El caso de Camila, una niña indígena de Perú obligada a continuar un embarazo producto de una violación, reveló graves fallas institucionales y la continuación de la falta de respuesta estatal. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas responsabilizó al Estado peruano por vulnerar los derechos fundamentales de la menor. El dictamen ordenó una serie de reparaciones, pero el Estado solo ha cumplido parcialmente con una de las medidas principales exigidas.
Entre las acciones mínimas adoptadas figura la traducción y publicación del dictamen de la ONU en español y quechua. No obstante, no se ha avanzado en aspectos clave como la reparación integral, la despenalización del aborto en casos de embarazo infantil, ni en garantizar el acceso efectivo al aborto terapéutico para víctimas de violencia sexual, como lo establece la ley peruana.
“El Estado no está comprometido con la vigencia de los derechos de nuestras niñas, porque no solo permite las vulneraciones que ya ocurrieron, sino que además, teniendo la posibilidad de cambiar los factores o las condiciones que llevaron a esa violación, no lo hace y más bien retrocede. Entonces deja muy mal visto ante la comunidad internacional”, mencionó Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
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Abusos, criminalización y fallas institucionales
Según el expediente del caso, Camila sufrió abusos sexuales desde los 9 años y quedó embarazada a los 13. A pesar de que la legislación peruana contempla el aborto terapéutico cuando la salud física o mental de la gestante está en riesgo, los médicos presionaron a la menor para continuar con el embarazo, ignorando los graves daños psicológicos y los intentos de suicidio registrados. Cuando Camila perdió el embarazo de forma espontánea, las autoridades la sometieron a un proceso penal por presunto autoaborto, un hecho que fue calificado por la ONU como una forma de revictimización y estigmatización.
Dador explicó que el caso de Camila evidencia una cadena de fallas institucionales y que hasta la fecha, solo se ha reportado retrocesos.
“El sistema de salud no solo no le informó sobre la posibilidad de acceder a un aborto terapéutico, sino que tampoco dio una respuesta oportuna ni adecuada a la solicitud presentada”, indicó Dador.
Además, relató cómo la persecución estatal alcanzó niveles preocupantes: “Cuando detectan que está embarazada, comienzan las visitas domiciliarias con la policía para forzar el control del embarazo”.
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Órdenes incumplidas
El Comité de los Derechos del Niño exigió acciones concretas al Estado peruano, incluyendo indemnización económica, acceso a salud mental, garantías de no repetición y revisión de la legislación penal sobre aborto en niñas. Hasta la fecha, organizaciones como Promsex y Amnistía Internacional denuncian que la mayoría de estas disposiciones permanecen sin ejecución.
“Más que avances, hay retrocesos”, remarcó Dador en diálogo con Infobae, y agregó que incluso los progresos logrados, como la publicación de una guía para el aborto terapéutico en la Maternidad de Lima, fueron revertidos por presiones políticas como que tiene como figura a la congresista María Jáuregui. La directiva señaló que el Parlamento no ha debatido la despenalización del aborto en casos de violación ni ha impulsado políticas públicas efectivas para proteger a las niñas.
La directora de Amnistía Internacional Perú explicó que en los últimos años se registraron retrocesos legislativos y administrativos. El protocolo para el aborto terapéutico, que contemplaba once situaciones, fue retirado tras presiones parlamentarias. Además, la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades, aprobada en diciembre de 2025, suprimió el enfoque de género en las políticas públicas y limitó la capacitación de operadores judiciales por parte de organizaciones especializadas.
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“Hoy día está prohibido que organizaciones con experiencia en litigios contra el Estado capaciten a operadores, lo que impide avanzar en una justicia sensible a las necesidades de niñas víctimas”, manifestó.
Además, la eliminación de la educación sexual integral restringió la prevención y detección temprana de la violencia, dejando a menores en mayor situación de vulnerabilidad.
Cifras que impactan
Según el Registro de Nacidos Vivos, en 2025 se registraron 993 niñas de 14 años o menos obligadas a continuar embarazos producto de violencia sexual. Entre enero y junio de 2026, la cifra ya alcanza a 923 niñas madres. Por su parte, los Centros de Emergencia Mujer reportaron 2.427 casos de violación sexual contra niñas entre enero y abril de 2026, lo que equivale a una víctima cada 71 minutos.
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El acceso a la protección judicial y a servicios de salud sexual y reproductiva es aún más limitado para niñas indígenas y rurales. En este escenario, las menores quedan desprotegidas por el Estado peruano.