El primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori dejó señales importantes para el futuro de la educación superior en el Perú. Al colocar el fortalecimiento del capital humano y la mejora de la calidad educativa entre las prioridades de su gobierno, y afirmar que “la educación pública deberá volver a ser la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social”, abrió una oportunidad para impulsar reformas largamente esperadas. A ello se suma el anuncio de la ampliación de Beca 18 y la reorganización de los servicios educativos, medidas que pueden contribuir a ampliar el acceso a una formación pertinente y de calidad.
En ese contexto, la designación de José Antonio Chang como ministro de Educación constituye una noticia alentadora para el sector. Su experiencia al frente del Ministerio de Educación y su conocimiento del sistema de educación superior le otorgan las credenciales para liderar transformaciones que el país viene postergando desde hace años, como la implementación del Viceministerio de Educación Superior, un modelo de licenciamiento más ágil y diferenciado para institutos y escuelas, y la modernización de los sistemas de información y seguimiento de egresados. Hoy existe una oportunidad política y técnica que no debería desaprovecharse.
Para el sistema de educación superior especializada, este periodo no puede convertirse en una etapa de diagnóstico, sino en el inicio de decisiones concretas que permitan cerrar la histórica brecha entre la formación y las necesidades del país.
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El Perú enfrenta una paradoja que limita su desarrollo. Mientras el mercado laboral demanda cada vez más profesionales técnicos, la mayor parte de los estudiantes continúa optando por carreras universitarias que, en muchos casos, no responden a la realidad productiva. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), el 12.9 % del mercado laboral requiere técnicos, frente a apenas un 7 % de perfiles universitarios. Sin embargo, el 65.8 % de la matrícula de educación superior se concentra en las universidades. Esta desconexión no solo representa una ineficiencia del sistema educativo; también reduce la competitividad del país y restringe las oportunidades de movilidad social de miles de jóvenes.
Conscientes de esta realidad, desde ASIEES, junto con CAPPES, hemos presentado al Gobierno y a los futuros integrantes del Congreso una hoja de ruta técnica para fortalecer la educación superior especializada. La agenda de los primeros 100 días debería concentrarse en tres prioridades.
El país necesita implementar un Servicio Nacional de Orientación Vocacional que conecte a los estudiantes de secundaria con las necesidades reales del mercado laboral.
La segunda prioridad es fortalecer la institucionalidad y la calidad. Resulta impostergable implementar el Viceministerio de Educación Superior, un espacio de rectoría que permita planificar el desarrollo del sistema con visión de largo plazo. Asimismo, es necesario avanzar hacia un modelo de licenciamiento más eficiente y diferenciado, que reconozca las características propias de los institutos y escuelas de educación superior y evite replicar criterios diseñados para la realidad universitaria.
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La tercera prioridad es asegurar una formación pertinente y orientada al empleo. Para ello, el país debe consolidar una verdadera articulación entre el sistema educativo y el sector productivo, promoviendo rutas formativas que faciliten el tránsito entre CETPRO, institutos y universidades, así como la creación de una Mesa Ejecutiva permanente que acerque a la academia con las necesidades de las empresas. De igual manera, resulta fundamental implementar un sistema nacional de seguimiento de egresados que permita evaluar, con evidencia, qué programas están generando mejores oportunidades laborales.
El fortalecer la educación superior especializada no es una demanda sectorial; es una condición para elevar la productividad, impulsar la competitividad y ofrecer mayores oportunidades a millones de jóvenes. El Mensaje a la Nación y la conformación del nuevo equipo del Ministerio de Educación han abierto una ventana de oportunidad. Ahora corresponde que esa voluntad política se traduzca en decisiones concretas. Los primeros 100 días pueden marcar el inicio de una transformación largamente esperada. El país ya conoce el desafío. Es momento de actuar.