El gobierno nacional revocó el estatus de refugiado político a Galvarino Apablaza, el ex guerrillero chileno acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y participante del secuestro del empresario de medios Jorge Edwards.
Tras la decisión del Ejecutivo, que acelera así el proceso de extradición de Apablaza al vecino país, varios organismos de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo. Entre los firmantes están la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte y la
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
"Expresamos nuestro profundo rechazo a la resolución tomada por la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) que revocó la condición de Refugiado Político al señor Galvarino Sergio Apablaza Guerra otorgada en el año 2010″, dice parte de la misiva. Entre varias cosas, sostienen que Apablaza "está siendo sometido a una injusta e infundada persecución política por parte del gobierno de la República de Chile" y que "la resolución es violatoria de la ley argentina – ya que revoca arbitrariamente la firmeza de la condición de refugiado regulada" por la normativa.
Sostienen que "se convierte en un antecedente peligroso ya que significa abandonar la inveterada tradición de los gobiernos democráticos de nuestro país de ser tierra de paz y asilo para todas aquellas personas que son injustamente perseguidos en sus países de origen".
El comunicado completo:
COMUNICADO CONJUNTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
Rechazamos la resolución tomada por la CONARE que revocó el estatus de refugiado político al Señor Galvarino Apablaza Guerra
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestro profundo rechazo a la resolución tomada por la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) que revocó la condición de Refugiado Político al señor Galvarino Sergio Apablaza Guerra otorgada en el año 2010.
Al respecto cabe recordar que el señor Apablaza Guerra está siendo sometido a una injusta e infundada persecución política por parte del gobierno de la República de Chile, que afecta a su respecto el derecho al debido proceso y defensa en juicio, garantizado por el art. 18 de nuestra Constitución Nacional.
Cabe tener presente que la ley 26.165 (Ley General sobre Reconocimiento y Protección al Refugiado) en su art. 13 establece que "una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, el organismo de aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un refugiado reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal forma que, de haberse conocido hubieran conllevado la denegación del reconocimiento de la condición de refugiado".
En consecuencia, la resolución tomada por la CONARE es violatoria de la ley argentina – ya que revoca arbitrariamente la firmeza de la condición de refugiado regulada por el artículo citado – y de los estándares internaciones de la ACNUR sobre protección a refugiados políticos.
En este sentido advertimos que la resolución de la CONARE se da en el marco de una coordinación represiva con el Gobierno de la República de Chile que implica la intensificación de la represión de la protesta social y de los reclamos de tierras por parte de las comunidades mapuches en el sur de nuestro país.
La resolución tomada por la CONARE se convierte en un antecedente peligroso ya que significa abandonar la inveterada tradición de los gobiernos democráticos de nuestro país de ser tierra de paz y asilo para todas aquellas personas que son injustamente perseguidos en sus países de origen, renunciando así al ejemplo internacional en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que supo ser nuestro país frente a la comunidad de las naciones.
-Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
-Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
-H.I.J.O.S. Capital
-Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
-Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos – APDH
-Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz
-Asociación Buena Memoria
-Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte
-Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Últimas Noticias
El truco del bicarbonato en el colchón: por qué cada vez más personas lo esparcen una vez al mes y qué consigue eliminar realmente
Un polvo blanco de cocina se ha vuelto protagonista de miles de videos domésticos, pero la ciencia aclara con precisión qué olores y residuos combate y dónde terminan sus límites
Al Gobierno le preocupa la pérdida de apoyo entre los jóvenes y hay lecturas disímiles por la estrategia electoral
En la Casa Rosada siguen de cerca la evolución del respaldo de un segmento clave. Puertas adentro conviven distintas explicaciones: desde la situación económica hasta el deterioro del vínculo con la militancia digital
Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 21 de agosto
Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado
Las razones de Milei para criticar el debate por la morosidad y ratificar que no habrá intervención oficial
El mandatario aseguró que los bancos refinancian las deudas de morosos al 20% a tres años y remarcó que la solución pasa por más educación financiera, no por asistencia estatal a los deudores
Mercados en tensión: las acciones y los bonos tocaron precios mínimos en tres meses y volvió a moverse el riesgo país
El S&P Merval cayó 1,1% y el indicador de JP Morgan se asentó sobre los 500 puntos por primera vez desde mayo. El dólar mayorista quedó al filo de los $1.500 y las reservas del BCRA superaron los USD 50.000 millones, en un máximo en siete años
