En el salón del quinto piso de Hipólito Yrigoyen 250, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se reunió hoy a las 9:30 con sus pares de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Brasil y México, entre otros, para tratar un paquete de sanciones contra Venezuela, una nación que derrapa día a día en una escalada que parece no encontrar piso. La reunión quiso mantenerse en estricto secreto, porque se trata de un pedido que Donald Trump le hizo al presidente argentino en la conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada.
En efecto, el presidente norteamericano le pidió a Mauricio Macri que se aproveche la reunión del G20 que se está desarrollando hoy y mañana en Buenos Aires para acelerar una condena que lleva a las autoridades venezolanas a encarar una negociación definitiva que los lleve a aceptar una ayuda crucial de alimentos y medicamentos y convoque a elecciones limpias y transparentes.
Ayer, el alcalde de Caracas desplazado Antonio Ledezma hizo circular una carta pública solicitando "que los gobiernos latinoamericanos instrumenten sanciones personalizadas a los jerarcas y a su entorno por ser responsables de la violación de los más elementales derechos humanos, por haber cometido delitos de narcotráfico, corrupción y por tener estrechos vínculos con el terrorismo internacional", en lo que se considera una estrategia internacional coordinada para cercar al régimen venezolano.
El secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, el recientemente asumido ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, el canadiense William Morneau, el francés Bruno Le Maire, el inglés Philip Hammond, el brasileño Henrique Meirelles y el mexicano José González Anaya serían los presentes en la reunión que se está desarrollando con el argentino Caputo.
En cambio, no estarían otros funcionarios, como el ruso Sergey Storchak y el chino Zhu Guangyao. Esta sería la razón por la que el gobierno argentino se excusó de brindar información sobre el encuentro, es decir, que no todos los presentes en la cumbre de ministros de Finanzas del G20, un foro de coordinación y cooperación económica internacional, fueron invitados a participar del exclusivo encuentro.
La discusión en torno a si conviene o no sancionar a Venezuela se viene dando hace meses en el mundo y existe un fuerte lobby en los Estados Unidos que logró evitar que ese país le deje de comprar crudo, lo que significaría un durísimo golpe a la economía venezolana. Es que más del 30% de los barriles que extrae PDVSA van a Norteamérica, unos 32 millones de dólares diarios. Los importadores de esa materia prima, que son los dueños de las refinerías, lograron hasta ahora un consenso mundial contra esa medida.
En cambio, 13 altos funcionarios venezolanos fueron sancionados y sus cuentas en Estados Unidos y la Unión Europea embargadas, incluido el jefe de finanzas de la petrolera venezolana, Simón Zerpa, que fue compensado por Nicolás Maduro con el cargo de ministro de Hacienda, para hacer valer el respaldo del régimen.
Se supone que en la reunión de hoy se decidirán nuevos castigos sectoriales o financieros contra Venezuela, siempre dirigidas a convencer al gobierno venezolano de darle una salida definitiva a la crisis humanitaria y una negociación efectiva con los líderes de la oposición.
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