Las truchas muertas que cubren las pozas y orillas del río Yuracyacu son retiradas y enterradas como parte de las primeras medidas de contención adoptadas por las autoridades. Equipos técnicos coordinan con los piscicultores el recojo de los peces en descomposición para evitar riesgos sanitarios y frenar la propagación de posibles agentes contaminantes en la cuenca. Esta labor se desarrolla en paralelo con la toma de muestras de agua y la instalación de barreras de control en sectores estratégicos.
El volumen de peces sin vida obliga a una respuesta inmediata. La disposición final de las truchas se realiza bajo supervisión técnica, mientras se evalúan alternativas para mitigar el impacto ambiental. La prioridad consiste en evitar que los residuos afecten otros tramos del río o comprometan actividades productivas cercanas.
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En este escenario, las familias dedicadas a la piscicultura enfrentan la pérdida total de su producción. La emergencia altera el abastecimiento previsto hacia el mercado nacional y deja sin ingresos a productores que dependen de esta actividad como principal sustento.
Retiro masivo y control sanitario en la cuenca
El Gobierno Regional de Junín desplegó brigadas especializadas para ejecutar acciones de contingencia en las zonas afectadas. Entre las medidas principales figura el retiro de truchas muertas de las pozas de cultivo y su entierro en áreas definidas para reducir riesgos de contaminación secundaria.
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Las labores incluyen la instalación de barreras de control en el sector Agua Blanca, con el objetivo de contener cualquier residuo que avance por el río. De forma simultánea, técnicos recogen muestras de agua para análisis en laboratorio, en busca de identificar sustancias que expliquen la mortandad.
Estas acciones se coordinan con los productores locales, quienes reportaron la aparición de agua con coloración inusual y peces sin vida tanto en criaderos como en el cauce natural.
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Impacto económico en piscigranjas
El alcance del daño abarca al menos siete piscigranjas ubicadas en sectores como San Balbín, Paltarumi, Cabracancha y Antarpa. La pérdida incluye ejemplares en todas sus etapas de desarrollo, desde alevinos hasta reproductores.
Edgar Quinto, representante de la piscigranja Wajocha, detalló la magnitud del perjuicio: “tenemos una pérdida total de peces de un millón seiscientos treinta y tres mil trescientos ocho unidades”. En términos económicos, precisó: “la pérdida total es de dos millones ciento ochenta mil ochocientos treinta punto dos soles”.
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El productor también advirtió sobre las consecuencias en la cadena de suministro: “todo esta mercadería estaba destinado al mercado nacional. Entonces, ahora nos vemos afectados y prácticamente se va a dejar de abastecer al mercado nacional”.
Otros piscicultores reportaron cifras similares, con estimaciones que superan las 80 toneladas de trucha perdidas en conjunto.
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Las denuncias de los pobladores apuntan a una posible contaminación vinculada a actividades mineras en la parte alta de la cuenca. Ante ello, la Dirección Regional de Energía y Minas realizó inspecciones en la zona, en coordinación con otras entidades.
Durante una diligencia conjunta, autoridades se trasladaron a la unidad minera Oro Negro, registrada en el REINFO, donde identificaron afloramientos de agua que discurren hacia el río Yuracyacu. La Autoridad Local del Agua Mantaro tomó muestras para determinar la presencia de contaminantes.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la verificación de piscigranjas afectadas, donde constató la presencia de peces muertos en distintas fases de crecimiento. La entidad indicó que continuará con el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades competentes.
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Investigación fiscal y acciones legales
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, inició investigaciones para establecer el origen de la contaminación y determinar responsabilidades. La Policía Nacional del Perú, en su división de Medio Ambiente, participa en las diligencias junto con organismos técnicos.
Los productores exigen resultados concretos. Uno de ellos señaló: “necesitamos que hagan una investigación exhaustiva para dar con los responsables que han causado este desastre natural”. También afirmó que el impacto alcanzó a todos los criaderos del área: “la mortalidad ha sido al cien por ciento. Prácticamente no se ha salvado ninguna trucha”.
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El Gobierno Regional de Junín anunció que impulsará acciones legales una vez que se confirmen las causas del incidente. Estas medidas incluirán sanciones administrativas y penales contra quienes resulten responsables, según lo indicado en el comunicado oficial.
Mientras avanzan las investigaciones, las labores de limpieza y control continúan en la cuenca del Yuracyacu, en un intento por contener los efectos de un evento que alteró de forma directa la actividad productiva de la zona.
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