Búsqueda del ARA San Juan: el ministro de Defensa realizó una sorpresiva visita a la Base Naval de Puerto Belgrano

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, realizó una sorpresiva visita a la Base Naval de Puerto Belgrano. Junto a la secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa, Graciela Villata, y funcionarios de su cartera, obligó a un cambio de agenda de buena parte de la plana mayor de la Armada, que desplazó al principal asentamiento naval del país, al actual jefe de Estado Mayor (interino) José Luis Villán y varios jefes militares.

Aguad requirió a los marinos precisiones sobre las tareas de búsqueda que en la actualidad se están realizando exclusivamente a cargo de unidades de la Armada. En tal sentido a bordo del destructor ARA La Argentina fue informado por la tripulación de las tareas que hasta hace pocos días se cumplieron desde esa embarcación militar.

El ministro aprovechó la visita para inspeccionar el avance de las obras de reparación de otro de los destructores abocados a las tareas de búsqueda, el Almirante Brown, que se encuentra en tareas de alistamiento en el dique seco que funciona dentro de la base naval. Ya en la vecina base aeronaval Comandante Espora, reafirmó la pronta incorporación a la aviación naval de al menos 5 aviones Súper Etendard, con miras a reforzar la seguridad aérea durante la cumbre del G20.

La visita sucede inmediatamente después de que la comisión evaluadora a cargo de seleccionar a la empresa ganadora de la contratación internacional convocada para continuar con la búsqueda del submarino recomendara adjudicar la tarea a la firma española Igeotest. El dictamen de evaluación dejó perfectamente aclarado que la decisión se toma luego de atender las recomendaciones que un comité de oficiales navales seleccionados por el propio Villán aconsejara en tal sentido.

Vale recordar que a la firma ganadora de la compulsa le fue adjudicado solo uno de los renglones que conformaban el pliego licitatorio y que corresponde a la provisión y operación del vehículo autónomo submarino (AUV). El Estado nacional, por su parte, aportará el buque madre en el que se transportarán tanto los técnicos como el propio AUV. La nave seleccionada es el buque científico Austral propiedad del CONICET, pero tripulado náuticamente por personal militar. En este sentido las querellas han anticipado a Infobae que solicitarán que se proceda al cambio de toda o parte de la tripulación por marinos civiles o prefectos, a efectos de garantizar la transparencia en las operaciones de búsqueda.

No obstante la querella, que tiene como principal cara visible a la abogada Valeria Carreras, ha presentado dos impugnaciones que, si bien no prosperarían, desembocarían en una ya anunciada presentación de un recurso de amparo judicial que –de ser admitido- suspendería el acto formal de adjudicación.

Traspaso de funciones de la Armada al área de seguridad

En medio de los estudios y sondeos de opinión que el gobierno nacional realiza para intentar compatibilizar el accionar de las Fuerzas Armadas con el de las de Seguridad, hoy tomó estado público un proyecto de ley que propone modificar la normativa vigente en materia de búsqueda y rescate marino, a efectos de quitarla de la órbita militar para pasar al ámbito del Ministerio de Seguridad.

Se trata de la Ley 22.445, promulgada durante el gobierno de facto que encabezó Jorge Rafael Videla y que dispone la adhesión de Argentina al convenio internacional de búsqueda y rescate (SAR) y que data de 1981. En aquellos años la Prefectura Naval Argentina dependía orgánicamente de la Armada y fue por ello que se estableció que era la fuerza madre la que ejercería la responsabilidad de salvaguarda de la vida humana en el mar, a través de los organismos correspondientes. Una vez separadas ambas fuerzas, la Armada conservó el rol de autoridad en la materia, mientras que la Prefectura es la que en la práctica atiende casi la totalidad de los pedidos de auxilio en el mar y los ríos. Fuentes de seguridad anticiparon que se trabaja para eliminar varios de los puntos de conflicto y superposición de tareas entre la Armada y la Prefectura, que originan incluso graves perjuicios económicos a las arcas del Estado y a los usuarios de servicios navales y marítimos en general.