El Congreso de Perú avanza en el trámite de un dictamen que delegaría al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño. La iniciativa, aprobada ya por la Cámara de Diputados, pasó a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para su análisis, debate y eventual aprobación antes de llegar al pleno de la Cámara Alta, según informó Andina Noticias.
El dictamen contempla un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. Entre los puntos centrales figuran el control de celulares utilizados para delitos, el bloqueo de comunicaciones desde los penales, restricciones al acceso a armas de fuego y reformas en el sistema penitenciario, además de un endurecimiento de las sanciones para delitos de alto impacto.
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Celulares contra la extorsión
Una de las medidas más relevantes del dictamen faculta al Gobierno a fortalecer los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de los equipos celulares utilizados para cometer delitos. La propuesta incluye el registro, la trazabilidad y la suspensión, baja y bloqueo de líneas empleadas de manera ilícita.
Para ello, se ampliarán las competencias de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sobre las empresas operadoras respecto de las líneas y equipos ilícitos. De forma complementaria, el texto habilita al Ejecutivo a dictar normas que permitan implementar tecnología avanzada para detectar y bloquear señales de comunicación ilegales emitidas desde los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, con el fin de contrarrestar las extorsiones originadas dentro de las carceletas. El dictamen precisa que estos bloqueos deberán aplicarse con precisión técnica para no interrumpir la cobertura celular de los vecinos de las zonas aledañas.
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Más restricciones a las armas de fuego
El dictamen también plantea cambios en el control de armamento. Se eliminará el beneficio de registrar armas ilimitadas bajo las modalidades de caza y deporte, mientras que las denuncias falsas por supuestas pérdidas o robos de armas se sancionarán con la cancelación definitiva de la licencia de por vida. La suplantación de identidad para adquirir o portar armamento será castigada penalmente.
En paralelo, se contemplan reformas en la gestión de los penales, entre ellas la cesión de cuarteles de las Fuerzas Armadas para su reacondicionamiento como recintos penitenciarios bajo administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), destinados a reclusos de baja peligrosidad. La norma establece, además, que los adolescentes en conflicto con la ley penal que cumplan la mayoría de edad mientras purgan condena por delitos graves serán trasladados de los centros juveniles a unidades diferenciadas de máxima seguridad en penales comunes.
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Penas más severas para delitos graves
El dictamen busca endurecer las sanciones y limitar los beneficios procesales para delitos de alto impacto como:
- La extorsión.
- El sicariato.
- El secuestro.
- La minería ilegal.
Para estos casos, se acortarán las opciones de conversión de penas privativas de la libertad y la terminación anticipada. El texto también contempla la actualización de la Ley de Delitos Informáticos, con el fin de perseguir con mayor eficacia la suplantación digital, los fraudes en línea y el uso de tecnologías por parte de redes de delincuencia organizada.
A esto se suma la optimización de la plataforma de Denuncia Digital, que buscará garantizar la trazabilidad y privacidad de los denunciantes, sin que el registro informático constituya por sí solo una prueba condenatoria automática. El dictamen, según precisó Andina Noticias, es materia de debate en la Comisión de Constitución del Senado antes de pasar al pleno de la Cámara Alta. De ser aprobado, el Ejecutivo tendrá 90 días calendario para promulgar las medidas mediante decreto legislativo.
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