La Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de Gremios Pymes-Perú advirtieron que un eventual incremento del ISC podría impactar en los precios de productos de consumo masivo, reducir las ventas de pequeños negocios y abrir más espacio al comercio informal y al contrabando.
El debate se produce en medio de los cuestionamientos de distintos gremios al mecanismo actual de modificación del ISC. Este impuesto grava productos como combustibles, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, tabaco y vehículos, entre otros, y puede tener efectos directos sobre los costos de productos de alta rotación en bodegas y comercios minoristas.
Gremios piden que el Congreso defina los cambios al ISC
Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, sostuvo que el Ejecutivo utiliza la modificación del ISC como una vía para elevar impuestos sin pasar por el Legislativo. Por ello, pidió que el Congreso asuma la discusión de cualquier cambio en este tributo.
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“Cada vez que quieren incrementar impuestos, modifican el ISC, porque eso no tiene que pasar por el Congreso. Lo decide directamente el Ejecutivo, y debería ser el Congreso quien lo decida. Los tributaristas con quienes hemos hablado nos dicen que todo lo relacionado con impuestos tiene que verse ahí, porque somos todos los contribuyentes los que lo sufrimos”, señaló.
El gremio, que afirma representar a más de 535 mil bodegas en el país, cuestionó además que el Ministerio de Economía y Finanzas justifique los incrementos del ISC bajo argumentos de salud pública o externalidades negativas, cuando —según su posición— la recaudación no se destina necesariamente a hospitales o servicios de salud, sino al erario general.
Para los bodegueros, el efecto de un alza del ISC no se limita al pago del impuesto. Choy advirtió que el incremento podría trasladarse al precio final de productos de alta demanda, afectar el consumo y golpear los ingresos diarios de miles de pequeños negocios.
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“Al aumentarnos ese impuesto, suben los precios de los productos que más rotamos. Eso lleva a que el consumidor compre menos, el fisco recaude menos, y el espacio que se abre lo ocupa la economía informal. El contrabando crece porque el producto formal se encarece, y eso beneficia a los negocios informales que no pagan impuestos”, afirmó.
Julio Pardavé, vicepresidente de la Asociación de Gremios Pymes-Perú, señaló que el país cuenta con casi 2,5 millones de empresas, de las cuales la gran mayoría son microempresas. En ese escenario, consideró que el objetivo principal debería ser reducir la informalidad, en lugar de aumentar la presión sobre quienes ya tributan.
“Si queremos combatir la informalidad, ¿por qué tenemos 8 millones de informales con tantos ministerios y empleados públicos?”, cuestionó.
Para Pardavé, cargar con más obligaciones tributarias a los negocios formales agrava una situación ya compleja. “El microempresario peruano hoy está condenado al fracaso porque está siendo extorsionado. El Estado tiene que ser el soporte para hacerlo competitivo, no otro obstáculo”, advirtió.
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Julio Surco, presidente de PYME Perú, también alertó sobre el impacto de otros mecanismos tributarios en las micro y pequeñas empresas. En particular, sostuvo que la ampliación de la percepción del IGV afecta directamente el capital de trabajo de las MYPE, porque obliga a adelantar pagos que quedan inmovilizados hasta su posterior declaración o compensación.
Surco reconoció que el Estado necesita mayores ingresos, pero planteó que el camino debería ser ampliar la base tributaria mediante la incorporación de negocios informales, antes que aumentar la presión sobre las empresas que ya cumplen con sus obligaciones.
Extorsión e inseguridad: el otro frente de las bodegas
A la preocupación tributaria se suma un problema que los gremios consideran igual o más grave: la extorsión y la inseguridad ciudadana. Según Choy, las bodegas se han convertido en uno de los blancos más frecuentes de la delincuencia organizada.
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El dirigente aseguró que el 99% de sus asociados reconoce haber sido víctima de extorsión al menos una vez. También indicó que, pese a las denuncias realizadas ante la Policía, muchos casos continúan sin una respuesta efectiva.
“Tengo un socio al que tres veces lo siguen extorsionando. Hemos hablado con la policía y absolutamente nada”, afirmó.
Choy sostuvo que el miedo ha llevado a muchos bodegueros a evitar declaraciones públicas o reducir su exposición por temor a represalias. Según dijo, algunos comerciantes temen que denunciar o hablar abiertamente termine elevando los cobros extorsivos.
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“Existe gran temor. Muchos casi no quieren expresarse porque tienen miedo de que los sigan extorsionando o les incrementen el cupo. Hasta ahora no vemos ninguna solución por parte del gobierno. Nos invitan a reuniones, se solidarizan con nosotros, pero no hay ninguna medida efectiva que haya dado resultado en materia de seguridad”, señaló.
El reclamo de los gremios combina así dos presiones que afectan directamente la operación diaria de los pequeños negocios: el costo tributario y la inseguridad. En ambos casos, bodegueros y microempresarios piden medidas concretas del Estado para evitar que más comercios formales pierdan competitividad o terminen cerrando.