En la antesala al plenario de comisiones de este martes en la Cámara de Diputados, donde se dio tratamiento a la Ley Ómnibus impulsada por el oficialismo, la Coalición Cívica -formalmente integrada por el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal- fue el primer espacio en dejar trascender su posición oficial.
Según había adelantado antes del comienzo de la jornada de ayer, no acompañarían el dictamen del Gobierno y presentaría un texto propio que no incluya facultades delegadas, que recorte el número de emergencias, que no aumente las retenciones y respete su posición histórica en rechazo al financiamiento privado de las campañas electorales.
Asimismo, habían señalado su desacuerdo con el plan del oficialismo, que propone mantener la fórmula actual de actualización de jubilaciones para reemplazarla en marzo por una actualización en base a la variación del IPC.
En este contexto, y respetando lo previamente advertido, este miércoles desde la Coalición Cívica compartieron su dictamen de minoría, en el que incorporaron medidas fiscales y propuestas para la movilidad jubilatoria, empresas privadas y la defensa a la competencia.
Este dictamen no incluye la reforma política, que tenía como puntos principales la adopción del sistema de circunscripciones uninominales, el aumento del número de diputados y la habilitación del financiamiento privado sin límites a las campañas políticas. También quedaron afuera por completo los capítulos de arte, cultura y medio ambiente ya que consideraron que no son temas urgentes que deban ser abordados en este momento.
Sobre el primer punto, en el documento que explican que son para lograr el equilibrio fiscal “sin comprometer los ingresos de los jubilados ni exigir mayores esfuerzos al campo el dictamen propone”.
Para esto, sugieren la supresión o modificación de regímenes de promoción o exenciones tributarias y la limitación a los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego.
“El dictamen propone la eliminación del ‘crédito fiscal presunto’ de IVA que constituye un mecanismo, que permite a las empresas de Tierra del Fuego cobran el IVA a sus clientes (consumidores o retailers) y no ingresarlo al Estado, sino que capitalizarlo como ganancia. Además, propone la eliminación de los aranceles a la importación de celulares y notebooks para que haya más competencia y que las empresas beneficiarias del Régimen de Tierra del Fuego no trasladen a precios la pérdida de beneficios fiscales”, detallan sobre este último.
También hacen hincapié en los derechos de exportación: “El dictamen sostiene en 0% las alícuotas de todos los productos de las economías regionales y mantiene las alícuotas actuales para los productos agropecuarios a excepción de la soja y sus subproductos que se unifican en el 31%”.
Sobre la movilidad jubilatoria proponen que desde su sanción entre en vigencia una nueva fórmula que asegurará que los haberes no sigan perdiendo contra la inflación. En virtud de esta, las jubilaciones se incrementarían por el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Acerca de las privatizaciones de las empresas públicas, desde la Coalición Cívica aceptan que este proceso sea realizado para Yacimientos Carboniferos de Rio Turbio, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), TELAM S.E., EDUCAR S.E., Contenidos Públicos S.E., Servicio de Radio y Televisión de la UNCórdoba, Radio Universidad Nacional del Litoral, Corredores Viales S.A., Aerolíneas Argentinas S.A., Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria S.E., Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A, Belgrano Cargas y Logística, Intercargo S.A., Construcción de Vivienda para la Armada, Playas Ferroviarias S.A. y Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
Para las que se mantengan en manos del Estado, el dictamen establece la obligatoriedad de que la administración de las mismas esté orientada por principios de buen gobierno corporativo, estándares de transparencia y criterios de eficiencia, tales como los que aplican las empresas privadas.
Finalmente, para el punto de defensa de la competencia, remarcan la imposibilidad de continuar sin una Autoridad Nacional de la Competencia fuerte, con capacidad de intervenir para frenar la cartelización y con absoluta independencia del poder político.
“La Ley de Defensa de la Competencia debe ser robustecida más que nada para garantizar que se cree la Autoridad. La propuesta del Ejecutivo de someter la Autoridad Nacional de la Competencia al poder político, va exactamente en el sentido contrario. No hay razones para derogar y empezar de cero con la Ley de Defensa de la Competencia. Todo lo contrario”, indican en el documento.
Y concluyen: “Por ese motivo, el dictamen propone un mecanismo transitorio de designación de los miembros de la Autoridad que permitirá la plena operatividad de la Ley de Defensa de la Competencia y asegurará la idoneidad e independencia de sus integrantes”.