Betssy Chávez pide salvoconducto al presidente José María Balcázar antes de que deje la presidencia

El abogado de la exministra, Raúl Noblecilla, consideró que otorgar el salvoconducto sería una “rectificación democrática”

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La exministra Betssy Chávez solicitó al presidente José María Balcázar que se le otorgue el salvoconducto para salir del país y asilarse en México luego de que sufriera una emergencia médica el pasado 8 de junio. El escrito, enviado por medio de su abogado, Raúl Noblecilla, asegura que la falta de ese permiso impide su acceso regular a la atención médica.

Según la carta dirigida al mandatario, Chávez debió ser atendida de emergencia por un médico el 8 de julio debido al agravamiento de las enfermedades que padece. El documento sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino del punto más grave de una situación prolongada que ya afecta su capacidad de recibir tratamiento adecuado.

Noblecilla advirtió que, sin salvoconducto, cualquier urgencia que exija traslado a una clínica, estudios especializados o atención hospitalaria oportuna queda prácticamente bloqueada. Salir de la residencia diplomática, señaló, significaría exponer de inmediato su libertad personal.

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En la carta, el abogado de Betssy Chávez afirmó que la ausencia del permiso de salida transformó la protección diplomática en un “confinamiento material” que compromete su salud, su integridad y su dignidad. Ese es el argumento central con el que reclama una salida segura hacia México.

La exprimera ministra peruana Betssy Chávez llega para ser juzgada por los cargos de rebelión y conspiración contra el Estado en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Además de la situación médica, Noblecilla vinculó el caso con el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Perú y México y planteó que el presidente puede reanudarlas al ordenar la expedición del salvoconducto. y sostuvo que esa fractura no responde a los intereses permanentes de ambos países.

Salvoconducto es una “rectificación democrática”

La carta plantea que el presidente puede ordenar la expedición del salvoconducto a favor de Chávez para permitir su traslado seguro a territorio mexicano. La defensa presentó esa decisión como una señal de “rectificación democrática”.

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Noblecilla sostuvo además que cumplir con el salvoconducto “no es una concesión política”, sino una obligación jurídica del Estado peruano. En esa misma línea, argumentó que la medida permitiría recuperar al menos en parte la posición internacional del Perú.

“Solicito la expedición del salvoconducto correspondiente y se otorguen las garantías necesarias para su salida segura hacia México. Hacerlo sería un acto de humanidad, legalidad y responsabilidad histórica al que usted está llamado”, indica el texto enviado al mandatario.

General Óscar Arriola llegó a la Embajada de México la madrugada de Navidad para vigilar a Betssy Chávez. (Foto: Composición - Infobae)

PJ rechaza recurso para dar salvoconducto a Betssy Chávez

En mayo de este año, la Segunda Sala Constitucional de Lima resolvió no otorgar el salvoconducto solicitado para la exministra Betssy Chávez, lo que impide nuevamente que abandone la Embajada de México en Lima bajo la condición de asilada política.

En la resolución emitida el 8 de mayo, la Sala confirmó la improcedencia del habeas corpus que exigía ordenar al Poder Ejecutivo la entrega inmediata del documento diplomático, pues determinó que “no existe una amenaza cierta, real e inminente” contra los derechos fundamentales de la exfuncionaria. Según el expediente, y tal como consta en la resolución, la permanencia de Chávez en la residencia diplomática se atribuye a “una decisión propia y voluntaria” de la extitular de la PCM y, además, el trámite por el salvoconducto continúa en evaluación dentro de la Cancillería.

La decisión también aborda la demanda presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez que, desde el 25 de noviembre del 2025, alegaba la afectación de la libertad personal de Chávez. La Sala, tras estudiar el caso, señaló que no encontró fundamentos probatorios para afirmar la existencia de una amenaza concreta sobre la libertad de la exfuncionaria ni la existencia de una negativa administrativa formal sobre el salvoconducto.