Cristina Kirchner sigue procesando el intento de asesinato que sufrió días atrás. Los que la visitan aseguran que no se observan signos de temor, pero que el impacto de la imagen en la televisión de una pistola a centímetros de su rostro aún persiste. Sin embargo, y a pesar de esto, aseguran que está totalmente abocada a lo que sucederá la semana próxima: el alegato de la defensa en la causa Vialidad.
La semana que viene será el turno de la Vicepresidenta para presentar su alegato que se desarrollará durante tres jornadas: lunes, martes y viernes. Las dos primeras jornadas lo hará su abogado, Carlos Beraldi, y el último día será ella misma, en su condición de abogada, la que se sentará frente una cámara y expondrá de manera remota.
Es por eso que por estos días la titular del Senado se encuentra trabajando en el texto que expondrá frente a los jueces. Fuentes con acceso al despacho -que hoy muestra un fuerte incremento de la custodia- confiaron a Infobae que “aunque es ella quien escribe el texto, tiene cruces de información con sus abogados y con dirigentes políticos de su extrema confianza”.
En ese círculo se encuentran su hijo y diputado, Máximo Kirchner, quien asiste todos los días al despacho del primer piso del Senado; el senador Oscar Parrilli, quien además de ser un hombre de su confianza también es abogado; y el propio Beraldi, con quien habla por teléfono. A esto se le suma su equipo íntimo de asesores que le acerca documentos, números, demás datos que pide para desarrollar su alegato de defensa.
Aunque se descarta que las palabras de Cristina Kirchner tendrán más un carácter político que judicial, eso no significa que no se apoye en normas y leyes, por lo que el cruce de consultas con sus abogados es constante. Además de que los tres días de alegatos conforman una única estrategia.
En paralelo, sigue de cerca la agenda parlamentaria más urgente. Ayer se reunió con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en donde se discutieron los lineamientos generales del proyecto de ley de Presupuesto 2023 que llegará esta noche al Congreso de la Nación.
El tema se destaca en la agenda y la persona de principal consulta es el ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El mandatario provincial es el encargado de simplificar los pasajes más “duros” del proyecto.
A esto se le suma que entre hoy y mañana Diputados le dará media sanción al proyecto de ley que prorroga por cinco años un paquete de 6 impuestos -Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa-. Una vez que sea aprobado será el Senado quien deberá terminar de sancionarlo.
En el medio de esto aún se discute en el bloque del Frente de Todos la posibilidad de llamar a sesión el próximo 22 de septiembre. La duda es que será en medio de los alegatos de la defensa de los abogados de la Vicepresidenta y un día antes de que exponga Cristina Kirchner, y eso puede generar mayores roces de los que hoy existen en la Cámara alta.
Entre la agenda parlamentaria y la judicial, Cristina Kirchner también se hace tiempo para reunirse con personalidades de la política y la cultura local. Así, hoy por la tarde pasaron por el despacho del primer piso del Senado un grupo párrocos del grupo “Curas en la opción por los pobres” o como se los conoce popularmente, “curas villeros”.
Allí, agradeció que la primera aparición tras el intento de magnicidio sea con ellos y expresó: “Estoy viva por Dios y por la Virgen”.
Este sector de la Iglesia Católica había emitido un comunicado en donde señalaba que “una sentencia debe ser dictada por certezas y no por sensaciones, por pruebas y no por tapas de diarios”. En el mismo comunicado hicieron referencia al diputado del PRO Francisco Sánchez, quien pidió la pena de muerte para Cristina Kirchner. Sin nombrarlo, los párrocos que predican en los barrios más marginales señalaron que “no se puede permitir que un diputado, ni ningún otro funcionario o funcionaria, afirmen cosas como lamentablemente no tenemos pena de muerte”.
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