El Ministerio Público archivó la investigación contra cuatro escolares del Liceo Naval Almirante Guise, quienes permanecían en libertad y figuraban como testigos en la pesquisa por la agresión sexual contra uno de sus compañeros, según un documento difundido este jueves por Canal N.
La Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima Centro concluyó que no existen elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidad a los adolescentes. No obstante, dejó abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgen nuevos indicios que los vinculen con los hechos denunciados.
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El despacho especializado en familia señaló que no se demostró la responsabilidad de los investigados ni se reunieron pruebas que sustenten un pedido de apertura de proceso por una presunta infracción a la libertad sexual en agravio de un estudiante cuya identidad se mantiene en reserva.
“Al no haberse demostrado la responsabilidad de los adolescentes (...) por falta de elementos de convicción suficientes, procede el archivamiento, dejándose a salvo la posibilidad de reabrirse esta investigación si aparecen nuevos elementos de convicción”, se lee en el fallo.
“Con las atribuciones conferidas por ley, se resuelve no solicitar la apertura de proceso contra los adolescentes señalados por la presunta violación de la libertad sexual en agravio de un menor de identidad reservada. En consecuencia, archívese lo actuado”, continúa.
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La resolución ordena comunicar la medida al Tercer Juzgado de Familia de Lima, que ordenó a mediados de septiembre el internamiento preventivo para otros seis adolescentes investigados por el ataque ocurrido, según la pesquisa, cuando el grupo regresaba en un bus tras participar en un torneo escolar de fútbol.
Los cuatro meses de internamiento preventivo dispuestos por el Poder Judicial corresponden al plazo máximo previsto por ley. La Fiscalía solicitó esta medida para seis de los 10 adolescentes incluidos inicialmente en la investigación.
El episodio generó indignación en el país por las denuncias de acoso y violencia sexual en colegios privados, además de los cuestionamientos por presuntos actos de racismo y clasismo en una institución bajo administración de la Marina de Guerra.
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A raíz de la denuncia, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori oficializó la reorganización del plantel y encargó su gestión al Ministerio de Educación hasta el año siguiente, con el objetivo de asegurar la continuidad de las clases, reforzar la seguridad y prevenir situaciones de violencia.
Los episodios de violencia escolar se han mantenido relativamente estables en los últimos años, según datos de la Defensoría y del Ministerio de Educación. No obstante, los reportes de violencia sexual entre estudiantes aumentaron un 35% durante los primeros ocho meses de 2026: pasaron de 885 en el mismo período de 2025 a 1.198, de acuerdo con el sistema SíseVe del Minedu. Esta categoría abarca tocamientos, actos de connotación sexual, acoso, acoso digital y violación.
En mayo, el portafolio derogó los Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) para la Educación Básica, aprobados en 2021, y publicó nuevos lineamientos de educación sexual basados en criterios científicos, biológicos y éticos. La medida cumplió una ley promovida por la mayoría conservadora del Congreso.
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