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Sí procede la denuncia constitucional y pedido de inhabilitación contra Roberto Burneo, dice magistrado del TC

Gustavo Gutiérrez Ticse recuerda que el máximo intérprete ya se pronunció sobre la procedencia de acusaciones constitucionales contra el juez supremo que preside el Jurado Nacional de Elecciones

El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, consideró que sí procede la denuncia constitucional presentada por Renovación Popular contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que incluye un pedido expreso de inhabilitación por diez años. La bancada cuestiona la Resolución N.° 4557-2026-JNE, que impide a Rafael López Aliaga asumir nuevamente la alcaldía de Lima en caso de vacancia durante el periodo 2027-2030 por tratarse de una reelección encubierta.

Según el magistrado del TC, Burneo puede ser objeto de este tipo de denuncia porque, además de presidir el organismo electoral, mantiene su condición de vocal titular de la Corte Suprema de Justicia.

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Gutiérrez sostuvo que el presidente del JNE no deja de ser miembro de la máxima corte del Poder Judicial por el hecho de presidir el jurado electoral. “Solamente un vocal titular de la Corte Suprema puede ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, explicó. Remarcó que ya existe un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional sobre esta doble condición.

“Él es presidente en tanto en cuanto sea vocal de la Corte Suprema. Porque si no fuera así, podría ser hasta miembro, pero no podría ser presidente del jurado”. Por esa razón, agregó, Roberto Burneo conserva todas las prerrogativas correspondientes a un magistrado supremo, entre ellas la inmunidad y la inviolabilidad.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: TC

Castigo y protección

El magistrado Gustavo Gutiérrez precisó que la denuncia constitucional no opera únicamente como una herramienta de castigo, sino también como un resguardo para los altos funcionarios, que no están sujetos a denuncias penales comunes como otros servidores públicos. “No pueden estar sujetos a denuncias penales como otros funcionarios que no requieren tener que pasar por el tamiz del poder”, indicó.

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Frente a la pregunta sobre si debería existir una mayor distancia entre un integrante de un organismo electoral y la capacidad del poder político, Gutiérrez Ticse recordó que los propios magistrados del Tribunal Constitucional han enfrentado denuncias constitucionales durante su gestión. “Es parte de la dinámica de los frenos y contrapesos que existen en el poder y en las instituciones del Estado”, afirmó.

El magistrado subrayó además que este tipo de acusaciones requiere una mayoría calificada en el Congreso para proceder, lo que exige el respaldo de varias fuerzas políticas y no solo de una bancada.

La denuncia contra Roberto Burneo

La denuncia constitucional contra Roberto Burneo fue presentada el lunes 16 de noviembre ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, con la firma de 12 parlamentarios de Renovación Popular, entre ellos Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Jorge Zeballos y Javier Cipriani. El documento atribuye al titular del JNE los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de la infracción de diversos artículos de la Constitución.

Rafael López Aliaga habla por un micrófono durante un mitin en Carabayllo junto a un recuadro con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones.

El cuestionamiento se dirige contra la resolución aprobada por mayoría que establece que un alcalde que ejerció el cargo entre 2023 y 2026 y resultó elegido primer regidor para el periodo 2027-2030 no podrá asumir nuevamente la alcaldía ante una eventual vacancia, renuncia, tacha o ausencia del burgomaestre electo. En esos escenarios, el JNE dispuso que se entregue la credencial de alcalde al segundo regidor electo de la lista ganadora.

Renovación Popular argumenta que esta disposición contradice el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que no contempla como impedimento haber ocupado previamente la alcaldía. El diputado José Baella calificó de grave que el JNE estableciera este criterio después de la participación de López Aliaga en la contienda electoral. Además de la vía parlamentaria, el partido presentó un recurso de reconsideración ante el organismo electoral y evalúa acudir a una acción de amparo si la medida no es revertida.

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