Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han encendido las alarmas en la comunidad técnica peruana. El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advierte que la norma antisísmica vigente en el país, incluso para los departamentos nuevos, no está preparada para enfrentar sismos extremos.
La preocupación se centra en que, aunque el Reglamento Nacional de Edificaciones fue actualizado en mayo de 2026 con la modificación de la Norma Técnica E.030, sus estándares se mantienen por debajo de los requeridos en países como Chile o Japón, donde los códigos de construcción sísmica han evolucionado tras cada gran catástrofe.
El problema está en que el boom inmobiliario de los últimos años, que ha dado lugar a miles de nuevos condominios y departamentos en Lima, ha estado acompañado por una normativa que los especialistas consideran desfasada frente al verdadero riesgo sísmico del país.
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¿Una norma antisísmica que no alcanza el estándar internacional?
En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la comisión de gestión de riesgos y desastres del CIP Lima, Fredy Morán, explicó que “las exigencias actuales no contemplan sismos de magnitud 8,8 o superiores (escenario base), como los que ya han impactado la región”.
Aunque la nueva E.030 incluye parámetros revisados, los especialistas sostienen que el país sigue sin adoptar tecnologías avanzadas de refuerzo estructural ni prácticas de mantenimiento obligatorio que sí se exigen en ciudades japonesas o chilenas. “No basta con cumplir la norma si esta no responde al peligro real”, apunta Morán.
La inquietud no se limita a la calidad normativa. Según el CIP, cerca del 80% de la población vive en viviendas autoconstruidas, fuera del control técnico y sin fiscalización profesional. Incluso los edificios recientes, diseñados bajo la normativa oficial, quedarían expuestos ante un sismo de gran magnitud.
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“Las nuevas torres habitacionales se construyen bajo estándares que no están a la altura de la amenaza sísmica peruana. El riesgo no es exclusivo de las zonas informales”, explicó.
Autoconstrucción, informalidad y suelos inestables: la tormenta perfecta
El escenario de un sismo de magnitud 8,8 en Lima sería devastador. De acuerdo con proyecciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) citadas por el CIP, un evento de esa magnitud podría dejar al menos 7 millones de personas damnificadas y 2 millones de viviendas afectadas solo en la capital.
Además, en caso de tsunami, unas 300.000 personas resultarían directamente perjudicadas en la franja costera. Morán advierte que la vulnerabilidad es especialmente grave en los acantilados de la Costa Verde, donde la combinación de sismo y tsunami podría causar el colapso de edificios, incluso si estos resisten inicialmente el temblor.
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“El tsunami puede generar un proceso de socavación en la base de los acantilados, dejando minadas las estructuras de los edificios cercanos y exponiéndolos a derrumbes”, señala el experto.
La advertencia incluye distritos como Miraflores, Barranco y Chorrillos, donde existen numerosos condominios y torres habitacionales construidas cerca del borde costero.
Terremoto en Perú: dos franjas de silencio sísmico amenazan al país
El CIP también identifica dos franjas críticas de “silencio sísmico” en territorio peruano: una entre Lima y Chimbote, y otra entre Tacna y Arica (en la frontera con Chile), donde la acumulación de energía tectónica podría originar sismos de gran magnitud.
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Morán recalca que el peligro no solo proviene de la magnitud del terremoto, sino también de la falta de adaptación de la norma antisísmica y de la precariedad del control en la construcción.
En la capital, la naturaleza del suelo es un factor determinante. Morán subraya que zonas edificadas sobre arenas, rellenos o desmontes, como Villa El Salvador, Chorrillos y los Pantanos de Villa, amplifican el efecto de las ondas sísmicas y aumentan la probabilidad de colapso estructural.
Para las zonas costeras como La Punta, San Miguel y Magdalena, la amenaza del tsunami se suma al riesgo sísmico, con consecuencias potencialmente catastróficas.
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Una norma “desfasada”, según el CIP: ¿Y el Ministerio de Vivienda?
Consultado sobre la actualización de la norma E.030, el ingeniero Morán señala que la normativa peruana carece de enfoque prospectivo y no incorpora parámetros pensados para escenarios extremos, como terremotos de magnitud 8,8.
Indica que la responsabilidad de actualizar y fortalecer la regulación recae en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), pero el proceso suele ser lento y enfrenta limitaciones estructurales.
Además, el portavoz del Colegio de Ingenieros advierte que la “corrupción” en el sector y la falta de fiscalización desde los tres niveles de Gobierno agravan aún más la vulnerabilidad del país frente a desastres sísmicos.
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“La actualización normativa depende del Ministerio de Vivienda, porque ahí tienen que ver temas estructurales, temas de parámetros, temas de coeficientes sísmicos”, relata.
El problema de construir donde pones tu “bandera”
Pero la vulnerabilidad sísmica de Perú no solo está vinculada a la eficacia de la normativa, sino también a la forma en que crecen las ciudades. Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista, sostiene para Infobae Perú que el auge de la informalidad ha transformado radicalmente el tejido urbano de Lima.
Señala que el 91% del nuevo suelo urbano en la capital se ha generado de manera informal y que el 70% de las viviendas totales han sido autoconstruidas, muchas de ellas edificadas sobre arenas, rellenos, desmontes o suelos blandos que incrementan el riesgo estructural.
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Así, la autoconstrucción, lejos de limitarse a zonas periféricas, afecta a distritos de todo el espectro socioeconómico debido a la falta de recursos y capacidades de los municipios para fiscalizar y controlar el crecimiento urbano.
Ante esta ausencia de fiscalización y acompañamiento técnico, explica el urbanista, la mayoría de las viviendas se levantan sin planos, sin verificación profesional y con materiales de dudosa calidad, incluso en sectores donde los suelos presentan “condiciones geológicas inestables”.
Vivienda progresiva y reforzamiento: la salida que propone el urbanismo
Para el arquitecto, abordar la vulnerabilidad requiere asumir la autoconstrucción como una realidad predominante y diseñar políticas públicas que acompañen técnicamente a las familias.
Por ello, plantea la necesidad de un sistema nacional de certificación técnica y acceso a créditos para el reforzamiento de viviendas, en coordinación con los colegios profesionales. “La asistencia debe acercarse a las familias para que puedan producir sus viviendas de manera formal con profesionales calificados, pero a un precio accesible“, dijo.
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Destaca la importancia de reconocer la vivienda progresiva -como ocurre con el reciente reglamento de la Vivienda Social- e implementar programas estatales que permitan a las familias mejorar la seguridad estructural de sus casas sin exigir una reconstrucción total, especialmente en zonas de alto riesgo geotécnico.
A su juicio, la solución no está en exigir que millones de personas reconstruyan desde cero, sino en identificar y reforzar las viviendas recuperables y reubicar aquellas que sean inhabitables, priorizando siempre la evaluación técnica del suelo y la estructura. No obstante, también reconoce que, en el proceso, muchas terminarían derribadas.