Financiamiento de las campañas: una prueba política precipitada por varios escándalos

El financiamiento de la política, y en particular de las campañas, no está al tope del temario legislativo para lo que queda del año, pero empezó a ocupar un lugar destacado. El Senado parece dispuesto a dar una respuesta: lo está discutiendo en estas horas. No se trataría sólo de una repentina sensibilidad frente a un muy demorado debate, sino tal vez de una cuestión de autodefensa colectiva de la política. El impacto de algunos hechos de corrupción pone en duda la capacidad de recaudación para la pelea electoral que asoma.

Operadores de distintas fuerzas políticas coinciden en un par de puntos. El primero, que los posibles aportantes –sobre todo, empresarios- adoptarían posiciones muy cuidadosas, por razones de preservación propia. El segundo, que la situación social no dejaría espacio para campañas visiblemente costosas. ¿Tiempos de austeridad? Se verá. Por lo pronto, pesarían dos de los rubros más sensibles según cualquier encuesta y el sentido común: la dura situación económica y el impacto de los casos de corrupción.

El Senado empezó a moverse con nuevos o renovados proyectos. Y hay negociaciones para tratar de unificar criterios entre el oficialismo y el bloque peronista que conduce Miguel Angel Pichetto. Fuentes legislativas señalaban anoche que hay avances en las tratativas, pero aclaraban que todavía no hay dictamen consensuado en el marco de las tres comisiones que abordaron los proyectos. No descartan que se limen diferencias en breve, aunque las prioridades están puestas en el Presupuesto, que sería votado el miércoles que viene en el recinto.

La puesta en discusión del financiamiento fue disparada por resonantes casos oscuros, todos ellos en distintas instancias y fueros judiciales. Curioso: el antecedente más lejano –y también el comprobadamente colectivo- no parece haber incidido demasiado en la valoración de los legisladores. Las rendiciones de gastos que hicieron los principales competidores de la elección de 2015 no fueron aprobadas aún por la justicia electoral. Lento trámite, con oficialistas, kirchneristas y otros sectores del PJ sin dar mayores explicaciones públicas.

La cuestión se agitó bastante con las denuncias sobre falsos aportantes a la pasada campaña bonaerense de Cambiemos. Y alcanzó su máxima intensidad con el escandaloso caso de los cuadernos de las coimas kirchneristas. Una línea de esa investigación exhibió el manejo de fondos en negro, registrados prolijamente en pendrives por el secretario del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Está claro que la plata ilegal para la campaña no constituye el capítulo central de la causa de los cuadernos. Fue un argumento esgrimido inicialmente por los empresarios involucrados en el caso, para mostrarse como víctimas de extorsiones, que se derrumbó y fue dando espacio a la exhibición de un sistema de corrupción claro: coimas, sobreprecios, cartelización para el negocio de la obra pública.

Pero existió financiamiento en negro y también exposición de empresarios de primera línea en los tribunales federales. Suficiente para imaginar, como ocurre en medios políticos, que muchos extremarán los cuidados. Se verá cómo se mueven con una ley que transparente tales apoyos y penalice a los partidos más severamente en caso de ilegalidades.

Son varias las cuestiones que ponen en discusión los proyectos analizados por los senadores. Una de ellas, relevante, tiene que ver precisamente con blanquear y al mismo tiempo limitar las sumas para el apoyo monetario de las empresas. Se trata de establecer porcentajes de financiamiento individual, es decir, un tope en relación con el gasto total de una campaña. Las iniciativas van desde el 2 al 15 por ciento del monto global de gastos comprobables de una lista.

Ese punto está en el centro de las negociaciones entre oficialismo y oposición. En cambio, hay acuerdo bastante extendido sobre el modo de registrar los aportes. La ley establecería que tales fondos deben ser bancarizados. Deberán ser cheques o transferencias, por ejemplo, para que sea clara la trazabilidad de los dineros.

Por supuesto, la discusión sobre el financiamiento de la política –de los partidos y de las campañas- no se agota en ese punto. Una cuestión central es cómo balancear ese financiamiento con un sistema que acote el flujo empresarial y asegure los fondos estatales, para evitar desequilibrios insalvables en el caso de las agrupaciones de menor peso o desarrollo.

Resulta evidente, como en cualquier otro terreno, que la peor fórmula es la negación del problema. Esa posición es en apariencia ética y tajante, aunque en rigor resulta rígida en la letra y más que permisiva en la práctica: hasta ahora, el dinero en negro circuló sin demasiados cuidados en muchas campañas.

La ecuación es hasta perversa. Desde el poder, se puede sostener la prohibición total de aportes privados y al mismo tiempo garantizar impunidad para la plata en negro. Hasta que cambian los vientos y los casos estallan. Lo sabe el kirchnerismo, que en Diputados planteó criterios supuestamente igualitarios de campaña y rechazo cerrado a los dineros empresariales.

Habrá que ver, en caso de que los proyectos avancen, varios puntos vinculados a la real voluntad política. Uno: los tiempos para que pueda ser realizado el debate y aprobado el texto que reúna consenso. Quedan apenas tres semanas para el fin de las sesiones ordinarias. Otro: las penas para quienes violen la ley. Y uno más: la implementación en la próxima campaña.

Ninguna ley elimina por si sola un delito. La cuestión es si busca enfrentarlo o disimularlo.