
Luego de que trascendiera que Alberto Fernández no acatará el fallo de la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad de Buenos Aires, referentes de Juntos por el Cambio denunciaron que esa postura es un “delito de sedición” y que estaría entrando en un “terreno de ilegalidad”.
Según confirmó Infobae, en la reunión que mantuvo el Presidente con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia) se decidió no acatar el fallo que ayer dio a conocer la Corte Suprema.
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En ese sentido, ni el Presidente ni los mandatarios entregarán una partida que implique beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires y perjudicar al peronismo en sus decisiones de gestión, en lo que será un año atravesado por las elecciones que habrá en todo el país.

Uno de los primeros en expresar su repudio fue el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien consideró que, al no acatar el fallo, “se confirma que Alberto Fernández y los gobernadores peronistas se están alzando contra la Constitución. Sediciosos”.
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“Lo que hacen es que Argentina viva en la ley de la selva y no lo vamos a aceptar porque sabemos cómo termina esa experiencia. Los gobernadores dicen una estupidez, este dinero siempre ha sido neutro. Es política la decisión que han tomado”, expresó Patricia Bullrich en diálogo con TN.
Además, la presidenta del PRO insistió en que “no es dinero de las provincias. Siempre fue dinero que se le pagó a la Policía Federal. Mienten”. “Esto es un caos, vivimos en un país sin ley, como fueron los festejos en el Obelisco. Han decretado la muerte de la Constitución”, agregó.
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“Si Fernandez no acata la resolución de la CSJN habrá entregado su última bandera. La de ser un supuesto ‘hombre de derecho’. Un presidente para el olvido, una presidencia que no deja nada positivo. Peligrosísima decisión”, agregó su par radical en Córdoba, Rodrigo de Loredo.

“Señor Presidente los fallos de la Corte se acatan. Su irresponsabilidad es de extrema gravedad. Vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre. La solución a nuestros problemas es respetando las reglas de juego, no a la inversa”, expresó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica.
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Desde el liberalismo, el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy consideró que “si hay una desobediencia ante la Corte, en los hechos estaríamos entrando en un terreno de ilegalidad” y planteó que “el fallo es razonable” porque “dice que no se puede afectar los recursos de una jurisdicción arbitrariamente y que hay que respetar la Constitución”.
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En ese sentido, aclaró que “la Corte no devuelve a la Ciudad lo que la Ciudad tenía” sino que “hace una corrección intermedia”. Y opinó que el Gobierno “tiene un berretín en contra de los porteños, de un área que es más desarrollada”.
“Ya no hay espacio para dudas: presentaré un pedido de juicio político contra y espero que todos los diputados de la oposición me acompañen. No nos rendiremos ante un gobierno golpista”, agregó.
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“El gobierno le sacó ilegalmente recursos a la CABA rompiendo el equilibrio y funcionamiento del sistema federal. La Corte puso orden y devolución. No acatar el fallo tiene enorme gravedad. Por este camino no aceptarán perder una elección y entregar el gobierno. Recusación a los jueces”, se sumó Margarita Stolbizer.
El diputado cuestionó que al gobierno al sostener que “no hay regla de juego que valga cuando el jefe de Estado se comporta como líder de una facción”. Por eso, planteó que “el kirchnerismo viene por todo. En este desacato se quieren llevar puesta a la democracia. Vamos a defender la libertad y la República”.
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Desde el Bloque de Diputados Nacionales del Frente PRO se emitió un comunicado donde sentaron su postura y consideraron que el no acatar el fallo de la Corte Suprema “constituye un artero golpe al federalismo y a la división de poderes”. Por eso, se planteó que “el kirchnerismo protagonizó un hecho de extrema gravedad institucional: desconocer un fallo de la Corte Suprema es hacer un golpe a la democracia”.
Desde el partido político se consideró que el gobierno nacional emitió “argumentos falsos, temerarios y ficticios” que “volvieron a agredir la institucionalidad y exponer que van por todo aquel que cuestione su visión y poder”. Por eso, “nunca en democracia hemos visto tanta violencia y hostigamiento contra una jurisdicción federal autónoma”, sostuvo.
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“Impugnamos este intento de destruir la vigencia de la Constitución e instamos al Poder Ejecutivo a que respete el Estado de Derecho y que no gobierne al margen de la ley. Porque cuando ello ocurre, la República queda en manos de facciones usurpadoras de la legitimidad popular”, sostuvieron desde el PRO, y se remarcó que continuarán defendiendo al país “de los atropellos populistas y desde el Congreso pondremos freno a cualquier maniobra que busque degradar la democracia”.
La recusación a los jueces
Durante la noche de este jueves, los gobernadores emitieron un comunicado en el que aseguraron que “el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
También advirtieron que es “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”, agregaron.
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