La diputada Mady Verónica Yonz Núñez, de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N.° 163-2026-2031-CD, que propone castigar con penas de tres a cinco años de prisión a directivos y funcionarios de empresas operadoras móviles que omitan de forma dolosa bloquear líneas o equipos terminales vinculados a delitos.
La iniciativa plantea incorporar el artículo 222-E al Código Penal. El nuevo delito alcanzaría a administradores, gerentes, representantes legales o funcionarios que tengan atribuciones concretas y posibilidad real de ordenar o ejecutar la medida, siempre que conozcan un requerimiento válido del OSIPTEL.
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El requerimiento deberá ser transmitido a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Rentseg) u otro sistema oficial autorizado. Si la persona responsable no ordena o ejecuta la baja de una línea o el bloqueo de un celular dentro de un día calendario desde la recepción válida de la comunicación, podría enfrentar una investigación penal.
Renovación Popular exige probar que el responsable actuó de forma deliberada
La propuesta precisa que la pena no aplicaría por el solo hecho de ocupar un cargo en la empresa. La Fiscalía tendría que acreditar que el investigado conocía el requerimiento, tenía competencia funcional para atenderlo, contaba con la posibilidad de hacerlo y decidió omitir la acción de manera deliberada.
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El texto legislativo busca evitar que líneas o celulares identificados por las autoridades como instrumentos para cometer delitos, o directamente vinculados con ellos, continúen activos. Su exposición de motivos cita el avance de la extorsión como sustento de la iniciativa.
Según los datos recogidos en el proyecto, el Ministerio Público registró 12.634 denuncias por extorsión y chantaje entre enero y junio de 2026. De esa cifra, 11.946 correspondieron a extorsión, un promedio cercano a 66 denuncias al día.
La propuesta también menciona 214 atentados con víctimas vinculados a presuntos casos de extorsión contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao, entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Esos hechos dejaron 152 fallecidos y 131 heridos, de acuerdo con información del Observatorio de Criminalidad.
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Las operadoras ya han recibido sanciones por incumplimientos de bloqueo
El proyecto también sostiene que las infracciones no son solo una hipótesis. De acuerdo con datos de OSIPTEL citados en el documento, las principales empresas operadoras acumularon sanciones firmes relacionadas con el Rentseg por 11.895 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a unos S/ 59,15 millones.
El proyecto menciona sanciones a Viettel Perú por no bloquear oportunamente 9.418 equipos reportados por abonados y 62.841 IMEI informados por otras operadoras y países. También cita una sanción a Telefónica del Perú por retrasos en el bloqueo de 108.025 equipos reportados por usuarios y 703.052 identificadores procedentes de otras compañías y del extranjero.
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La CCL cuestiona la pena y advierte riesgos para el personal técnico
La Cámara de Comercio de Lima (CCL), gremio empresarial que reúne a más de 10.000 empresas asociadas y 16 gremios, rechazó la creación del nuevo delito. La organización respaldó el bloqueo oportuno de líneas y equipos usados para delitos, pero sostuvo que la vía penal no sería necesaria ni proporcional.
El gremio cuestionó el plazo máximo de un día calendario. Consideró que fallas técnicas, problemas de transmisión de información, dificultades de coordinación interna o una imposibilidad material podrían originar retrasos que deriven en investigaciones contra gerentes, representantes legales o personal técnico, incluso si no existió intención de incumplir.
La CCL señaló que OSIPTEL ya cuenta con facultades para supervisar y sancionar a las empresas que incumplen las obligaciones de baja y bloqueo. También recordó que el artículo 200 del Código Penal prevé penas de entre 10 y 15 años para quien proporcione deliberadamente medios destinados a cometer extorsión.
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