En otro ajuste de piezas en la estructura del Estado, el Gobierno nacional oficializó hoy que las estructuras de los ex ministerios de Ambiente y de Turismo y Deportes se fusionaron en una única secretaría. El nuevo organismo dependerá del ministro del Interior, Guillermos Francos, que suma formalmente tres nuevas competencias a su ámbito de influencia.
La medida se oficializó a través del decreto 33/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse. A tono con la política de reducción del gasto político y ministerial, las anteriores estructuras estuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández en manos del legislador porteño Matías Lammens, y del ex diputado nacional Juan Cabandié
Con la unificación, el organismo pasará a denominarse “Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes”, que tendrá tres subsecretarios para cada respectiva función. Además, se transfieren los organismos descentralizados vinculados con cada área, entre ellos, la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD) y el Ente Nacional de Alto Rendimiento (ENARD).
El resto de las dependencias jerárquicas y estructuras de los dos ex ministerios por debajo del rango de subsecretario, según se desprende de la normativa, se mantienen con el mismo organigrama.
“Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones y personal con sus respectivos cargos, niveles, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha”, señala el artículo 7 del decreto.
De igual manera se conserva el gasto comprometido, se establece el artículo 8: “Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención de las erogaciones de las áreas afectadas por la presente medida se atenderán con cargo a los créditos presupuestarios previstos en las Jurisdicciones y Entidades de origen”.
En el esquema anterior, el entonces ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contaba con funcionarios políticos además del ministro con tres secretarías propias (Control y Gestión Ambiental, Política Ambiental en Recursos Naturales y Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación), junto a tres subsecretarías. Mientras que Turismo y Deportes acumulaba tres secretarías (Deportes, Promoción Turística y Desarrollo Turístico) y otras siete subsecretarías.
La temática ambiental es uno de los puntos controversiales de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). En campaña, Javier Milei negó en varias oportunidades que la actividad humana afecte al cambio climático y calificó al ambientalismo como una propaganda de “marxismo cultural”. También incluyó en esa categoría a la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que es un compromiso de los estados que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) para implementar 17 objetivos y 169 metas (ODS) en las que se incluyen medidas para erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; como asegurar el agua y la energía sustentable o adoptar contra el cambio climático.
Pese a este rechazo público y las consignas de campaña, el Gobierno ya ratificó que no va a cambiar su agenda climática y seguirá cumpliendo el Acuerdo de París. Además, el decreto con el nuevo organigrama establece en su anexo que dentro de las misiones de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes figuran “contribuir a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas” y “elaborar promover e implementar políticas planes proyectos y programas relacionados con la mitigación y adaptación climática, vinculadas a la preservación ambiental”.
Lo cierto es que el rechazo hacia la política ambiental está presente en sus propuestas de gobierno libertarias. Hace días, unas 80 organizaciones ambientales y sociales enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de “Ley Ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo Nacional porque indicaron que supone “serios retrocesos en la legislación ambiental”.
“Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI -Interior, Ambiente, Turismo y Deporte-, de la iniciativa “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, remitido para ser tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. “Bajo el pretexto de la libertad, el proyecto de ley pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero, en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”, señaló el comunicado del ambientalismo.
En concreto, el proyecto propone una serie de reformas a leyes de protección del ambiente como la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922). “Los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, indicó el texto.
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