A pocos días de la segunda vuelta, la campaña presidencial ha concentrado buena parte del debate en seguridad, economía y conflictos sociales. Sin embargo, un tema con impacto directo en inversiones, empleo y costo de vida casi no ha aparecido en la discusión electoral: la energía.
Para Betsy Figueroa, especialista en inversiones, energía e infraestructura, esta ausencia puede pasarle factura al próximo gobierno. La falta de una hoja de ruta clara para acelerar la transición energética y destrabar proyectos renovables podría restarle competitividad al Perú frente a otros países de la región.
“La energía es uno de esos temas que no genera titulares fáciles, pero que está detrás de casi todos los problemas que sí aparecen en el debate político: el costo de la canasta básica, la competitividad de las empresas y el empleo en regiones”, afirma.
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Según Figueroa, el sector suele quedar relegado por su complejidad técnica. Pero las decisiones que se tomen en los próximos años marcarán el precio de la electricidad, la capacidad del país para atraer inversiones y el margen de crecimiento de actividades claves como minería, industria y agroexportación.
Inversiones que pueden irse a otros mercados
Uno de los principales riesgos es que el capital destinado a proyectos energéticos sostenibles se dirija a otros países. América Latina compite activamente por atraer inversiones en energías renovables, y mercados como Chile, Colombia y Brasil han avanzado con mayor rapidez en marcos regulatorios y condiciones para nuevos proyectos.
“El riesgo más inmediato no es que los proyectos se cancelen, sino que el capital se reubique y vaya a otros mercados”, advierte Figueroa.
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La especialista menciona el caso de Colombia, donde los mecanismos regulatorios y los contratos de largo plazo permitieron acelerar la incorporación de energía renovable. En el Perú, en cambio, persisten retrasos que pueden afectar su atractivo frente a otros destinos de inversión.
El tema también toca a la minería. Las grandes compañías que operan en el país tienen compromisos de reducción de emisiones y requieren cada vez más energía limpia para cumplir sus metas ambientales. “Necesitan energía renovable y están dispuestas a firmar contratos de 15 a 20 años para asegurarla”, explica.
Tarifas, empresas y costo de vida
El impacto de una política energética débil no se limita a los grandes proyectos. Actualmente, cerca de la mitad de la matriz eléctrica peruana depende de fuentes no renovables como el gas y el diésel, lo que expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales.
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“Cada año de retraso en la transición es un año más de dependencia en combustibles cuyo precio no controlamos”, señala Figueroa.
Esa dependencia puede trasladarse a los recibos de electricidad y a los costos de producción de bienes y servicios. Cuando la energía sube, también se encarecen el transporte, la logística, la industria y parte de la cadena que termina llegando al consumidor.
Para las pequeñas y medianas empresas, el golpe puede ser mayor. A diferencia de las grandes compañías, tienen menos margen para absorber incrementos en energía o transporte. En regiones, esa presión puede frenar nuevos proyectos, reducir competitividad y limitar la generación de empleo.
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Cobre, litio y una oportunidad pendiente
La discusión energética no solo pasa por cómo producir electricidad. También tiene que ver con el lugar que el Perú quiere ocupar en la economía global de la transición energética. El país es uno de los principales productores mundiales de cobre y cuenta con reservas de litio, dos insumos claves para tecnologías limpias.
El problema, según Figueroa, es que el Perú aún no define cómo aprovechar mejor esa posición. El desafío no es únicamente extraer minerales, sino desarrollar industrias asociadas que permitan capturar más valor.
“Perú tiene los recursos, lo que todavía no tiene es esa deliberación estratégica”, sostiene.
La especialista pone como referencia el caso de China, que pasó de ser proveedor de materias primas a liderar la manufactura global de tecnologías solares gracias a una política industrial sostenida por más de una década. Para Figueroa, el Perú corre el riesgo de quedarse solo en la exportación de minerales si no construye una estrategia de mayor alcance.
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Las preguntas para el próximo gobierno
De cara al balotaje, Figueroa considera que los candidatos deberían responder cómo piensan destrabar proyectos renovables que ya cuentan con aprobación técnica, qué condiciones regulatorias impulsarán para contratos de largo plazo de energía limpia y cuándo se reglamentarán las normas pendientes vinculadas a la transición energética.
“Estas preguntas no son un examen técnico. Son una señal de si quien llegue al gobierno entiende que la energía es una decisión estratégica de Estado, no solo un ítem en el plan de gobierno”, concluye.
Según Figueroa, el próximo gobierno deberá definir una política energética con reglas claras para destrabar proyectos renovables, atraer inversiones y reducir la dependencia de combustibles expuestos a la volatilidad internacional.
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