El oficialismo busca avanzar en el Congreso de la Nación con la conformación de las comisiones, en especial, las bicamerales, que están integradas por senadores y diputados. En principio, y según confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se apuntará a reactivar la bicameral permanente de Trámite Legislativo, que tiene como función la de regular las actividades e intervenciones del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Es conocida como la Bicameral de los DNU.
La decisión de avanzar con ese paso formal tiene que ver con que el Gobierno tiene previsto publicar el decreto de desregularización económica y con que la administración de La Libertad Avanza busca avanzar con su programa económico.
Ese programa incluye -aún no queda claro en qué etapa- la privatización de varias de las empresas que hoy están en manos de la administración pública. Es por eso que también se definió en el Ejecutivo y se comunicó a los legisladores, que hay otras bicamerales de importancia.
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En los próximos días se buscará reflotar la bicameral Especial de Reforma del Estado y del Seguimiento de Las Privatizaciones (Ley 23.696). Esta comisión lleva varios años sin conformarse porque, básicamente, desde la estatización de las empresas públicas no tiene sentido su funcionamiento.
“Nosotros tenemos la intención de avanzar en esa línea -privatizar- es por eso que es una comisión que se buscará reactivar”, explicó una fuente parlamentaria de La Libertad Avanza.
Según dijo el propio presidente Javier Milei a pocas horas de asumir el cargo, la intención del Ejecutivo es privatizará al menos cinco empresas que hoy son manejadas por el Estado: YPF, Télam, Tv Pública, Radio Nacional y Aerolíneas Argentinas.
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El escenario para poder llevar adelante esta medida quedó establecido en el DNU de reordenamiento del Estado en el cual se estableció que el ministro de Economía tiene el poder de “intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, actuantes bajo su órbita, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, y en aquellas que no pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros”.
Es decir, Luis “Toto” Caputo, quedó autorizado vía el DNU para avanzar en un cambio en la estructura de cada una de las más de 30 empresas en las que el Estado argentino tiene la mayoría accionaria.
La otra comisión, en este caso permanente, que tampoco viene funcionando y que buscarán reactivar es la Bicameral Permanente de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada (Ley 27.328). Desde que a mediados de la administración de Mauricio Macri los contratos PPP fracasaron por el comienzo de la crisis de la deuda que desembocó en el FMI, esta comisión no tuvo operatividad. Ahora, con el Estado corriéndose de la obra pública, La Libertad Avanza busca darle una renovada actividad como señal de que se volverá a los contratos bajo esta modalidad.
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Por último, y con poca explicación respecto a las razones por las cuales se avanzará en la conformación de la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520).
Esta comisión sí viene funcionando y, aunque tiene carácter de secreto respecto de lo que sucede en las sesiones de esta comisión, los senadores y diputados que la integrarán tiene como función la de supervisar a los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional
Además, tienen amplias facultades para controlar e investigar de oficio. Y, además, mediante su requerimiento los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la Comisión solicite.
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