar servicios básicos. La entrega de prótesis puede demorar 3 meses. Y el pago de prestaciones por discapacidad hasta 4. Para tener cobertura, los afiliados debían recurrir a la vía judicial: en septiembre, las erogaciones por acciones legales llegaron a $ 868 millones.