El chofer Oscar Centeno
El chofer Oscar Centeno

Codicia, impunidad y traslados de bolsos repletos de dólares. Todo detallado en un registro obsesivo, casi un diario personal desplegado en un anotador y siete cuadernos del tipo Gloria o Rivadavia. Es parte central de la causa que sacude a todos en estas horas y puede no ser un caso más. Dependerá del desarrollo de la investigación, pero en su primera entrega expone con nombres y datos una sospecha muy difundida, pero con muy escaso recorrido en la Justicia: la corrupción como ejercicio del poder, un sistema que involucra a ex funcionarios y empresarios, y que al menos salpica a la justicia federal.

Los nombres de ex funcionarios que circulan, tomados de manera individual, ocupan renglones destacados en diversas causas. Julio De Vido, Roberto Baratta, Oscar Parrilli, José María Olazagasti no son casos que sorprendan. Tampoco, Cristina Fernández de Kirchner. Pero sumado a empresarios de fuertes relaciones con lo que alguna vez se dio en llamar la "patria contratista", habla de lo elemental: la coima es un delito a dos puntas. Y si a ese se agregan nombres vinculados a la Justicia –el ex juez Norberto Oyarbide y Javier Fernández, el operador más reconocido de la era kirchnerista en el fuero federal-, se hablaría entonces de otra cuestión básica: el blindaje judicial para garantizar impunidad.

Las primeras reacciones en el mundo político fueron de conmoción, generalizada. Por supuesto, a través de voceros, desde el kirchnerismo duro y en el círculo más próximo a la ex presidente se aludió a una "cortina de humo" para disimular temas potentes, como aumentos de servicios y de precios, y se agregó la referencia a una operación político-judicial del Gobierno. También, se destacó especialmente que uno de los empresarios detenidos es Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA, la empresa constructora que perteneció a la familia del presidente Mauricio Macri.

Curioso, algo parecido decían en algunos medios del oficialismo, pero para destacar que el Gobierno nada tendría que ver con el tema. Sánchez Caballero aparecía como un extremo en el equilibrio con otros empresarios vinculados al kirchnerismo, y que crecieron de manera significativa en esa década, como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, también detenido.
Al margen de esos cruces, menores y esperables, el interrogante es hasta qué terrenos oscuros y sospechados llegará la investigación. Se verá, pero esta primera muestra de la investigación ofrece material que dibuja con nitidez algunas características centrales de la corrupción como ejercicio de poder.

Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería
Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería

En primer lugar, une cabos que increíblemente siguen sueltos en otras causas. No se trata de José López, atrapado en una madrugada frenética arrojando bolsos a un supuesto convento. Ni de Ricardo Jaime, siempre colocado como un jugador autónomo en el ministerio de Planificación, de relación directa y excluyente con Néstor Kirchner. Según surge de los cuadernos y de las detenciones y llamados a indagatoria dispuestos por el juez, es visible como nunca antes el engranaje orgánico: el recorrido hacia arriba terminaría en el más alto escalón del poder político, la Presidencia, y en la órbita del ministerio, en su jefe. Baratta, ex secretario de Coordinación, y Olazagasti, ex secretario privado de Julio De Vido, confirmarían un armado con ramificaciones en otras áreas sensibles de la pasada gestión.

Roberto Baratta, al ser detenido ayer (Gustavo Gavotti)
Roberto Baratta, al ser detenido ayer (Gustavo Gavotti)

Algo parecido, en términos de sistema, estaría exhibiendo la lista de empresarios involucrados en el caso. Ese sólo hecho, la detención de algunos, podría ser definido como inaugural en este tipo de investigaciones. No son ellos Lázaro Báez y Cristóbal López, los dos atados exclusivamente a la historia kirchnerista. Los nombres que suenan ahora impresionan y mucho en el mundo de la política, más aún en el empresarial, y no tanto por lo que sale a la luz: impacta el hecho de la detención.

En ese terreno -y visto también con sorpresa por lo que está ocurriendo y no por lo que circulaba desde hace años en medios empresariales y de la política- se destaca el nombre de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Su fluida relación con el circuito de gobierno en la era kirchnerista es un dato asociado a sus negocios personales y a un despliegue corporativo que excedía los naturales reclamos sectoriales. Se verá ahora hasta que punto llegaría esa condición de operador y la relación con la circulación de coimas.

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción
Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción

Para completar, la referencia al círculo de jueces federales constituye un tema aparte que roza un límite no escrito. ¿Será cruzado ese umbral? Oyarbide podría ser definido como un estereotipo del juez cuestionado por su desempeño y por los lazos que se le atribuyen. No desentona en esta historia y el punto es si podría sumar algo a la investigación. Más inquietante resulta la citación al principal operador del kirchnerismo en la Justicia. Ese puede ser en sí mismo un capítulo especial.

Las cifras que estarían en juego –entre 160 y 200 millones de dólares-, la práctica repetida –básicamente, coimas a cambio de contratos con el Estado- y los nombres en juego indican por sí solos la dimensión del problema. Pero no sería todo. La cuestión de fondo alude a la corrupción como fenómeno, más allá del impacto mediático de algunas causas en particular.

La corrupción en este nivel refleja uno de sus aspectos sistémicos. Tiene costos reales para el Estado y también para inversiones que deben incluir como rubro adicional el porcentaje dedicado a las coimas de alta escala, entre otros puntos evidentes. Pero además, es el recurso para la propia impunidad, garantía del círculo oscuro. Y constituye al mismo tiempo el recurso central del financiamiento ilegal de la política. Convierte al Estado en objetivo de abordaje.

Quedan seguramente muchos temas abiertos, pero hay uno central: el blindaje judicial es un reaseguro para el poder entendido como ejercicio de la impunidad, aunque es a la vez una trampa para ese poder, porque no necesariamente se sostiene en el tiempo. Las muy módicas cifras sobre condenas efectivas en casos de corrupción son desalentadoras. Otra cosa es su impacto y lo que algunos denominan "condena social", una categoría demasiado laxa y hasta preocupante si los juicios no llegan a nada, entre otras razones porque en el mismo renglón se anota el descreimiento sobre la Justicia.

El ex juez federal Norberto Oyarbide
El ex juez federal Norberto Oyarbide

Al margen, surgen las especulaciones más o menos típicas en estos casos. Lo del chofer de Baratta, el hombre de los cuadernos de las coimas, ¿fue pura obsesión para armarse una especie de "seguro" de supervivencia? ¿O fue un acopio para negociar por fajos de dólares? ¿Alguna venganza por no haber recibido nada, fuera de un bolso vacío? Por supuesto, las visiones pueden ir más lejos que suponer lo ocurrido como pura expresión de la condición humana.

¿Era un topo, un agente de inteligencia? ¿Trabajó durante diez años para alguna vez detonar una denuncia de esta magnitud y de este impacto político? Rara tanta eficiencia en ese oficio, pero aún en esa alternativa, la causa tendría mucho recorrido por andar. En el arranque, al menos, mostró algunos hilos de la red. Se verá.

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