La situación judicial del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresará a una nueva etapa el próximo 27 de mayo, fecha en la que el Poder Judicial evaluará el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en los reportes financieros entregados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La fiscalía ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra el exministro, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia del partido político. El caso está relacionado con la supuesta presentación de información falsa sobre aportes, ingresos y gastos partidarios correspondientes a campañas y ejercicios financieros desarrollados entre 2018 y 2020.
Según información difundida por El Comercio, la acusación fue formulada por el fiscal Humberto Ruiz, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, quien atribuye a Sánchez los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre financiamiento político.
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Fiscalía cuestiona reportes financieros de 2018, 2019 y 2020
La investigación fiscal sostiene que las presuntas irregularidades se habrían cometido durante distintos ejercicios financieros y campañas electorales entre 2018 y 2020. De acuerdo con la acusación citada por el mismo medio, Juntos por el Perú habría reportado ante la ONPE que no registró ingresos ni gastos en determinados procesos, pese a la existencia de movimientos económicos vinculados a actividades partidarias.
En el caso de las elecciones regionales y municipales del 2018, la fiscalía señala que Roberto Sánchez firmó documentos presentados el 21 de enero y julio de 2019 en los que el partido consignó que no había recibido aportes ni efectuado gastos de campaña. Sin embargo, la tesis fiscal sostiene que esa información no se ajustaría a la realidad.
Según la investigación, durante ese periodo se abrió una cuenta bancaria en el BCP a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial y entonces presidente del Comité Nacional Electoral de JP— donde se registraron ingresos y egresos por S/204.951,36. Pese a ello, el partido habría declarado “S/0.00” en la información financiera remitida ante la ONPE.
Cuentas y depósitos no reportados
La acusación también incluye observaciones sobre los ejercicios financieros correspondientes a 2019 y 2020. El Ministerio Público sostiene que otra cuenta bancaria mancomunada vinculada a integrantes del partido recibió depósitos por S/75.750 durante el proceso de las elecciones congresales extraordinarias del 2020.
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De acuerdo con El Comercio, esos ingresos tampoco habrían sido reportados correctamente ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. La fiscalía sostiene que, nuevamente, la organización política declaró montos distintos a los movimientos detectados en las cuentas investigadas.
Asimismo, el requerimiento fiscal cuestiona un supuesto aporte en especie valorizado en S/27.400 por el uso de un local partidario durante el 2020. La acusación indica que el ciudadano consignado como aportante negó posteriormente haber realizado dicha contribución.
Roberto Sánchez niega irregularidades
Durante sus declaraciones ante el Ministerio Público, Roberto Sánchez rechazó haber cometido delitos relacionados con el manejo de aportes de campaña y cuestionó la interpretación fiscal sobre los depósitos observados en cuentas vinculadas al entorno partidario. El candidato presidencial sostuvo que los montos recaudados correspondían a actividades internas del Comité Electoral de Juntos por el Perú y no a fondos partidarios sujetos a supervisión de la ONPE.
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“No ha existido cobro de tasas para los postulantes a candidatos en las elecciones del 2018”, declaró Sánchez durante las diligencias fiscales. Además, aseguró que William Ricardo Sánchez Palomino “nunca ha sido tesorero del Partido Político Juntos por el Perú”, en respuesta a la tesis fiscal que vincula cuentas bancarias manejadas por su hermano con presuntos aportes no reportados.
El exministro también afirmó que los vouchers y depósitos mostrados por la fiscalía correspondían a dinero administrado por el Comité Electoral Nacional, órgano que —según indicó— actuaba de manera autónoma dentro de la organización política. “Ese dinero no se puede considerar como fondos partidarios, ni se puede considerar como parte de la actividad financiera de la organización política que regula la ONPE”, manifestó Roberto Sánchez en su declaración ante el Ministerio Público, citada por El Comercio.
Exdirigente de JP explica cómo se depositaba al partido
Uno de los elementos incluidos en la investigación es la declaración del exdirigente de Juntos por el Perú, Leandro Afrade Cerna Herrera, quien explicó ante la fiscalía el mecanismo utilizado para recaudar dinero durante las campañas electorales.
Según su testimonio, los postulantes y militantes realizaban depósitos en una cuenta bancaria administrada por William Sánchez Palomino. Afrade afirmó que las bases regionales enviaban posteriormente los vouchers de depósito a Roberto y William Sánchez Palomino como constancia de pago.
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“Ricardo Sánchez Palomino aperturó una cuenta en el Banco de Crédito y sacaron unas tasas entre comillas, para que todos los postulantes a nivel nacional depositáramos los montos”, declaró el exdirigente ante el Ministerio Público, según el diario.
Defensa rechaza acusación y plantea prescripción
La defensa legal de Roberto Sánchez sostiene que el Ministerio Público no ha demostrado que los recursos económicos observados hayan sido utilizados para beneficio personal del candidato presidencial. Carlos García Asenjo, abogado del dirigente político, afirmó que el dinero era destinado a actividades internas y gastos de campaña.
El abogado también indicó que parte de la investigación ya fue archivada anteriormente mediante una excepción de improcedencia de acción, mecanismo jurídico utilizado cuando se considera que los hechos investigados no constituyen delito.
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Además, la defensa señaló a El Comercio que el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo podría prescribir en los próximos meses. No obstante, reconoció que el delito relacionado con el falseamiento de información sobre aportes partidarios todavía mantiene plazo vigente para continuar siendo investigado penalmente.