Mauricio Macri recogió el guante que le arrojaron los máximos jefes de las Fuerzas Armadas e impulsó un ambicioso plan de reequipamiento qque podría llegar hasta los $ 30.000 millones en cuatro años (aunque los voceros del ministerio de Defensa más realistas dicen que se conforman con poco más de $15.000 millones).
La decisión conlleva un costo político importante. Diversos sectores saldrán a cuestionar esta "inversión bélica" en medio de tantas necesidades sociales insatisfechas. Pero no es menos cierto que la inversión es imprescindible si se quiere evitar llevar a las FFAA a un grado de inoperatividad que las ponga al borde de la inutilidad total.
Pero esta decisión no solo generará ruido puertas afuera de la administración Macri. En el frente interno, el anuncio de la compra a Francia de 4 patrulleros oceánicos desnudó una realidad que ningún gobernante, desde el retorno de la democracia, quiso manejar.
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Hace algunos años, Argentina y Chile iniciaron consultas con un famoso astillero alemán para la construcción de patrulleros oceánicos (OPV por sus siglas en inglés). Se trata de naves de menor porte que un buque militar, pero con gran versatilidad y mediana autonomía de navegación, y son ideales para patrullar la zona económica exclusiva (ZEE) que se extiende hasta las 200 millas mar adentro de las costas argentinas.
Mientras Chile adquirió la patente del desarrollo alemán y ya tiene cuatro naves en servicio y una quinta en construcción, de este lado de Los Andes la operación terminó en escándalo por un alemán que denunció el pago de sobornos a personal de la Armada y a funcionarios. Más allá de la intervención de la Justicia, nada más se hizo en materia de construcción naval.
Pero al margen de ello, y a diferencia de buena parte de los países de América, que tienen en su fuerza naval militar una división orgánica que cumple las funciones de policía marítima, Argentina Canadá y los Estados Unidos son las únicas tres naciones del continente que tienen una fuerza policial profesional que ejerce el rol de autoridad marítima. En el caso argentino, se trata de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
De esta forma, la decisión política de equipar a la milicia con naves patrulleras (no aptas para la guerra sino para tarea policial) encuentra un primer escollo. ¿Quién debe patrullar el mar argentino y controlar la pesca ilegal? ¿La Prefectura o la Armada?
Expertos en derecho marítimo consultados por Infobae indicaron que "siendo la pesca ilegal una infracción de tipo económico y no un riesgo para la defensa nacional, quedaría claro que el tema está ajeno a la intervención militar". Y agregan que "si no se puede emplear a los militares para reprimir el narcotráfico, ¿por qué usarlos para perseguir a pescadores desarmados que están evadiendo el pago de un canon pesquero?".
Otro de los consultados opinó que la fuerza naval de la Armada "debería limitarse a dar apoyo logístico dentro del marco de la ley de seguridad interior, pero esas naves necesariamente deberían llevar a bordo personal policial que esté al mando, y que sea el que efectivamente realice los operativos de control. Caso contrario todo lo actuado por personal militar será declarado nulo por la justicia".
Sea por falta de legislación o por interpretaciones equívocas de la ley existente, es un secreto a voces que dos instituciones fundamentales para la Nación disputan espacios de poder, entre ellas el control sobre la marina mercante, la pesca , el salvamento marino y la actividad antártica.
Esta situación ha sido advertida incluso por organismos internacionales, como la Organización Marítima Internacional (OMI), que ya ha conminado a la Argentina que sólo puede haber una autoridad estatal en materia de control de la marina mercante nacional.
Durante los últimos 12 años esta situación fue ignorada por las autoridades. Esto ha cambiado radicalmente, y la sola decisión de invertir fuertemente en equipamiento hace aflorar en forma inmediata la necesidad de definir hacia dónde deberán dirigirse los esfuerzos presupuestarios.
No se puede soslayar el hecho de que la gestión anterior abrumada por la inseguridad ciudadana, trastocó la razón de ser de las distintas fuerzas federales. Para el caso que nos ocupa, la Prefectura fue destinada a cubrir destinos urbanos, apartándola de su misión en mares, ríos, lagos y espejos de agua de toda la nación.
Colateralmente, y en vísperas del tratamiento legislativo de leyes que intentan fomentar el desarrollo de la industria naval nacional, el anuncio de comprar buques nuevos o usados en el exterior, cae como una verdadera bomba de exterminio para un alicaído sector.
En los últimos años el país ha importado buques rusos de gran antigüedad para tareas de apoyo en la Armada, además de un buque usado para el CONICET. Por otro lado, un astillero español fue contratado para construir uno para el Instituto de investigación pesquera (INIDEP). A eso se suma la controvertida llegada de remolcadores civiles para competir en el mercado local, y este anuncio de construcciones militares nuevas en el exterior. Al decir de los industriales locales, "ni siquiera se nos pide cotización para poder competir".
Muchos especialistas marítimos indican que antes de pensar en invertir en adquisiciones navales, el Gobierno debe replantear el rol de cada organismo civil policial o militar en relación con sus intereses marítimos, además de prestarle más atención a una industria que llegó a ser orgullo del país y ejemplo en la región.