El pasado domingo 7 de junio se cerró la votación de segunda vuelta y se iniciará en breve el período presidencial 2026-2031. No es un período cualquiera: nuestro presidencialismo atenuado coexistirá con un Congreso que ahora volverá a ser bicameral (con una Cámara de Diputados debilitada frente a un Senado con amplias facultades). Es un diseño institucional peligrosamente desequilibrado.
Sea que resulte victoriosa Keiko Fujimori o triunfe Roberto Sánchez, ambos requerirán consensos políticos, considerando estas cifras que vengo difundiendo hace meses:
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- 87 Diputados y 41 Senadores. Permite al Presidente gobernar más holgadamente, incluyendo la posibilidad de aprobar reformas constitucionales sin referéndum.
- 66 Diputados y 31 Senadores. Mayoría absoluta (por ejemplo, aprobar leyes orgánicas) y, en el caso del Senado, ratificar algunos tratados.
- 44 Diputados o 21 Senadores. Bloqueo de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral (que en los últimos diez años ha generado mucho caos). Fujimori tendría mayoría propia en el Senado para bloquear una vacancia; Sánchez podría lograrlo mediante alianzas con otros partidos. Eso reduce el riesgo de una nueva crisis presidencial como las que hemos vivido en el período 2016-2026, la cual impacta severamente en la Administración Pública, pero se generan otros retos.
A mi criterio, tenemos tres retos principales:
- Mantener la independencia técnica y la autonomía del Directorio del BCRP. Su autonomía debe preservarse y para ello se requieren consensos, pues el Presidente de la República propone al Presidente del Directorio y a 3 Directores, los cuales deben ser ratificados por el Senado, el cual designa a 3 Directores más. La estabilidad monetaria es vital para el desarrollo del país.
- Reformar la Constitución para recuperar un equilibrio de poderes sostenible y democrático, lo cual no significa modificar lo que ha funcionado adecuadamente y es la base para retomar un mayor crecimiento económico del país, que todos esperamos. Hoy el Presidente ha perdido peso frente al Congreso (por ejemplo, para hacer cuestión de confianza) y el Senado concentra demasiado poder (incluso frente a la Cámara de Diputados). Esto puede ser terreno fértil para más crisis políticas, si no se corrige a tiempo.
- Fortalecer la capacidad de conducción de la Administración Pública. Exige enfrentar la inseguridad, la informalidad y la pobreza, y corregir excesos del período 2021-2026, como las sucesivas prórrogas del REINFO o las leyes que afectan la estabilidad financiera del país (como lo ha advertido el Consejo Fiscal e incluso Julio Velarde).
El escenario 2026-2031 es retador. Debemos exigirles responsabilidad a nuestros actores políticos, pues nuestras autoridades deben estar genuinamente comprometidas con la democracia, la separación y cooperación de poderes. Ese debería ser el mínimo común exigible a quien sea que gane el domingo, pues en el 2031 nos deben entregar un mejor país. No hay más tiempo que perder.
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