El caso de Yessenia Ureta, conocida como ‘China Yessenia’, y su esposo Juan Ayllón Córdova, alias ‘Pimpollo’, concentra la atención pública tras ser señalados por la policía como los principales sospechosos del incendio que dejó diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores, en el distrito de La Victoria.
El hecho, ocurrido a principios de julio, se vincula a la disputa territorial por el control del negocio de motos eléctricas, de acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Declaraciones desde la clandestinidad
En diálogo con Día D, Yessenia Ureta rechazó tajantemente las acusaciones en su contra.
“Eso es totalmente falso. Eso es lo que la policía le está haciendo, que los venezolanos digan eso”, declaró desde la clandestinidad.
La pareja sostiene que no existe vínculo directo con el incendio y que su situación se explica por una persecución impulsada por testimonios de personas detenidas por la policía.
“Extraño a mi hija, a mi hijo, a todos, porque son tan malos en culparme en algo que yo no he cometido”, expresó durante la entrevista.
El testimonio recogido pmuestra la insistencia de la acusada en desvincularse del caso y en rechazar cualquier participación en el crimen.

El conflicto por las motos eléctricas y las denuncias cruzadas
El trasfondo del caso involucra una pugna por el control de rutas y cobros en el sector de mototaxis eléctricos en el área de Gamarra, una de las zonas más disputadas de Lima. De acuerdo con la versión de la acusada, la rivalidad con Diana Cusi Sánchez, nuera de la familia Vílchez, marcó el inicio de los enfrentamientos.
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Ureta explica que conocía a un miembro de la familia rival, identificado como Farid, por su actividad en el transporte y la venta de motos eléctricas, pero niega cualquier relación con hechos delictivos.
Por su parte, Ayllón Córdova reconoce que tenía una relación laboral con Farid en el ámbito de los mototaxis, pero descarta cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Historial delictivo
El historial de Yessenia Ureta y su entorno incluye diversas denuncias. La acusada fue investigada en 2015 por agresión a comerciantes, en 2018 por cobro de cupos y en 2019 por desfigurar el rostro a una comerciante, siempre en el contexto de disputas por el control comercial en zonas populares de Lima.
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Ureta niega haber recibido notificación judicial alguna y rechaza los cargos. En 2024, acumuló otra denuncia por el presunto impago del alquiler de una moto.

La acusada asegura que la operación fue una compra legítima y que dispone de pruebas para demostrarlo. Sobre los supuestos aliados detenidos por extorsión.
El caso se complejiza por la presencia de familiares de Ureta en la Policía Nacional del Perú. La acusada admite que recurrió a la casa de su tío, efectivo policial, tras conocer su situación, pero niega que haya existido encubrimiento.
El general Víctor Revolledo, jefe de la Dirincri, sostiene que existe un patrón delictivo en el entorno de ‘China Yessenia’. Según el oficial, el grupo operaba quemando motos para amedrentar a los rivales y controlar el negocio local.
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