El Gobierno de Santa Fe comunicó que más de 1.500 armas y 10.000 municiones fueron incautadas y enviadas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para que fueran destruidas por tratarse de armamento no reglamentado. De hecho, el botín fue el resultado de una serie de investigaciones penales.
La medida fue producto del convenio firmado en abril entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, la Anmac y el Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual tenía como objetivo “abordar las investigaciones vinculadas con los mercados ilegales de armas de fuego y las violencias altamente lesivas”, explicó la secretaria de Gestión de la Fiscalía General, Marina Pieretti.
Tal como está planteado en el acuerdo, la Anmac será el organismo responsable de ejecutar la destrucción de las armas y las municiones. No obstante, el traslado del cargamento estuvo bajo el control de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe.
“La remisión de las armas se realizó cumpliendo estrictamente las normas establecidas en los protocolos del MPA, certificados por las normas ISO 9001″, remarcó la funcionaria judicial al señalar que antes de que se realizara la entrega oficial a la Anmac, desde la Justicia santafesina se encargaron de generar el perfil de identidad de cada arma enviada.
Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades provinciales realizaron una serie de pruebas de disparos que incluyeron la conservación de los proyectiles y vainas testigos. Según la información publicada por Rosario3, la información fue almacenada en el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (Saib) y las armas fueron etiquetadas, precintadas y trasladadas siguiendo con el proceso de fiscalización correspondiente.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, el Ministerio Público de la Acusación entregó un total de 3.108 de armas y otras 25.000 municiones, contando con el último envío realizado. “En 2023 fueron 2.750 las armas que remitimos y, en lo que va del año, ya superamos esa cantidad”, destacó Pieretti al subrayar: “Tememos la proyección de realizar una última entrega antes de fin de año, cumpliendo los lineamientos de la política de gestión de armas del MPA”.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe anunció que este miércoles 11 de septiembre se realizará una nueva subasta de bienes decomisados a integrantes del crimen organizado. El evento se celebrará en la Costanera de Santa Fe y se rematarán autos, motos, una lancha, dos propiedades -situadas en Funes y Roldán- y joyas.
Según informaron las fuentes oficiales, la exhibición estará compuesta por 41 unidades, las cuales estarán disponibles para ser vistas por los inscriptos en el remate entre las 10 y 13 horas. Los participantes no podrán asistir con acompañantes, salvo un mecánico que deberá presentar su documentación, al igual que los interesados.
“La inscripción cerró el miércoles de la semana pasada y en total se anotaron 3.737 personas para participar de toda la Argentina”, contó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, quien remarcó que la mayoría de los inscriptos se trataban de ciudadanos residentes en Santa Fe, seguido de entrerrianos y, en tercer lugar, habitantes de Buenos Aires. Asimismo, apuntó que todos los perfiles fueron investigados para descartar que tuvieran algún vínculo con las organizaciones criminales investigadas.
La puja por los bienes subastados comenzará a partir de un valor de entre el 30 y el 40% del valor de mercado, aunque los participantes deberán acreditar que cuentan con un 10% del valor del bien en efectivo para participar de la negociación, con un tope de 500 mil pesos, y otros 10% para asegurarse la seña del objeto, con un tope de 100 mil pesos.
El proceso se dará por finalizado diez días después, cuando el comprador deba abonar por transferencia bancaria el resto del valor pactado. De esta manera, se fijará una fecha para la entrega del bien al realizarse el trámite correspondiente en el Registro de la Propiedad.
Finalmente, las autoridades subrayaron que se garantizará el bloqueo de los dominios de los vehículos para que sus antiguos propietarios no puedan localizar los bienes y asegurar el resguardo de las identidades de los nuevos dueños. Asimismo, se hará entrega de una nueva matrícula, tal como si se tratara de un bien a estrenar.