Planes de gobierno y del infierno

Los planes de gobierno son, en realidad, documentos de confianza. Más allá de las promesas, lo que un inversionista, un trabajador o un ciudadano intenta responder al leerlos es algo mucho más simple: ¿hacia dónde quieren llevar al país? ¿Hacia un entorno de estabilidad institucional y crecimiento o hacia un experimento político y económico cuyos costos ya conocemos demasiado bien en América Latina? Los planes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú muestran precisamente dos rutas opuestas.

El primero puede gustar más o menos, pero se mueve dentro de los márgenes de la economía social de mercado definida por la Constitución peruana. El segundo plantea algo mucho más profundo: un desmontaje explícito de los pilares institucionales que han sostenido el funcionamiento económico del país durante las últimas décadas.

Y eso no es una interpretación exagerada. Está escrito en el propio documento. Juntos por el Perú plantea eliminar “los privilegios otorgados a los grandes monopolios”, desaparecer los contratos ley, renegociar tratados comerciales, fortalecer el rol empresarial del Estado y construir una “nueva economía” como alternativa al capitalismo. Incluso el documento habla abiertamente de avanzar hacia un “Estado de socialismo andino amazónico”.

El problema no es solamente ideológico. El problema es constitucional e institucional.

La Constitución de 1993 no solo define un conjunto de normas legales. Define un marco de incentivos económicos. Los artículos 58, 59, 60 y especialmente el 62 establecen principios fundamentales: libertad de iniciativa privada, economía social de mercado, libertad de empresa, rol subsidiario del Estado y protección de los contratos privados de todos los peruanos.

Puede sonar técnico, pero ese artículo ha sido uno de los pilares invisibles sobre los cuales el Perú logró atraer inversiones de largo plazo en minería, energía, infraestructura, telecomunicaciones y concesiones. Porque cuando una empresa compromete miles de millones de dólares necesita tener razonable certeza de que las reglas no cambiarán arbitrariamente a mitad del camino. Cuando un plan de gobierno anuncia que quiere desmontar contratos ley y replantear el modelo económico constitucional, lo que realmente está diciendo es que las reglas de juego dejarían de ser previsibles.

Y allí empieza el verdadero problema económico. Porque la inversión no huye solo de malos indicadores. Huye sobre todo de la incertidumbre institucional. América Latina está llena de ejemplos. Venezuela comenzó hablando de soberanía económica y justicia social. Argentina lleva décadas atrapada en ciclos de controles por culpa del peronismo, intervencionismo y destrucción monetaria. Bolivia, que durante años fue presentada por parte de la izquierda latinoamericana como modelo alternativo exitoso, hoy está en crisis.

Y el Perú ya vivió además su propia versión de esta película durante los años ochenta: controles, expansión estatal desbordada, destrucción de incentivos privados, pérdida de confianza, colapso de inversión y finalmente hiperinflación. Por eso resulta bastante evidente que Juntos por el Perú ha entendido que su plan genera temor. Y en las últimas semanas ha intentado moderar esa percepción incorporando economistas de izquierda considerados más pragmáticos o menos radicales. El problema es que la credibilidad no se construye trayendo algunas caras moderadas a último momento mientras el documento central sigue proponiendo cambios estructurales profundamente disruptivos.

¿Qué vale más? ¿El plan escrito o las entrevistas posteriores tratando de suavizar posiciones? ¿La propuesta constitucional o los mensajes tranquilizadores dirigidos al mercado? Allí aparece precisamente el principal déficit de esta candidatura: credibilidad. Porque cuando un plan reivindica ideas que recuerdan demasiado a las recetas que llevaron al Perú a la depresión económica de los ochenta, o a experimentos latinoamericanos que terminaron destruyendo crecimiento, ahorro y empleo, no basta luego con afirmar que “no será tan radical”.

Algo similar ocurre con propuestas como elevar abruptamente la remuneración mínima a S/1,500. En una economía donde más del 70% del empleo es informal y donde millones de pequeñas empresas sobreviven con productividad extremadamente baja, medidas de este tipo pueden terminar expulsando aún más trabajadores hacia la informalidad. La evidencia internacional muestra que en economías altamente informales, aumentos agresivos del salario mínimo suelen terminar perjudicando precisamente a los trabajadores más vulnerables y a las Mypes formales que intentan sobrevivir cumpliendo reglas.

En contraste, el plan de Fuerza Popular se mueve dentro de un marco mucho más convencional: estabilidad macroeconómica, inversión privada, seguridad jurídica y crecimiento como mecanismo de generación de empleo formal. Tiene vacíos, exageraciones y varios componentes discutibles, pero no plantea desmontar el andamiaje constitucional económico. Y esa diferencia no es menor.

Porque al final, detrás de los planes de gobierno, lo que realmente está en juego es si el Perú seguirá corrigiendo sus enormes problemas dentro de un marco de estabilidad institucional… o si volverá a coquetear con caminos que demasiadas veces terminaron convirtiendo planes de gobierno en verdaderos planes del infierno.