El Valle Sagrado de los Incas enfrenta una creciente presión por la expansión de construcciones de concreto y ladrillo. La zona, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, reúne áreas agrícolas, comunidades y cientos de sitios arqueológicos vinculados con las épocas prehispánica y colonial.
El territorio recibe cada año a varios cientos de miles de turistas que se dirigen hacia Machu Picchu. El paisaje combina montañas nevadas que alcanzan los 6.000 metros de altitud, tierras fértiles y el río Vilcanota.
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En el valle viven cerca de 100.000 personas, entre pequeños agricultores y comerciantes. El crecimiento de las edificaciones genera una disputa por el uso del suelo debido a la transformación de espacios agrícolas y de sectores próximos a lugares con valor arqueológico.
La revista francesa Le Monde, en un reportaje publicado el 17 de septiembre de 2026 por Amanda Chaparro, recoge testimonios sobre el avance de las construcciones, las dificultades de fiscalización y el aumento del valor de los terrenos agrícolas.
Ollantaytambo concentra parte de la presión urbana
El reportaje sitúa parte de esta problemática en Ollantaytambo, localidad que funciona como punto de paso hacia Machu Picchu. La publicación describe sectores donde todavía permanecen techos de paja o tejas, piedras talladas y pequeños patios interiores, junto con nuevas edificaciones de concreto.
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Andrés Fabián Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de Ollantaytambo, cuestiona el avance de la urbanización. “El paisaje está devastado”, sostiene en declaraciones recogidas por la revista.
Bravo Pinedo también afirma que algunos habitantes esperan la noche para destruir muros incas con el propósito de evitar los controles. La declaración aparece dentro del reportaje como una denuncia del dirigente sobre las prácticas que, según su testimonio, afectan el patrimonio arqueológico.
Municipalidades y Ministerio de Cultura intervienen en los permisos
Según Le Monde, las municipalidades y el Ministerio de Cultura participan en la autorización de construcciones, la aprobación de planes de uso del suelo, los controles y las eventuales sanciones por infracciones.
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Un arqueólogo del Ministerio de Cultura que trabaja en uno de los sitios del valle y que pidió mantener su identidad en reserva sostiene que existen presiones para construir y menciona posibles intereses inmobiliarios de autoridades. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la fuente anónima citada por la revista.
El mismo arqueólogo también cuestiona una práctica que, según su declaración, incluye construir en espacios patrimoniales y vulnerar las normas. La revista atribuye directamente estas afirmaciones al especialista y no las presenta como una determinación judicial.
Una empleada de la oficina regional del Ministerio de Cultura en Cusco, también citada sin identificación, señala que la institución enfrenta una falta de personal mientras recibe cientos de denuncias. Según su explicación, los expedientes se acumulan y su tramitación puede extenderse durante años.
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El caso Sheraton aparece como antecedente
Le Monde recuerda el proyecto del Hotel Sheraton, una construcción de nueve pisos prevista en el centro histórico de Cusco. El caso terminó en 2019 con una decisión judicial que dispuso su demolición.
La publicación también recoge declaraciones de T’ika Luizar Obregón, candidata a la presidencia regional por el Partido Verde y abogada que participó ante los tribunales en el caso. Según el reportaje, la candidata sostiene una posición de oposición a las afectaciones urbanísticas y ecológicas y plantea un “control territorial estricto” en caso de acceder al cargo.
El nuevo aeropuerto incrementa la presión inmobiliaria
El proyecto del nuevo aeropuerto regional de Cusco también aparece relacionado con el crecimiento de la actividad constructiva. Le Monde señala que, alrededor de las futuras pistas, surgieron edificios de siete y ocho pisos.
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En Urubamba, descrita por la revista como el principal centro urbano del Valle Sagrado, la presión sobre los terrenos también resulta elevada.
Marco Zileri, exredactor jefe de Caretas, denuncia que el alcalde aprobó un nuevo plan de uso del suelo que, según su declaración, destina 650 hectáreas de tierras agrícolas a terrenos edificables. La cifra debe entenderse como parte de la denuncia formulada por Zileri y no como una constatación independiente de la revista.
El valor de la tierra modifica las decisiones de los agricultores
El reportaje señala que el precio del metro cuadrado pasó de poco más de cinco dólares hace tres décadas a valores que pueden llegar actualmente a 300 dólares.
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Zileri vincula el incremento del valor de los terrenos con la decisión de algunos agricultores de vender sus parcelas. Según su declaración, mientras las familias no puedan vivir de sus cosechas, continuarán existiendo incentivos para ceder las tierras, incluso con el propósito de financiar los estudios de sus hijos. Para el exdirector de Caretas, la rentabilidad agrícola resulta necesaria para conservar el territorio.
El reportaje también recoge el planteamiento del ecólogo Marco Chevarria, quien propone desarrollar mercados especializados para plantas medicinales y productos cosméticos, además de impulsar cultivos como la quinua y la kiwicha. También menciona el choclo gigante, que cuenta con denominación de origen y presencia en mercados internacionales.
La transformación urbana también aparece explicada desde la perspectiva de los habitantes. Noémie Centano, una vecina de unos treinta años citada por el informe, señala que las familias necesitan ampliar sus viviendas y que los padres pueden prever un piso para cada hijo, con la posibilidad de que estos ocupen esos espacios cuando sean adultos.
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