La infraestructura resiliente representa una categoría distinta de inversión pública. A diferencia de un hospital, una escuela o un parque, cuyos beneficios recaen directamente sobre sus usuarios, su principal aporte se hace evidente cuando ocurre un evento extremo. Su función, por tanto, es preservar la continuidad económica. Una carretera diseñada para resistir inundaciones mantiene abiertas las cadenas de abastecimiento; un puente reforzado evita que una región quede aislada; una defensa ribereña protege simultáneamente viviendas, industrias y cultivos. Su rentabilidad no debe medirse por el uso cotidiano, sino por las pérdidas económicas que logra evitar.
Desde esta perspectiva, se plantea un criterio distinto para asignar recursos públicos. La decisión ya no debería basarse únicamente en cuánto cuesta construir una obra, sino en cuánto perdería el país si esa infraestructura deja de operar durante una semana, un mes o toda una campaña agrícola.
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El Foro Económico Mundial sostiene que El Niño constituye un choque sistémico que altera, de manera simultánea, la infraestructura, la logística, la producción de alimentos, la inflación y el crecimiento económico. Esto ya fue advertido en el estudio de Callahan y Mankin (2023), quienes estimaron que los eventos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 provocaron pérdidas acumuladas superiores a US$ 4 billones y US$ 5,7 billones, cuyos efectos persistieron durante varios años.
Desde esa perspectiva, la primera prioridad de inversión es el transporte y la logística. El Banco Mundial señala que la resiliencia debe incorporarse desde el diseño, la construcción y el mantenimiento de carreteras y puentes. Una vía interrumpida no solo sufre daños físicos; también paraliza exportaciones, encarece alimentos y rompe cadenas de suministro. La CAF estima que entre el 25 % y el 50 % de las pérdidas económicas se deben a estos desastres.
La segunda prioridad es la infraestructura hídrica. Canales, drenajes, reservorios y defensas ribereñas protegen ciudades, zonas agrícolas e instalaciones industriales. En un país cuya agroexportación superó los US$ 15.000 millones en 2025, reducir el riesgo de inundaciones significa proteger uno de los principales motores del crecimiento.
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La tercera corresponde a la pesca y a la infraestructura portuaria. Reuters reportó que el calentamiento del mar provocó una caída del 31 % en la actividad industrial pesquera durante los primeros meses de 2026. Puertos resilientes, sistemas de monitoreo oceanográfico y plantas de procesamiento adaptables permiten responder con mayor rapidez a cambios que ya forman parte de la nueva realidad climática.
Finalmente, la infraestructura energética y digital se ha convertido en un componente estratégico. Redes eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de monitoreo sostienen la continuidad de las empresas, los servicios públicos y las cadenas logísticas durante una emergencia.
La infraestructura resiliente no compite con hospitales, escuelas o programas sociales; por el contrario, los protege. También protege la inversión privada, las exportaciones, el empleo y la estabilidad fiscal. Con un evento de El Niño costero cuya máxima intensidad se espera hacia finales de este año, invertir con criterios de resiliencia ya no constituye únicamente una política de prevención. Es una decisión de política económica orientada a preservar la capacidad productiva del país.
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