El presidente Javier Milei logró que la Cámara de Diputados aprobara la declaración de emergencia en diferentes áreas junto con la delegación de facultades legislativas por el plazo de un año. Sin embargo, las pretensiones originales del oficialismo se vieron fuertemente recortadas por presión de los bloques de la oposición dialoguista y de los gobernadores.
Cuando se presentó la Ley de Bases, el Poder Ejecutivo pedía la declaración de 11 emergencias: económica, administrativa, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria. A su vez, buscaba que se extendieran por dos años, prorrogables por otros dos años por decisión del propio Poder Ejecutivo.
Tras varias rondas de negociaciones y reescrituras de los dos artículos clave, finalmente se aprobaron seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Es decir, se eliminaron las emergencias fiscal, social, previsional, sanitaria y en defensa. Además, solo serán por el plazo de un año, prorrogable por otro año con aprobación del Congreso.
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Si bien la Constitución Nacional prohíbe -en su artículo 76- la delegación legislativa, esta queda habilitada en casos de emergencia pública, siempre que se aprueben sus bases y con un plazo determinado. Esto le permite al Presidente ejercer funciones legislativas por medio de decretos (que como todos los DNU tienen que ser controlados por una Comisión Bicameral que todavía no se conformó).
Al inicio del debate en particular de los artículos de la Ley de Bases, las emergencias fueron aprobadas con 140 votos afirmativos, contra 115 negativos. Junto a los libertarios votaron casi toda la UCR, Hacemos Coalición Federal, el PRO e Innovación Federal.
Desde los sectores dialoguistas reconocieron que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.
Sin embargo, el amplio consenso que los libertarios lograron para la declaración de emergencias no se extendió hasta la votación de las facultades delegadas. Al momento de votar las bases que regulan las delegaciones que pretendía el Poder Ejecutivo el radicalismo propuso una moción de orden para votar cada inciso por separado.
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En concreto, ante la preocupación de los gobernadores, la oposición dialoguista quería evitar que el Gobierno tenga facultades para modificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos que impactan directamente en las provincias.
El diputado de Hacemo Coalición Federal, Nicolás Massot, propuso una solución intermedia: agregar al final del inciso H que quedaban excluidos el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario Regional de Infraestructura. La sugerencia fue aceptada por el miembro informante.
Por su parte, la diputada Paula Oliveto recordó que su partido, la Coalición Cívica, se fundó a partir de negarse a darle facultades delegadas a Domingo Cavallo en la década del 90. “Los que votan a favor, no hablen nunca más de Republica. Si Macri no tuvo facultades delegadas es porque se opuso la Coalición Cívica . Diálogo si , la suma del poder público jamás”, publicó Elisa Carrió en sus redes sociales mientras transcurría el debate.
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A la hora de la votación, se aprobaron los incisos A, B, C, D, F y G, que entre otras cosas estipulan que el Poder Ejecutivo buscará “promover la vigencia efectiva de un sistema económico basado en decisiones libres”, “establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria”, “eliminar las restricciones a la competencia, la creación de empleo y la equiparación de las estructuras tributarias”, “reorganizar el Sector Público Nacional”, establecer “concursos abiertos integrados con jurados jerarquizados” para la Administración Pública nacional, “desburocratizar y simplificar la normativa que rige a la Administración Pública” y “ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo”.
Fueron rechazados los incisos H, que permitía transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios; el I, que habilitaba a regular y reordenar el sector energético; y el J, que apuntaba a fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad.
“Facultades delegadas pero delgaditas”, bromeó un diputado del radicalismo durante el cuarto intermedio antes de debatir los articulos sobre privatizaciones.
Ante la consulta de Infobae, una diputada del PRO explicó que “sin bases no hay delegación”, por lo tanto las emergencias en Energía y Seguridad se vuelven simplemente “declarativas”, es decir, sin aplicación concreta.
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Por otro lado, los planes de Milei recibieron un durísimo golpe en el capítulo de Reforma del Estado, ya que todos los incisos menos uno fueron rechazados. Solo el punto B fue aprobado: “Regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.
En tanto, fueron rechazadas las facultades de:
- Regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional;
- Centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional;
- Suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional;
- Intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional;
- Transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios y/o revertir sus recursos a Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración.
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