Siete de cada diez trabajadores en el Perú son informales. Llevamos décadas lamentándolo, creando regímenes especiales, aprobando estrategias, aumentando la fiscalización y anunciando, gobierno tras gobierno, que llegó la hora de la formalización. Los resultados, sin embargo, siguen siendo pobres.
Quizás sea momento de mirar el problema desde otro ángulo: ¿qué tan viable resulta ser formal en el Perú?
Una primera pista está en nuestra productividad. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la productividad laboral peruana alcanzó, los US$ 30,212 por trabajador ajustados por costo de vida en 2025, apenas 3.1% más que en 2023. Con ello, ocupamos el puesto 24 entre 31 economías de América Latina y el Caribe. Peor aún, producimos menos de la mitad por trabajador que Chile y Argentina, y nos encontramos también por debajo de Colombia y México.
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Esto importa mucho para hablar de formalidad. Una empresa puede pagar mejores salarios y asumir mayores beneficios laborales en la medida que cada trabajador genere suficiente valor para financiarlos. Cuando la productividad es baja, ese margen se reduce. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el régimen laboral general los costos laborales no salariales representan un 62.2% adicional a la remuneración. La empresa, finalmente, decide sobre el costo laboral total, no sobre el sueldo de bolsillo. Si, además, añadimos trámites, rigideces, incertidumbre regulatoria y un sistema tributario complejo, no debería sorprendernos que muchas empresas no crezcan, permanezcan pequeñas o terminen operando total o parcialmente en la informalidad.
Así aparece un círculo difícil de romper. Una empresa poco productiva enfrenta mayores dificultades para asumir los costos de la formalidad; pero mantenerse informal también restringe su acceso al crédito, tecnología, mercados y oportunidades para crecer. Menor productividad alimenta informalidad y la informalidad, a su vez, limita la productividad.
Por eso, tratar el problema fundamentalmente mediante fiscalización resulta insuficiente. Fiscalizar es necesario, pues quien incumple deliberadamente la ley debe enfrentar consecuencias, pero fiscalizar una realidad económicamente inviable difícilmente la transformará. La propia experiencia peruana debería habernos enseñado algo: después de tantos planes y estrategias, la informalidad continúa siendo la condición predominante de nuestro mercado laboral.
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Tampoco se trata de recortar derechos. Ese suele ser el argumento con el que rápidamente se clausura cualquier discusión sobre reforma laboral. Se trata precisamente de lo contrario: conseguir que esos derechos alcancen efectivamente a más trabajadores. Derechos laborales generosos sobre el papel sirven de poco para quien permanece permanentemente fuera de la formalidad.
El problema tampoco termina en lo laboral. Los propios regímenes tributarios pueden generar incentivos perversos cuando crecer implica saltos abruptos en obligaciones y costos. Una regulación bien diseñada debería acompañar a una empresa desde que nace y facilitar su crecimiento, no castigarla cuando supera determinado umbral. La formalidad debe convertirse en algo genuinamente atractivo, mediante simplificación, digitalización y mejores incentivos, en lugar de ser entendida únicamente como una obligación.
Por eso resultan positivas las señales del Gobierno para simplificar los regímenes tributarios y avanzar hacia una nueva formalidad. Las facultades legislativas representan una oportunidad adicional para abordar reformas que durante demasiado tiempo, por temor, desidia o inoperancia, sucesivos gobiernos evitaron enfrentar.
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Formalizar no puede consistir únicamente en exigirle a una empresa que cumpla más. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo para que pueda hacerlo. Es momento de hacer que contratar, crecer y ser formal sea más simple, rentable, menos oneroso y, sobre todo, viable.
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