La Secretaría de Trabajo de la Nación convocó en las últimas horas a los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado a una mesa de negociación paritaria, con el objetivo de avanzar en la revisión de los salarios en la administración pública. Lo hizo a través de una notificación enviada a los gremios, con fecha del 17 de julio, que los cita para iniciar el diálogo este viernes 19 de julio, a las 15 horas.
El llamado oficial fue en el marco la comisión negociadora que habilita el convenio colectivo de trabajo de los empleados de la administración pública. La audiencia se realizará en el tercer piso de la sede que la cartera laboral tiene en la avenida Callao 114, en la Ciudad de Buenos Aires.
La última instancia de negociación fue en el mes de mayo. Allí los dirigentes sindicales plantearon una exigencia que replicarán mañana: que los ofrecimientos de recomposición salarial del Gobierno superen a los porcentajes de inflación. El Ejecutivo Nacional, no obstante, viene utilizando a los salarios como un ancla para contener el aumento de los precios. El propio presidente Javier Milei destacó en discursos públicos que los salarios de la administración pública no se ajustaron en consonancia con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva mes a mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Eso supone un primer acercamiento conflictivo para la audiencia de mañana. Por caso, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantaron su postura. “Son los propios datos oficiales los que muestran que la presión inflacionaria sobre los salarios continúa. Tiene que quedar claro que no queremos aumentos en cuotas y necesitamos una rápida inyección de recursos en los bolsillos de todos los trabajadores”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Los incrementos acordados en enero, febrero y marzo por la la Administración Pública Nacional fueron tres en este año: 16% en enero, 12% en febrero y 8% en marzo. En esa oportunidad, ATE rechazó esos porcentajes, mientras que otros sindicatos del sector los aceptaron.
“El congelamiento salarial que decidió aplicar el Gobierno empujó a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza sólo en el último trimestre. Y hasta ahora, el superávit fiscal que desde el Gobierno festejan se asienta sobre un deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos”, señaló Aguiar, un dirigente combativo oriundo de la provincia de Río Negro.
“Tiene que quedar claro que no queremos aumentos en cuotas y necesitamos una rápida inyección de recursos en los bolsillos de todos los trabajadores”, agregó.
Durante el último encuentro, el Gobierno convocó a los sindicatos, aunque sin un ofrecimiento formal. Como resultado de ello, el sector público nacional no obtuvo una recomposición de los salarios en el mes de junio. “Ese mes la inflación fue del 4,6%”, se quejaron desde ATE.
Además, en aquella oportunidad hubo un choque en las calles entre las dirigentes que habían encabezado una movilización para reclamar por los despidos que viene realizando el gobierno nacional en las oficinas públicas, desde que asumió la presidencia Milei. ATE mantiene el pedido de reincorporación, en paralelo a la discusión salarial.
“Además, la negociación del convenio 214/06 finalizó su periodo 2022-2023 en mayo con una pérdida del poder adquisitivo del 22,4%”, reseñó el sindicato que conduce Aguiar.
Pese a la queja de los dirigentes estatales, el Gobierno no sólo ratificó los despidos en los que avanzó durante los primeros siete meses de gestión, si no que avisó que habrá más gente fuera del Estado, hasta completar una recorte que supere las 70 mil personas.