La Fiscalía inició una investigación preliminar por presunta trata de personas luego de recibir denuncias sobre la captación de ciudadanos peruanos mediante supuestas ofertas laborales en Rusia.
Según las denuncias, los afectados viajaron tras firmar contratos para trabajar en actividades de seguridad, cocina o conducción y, al llegar, sus pasaportes fueron confiscados y se les obligó a participar en el conflicto armado contra Ucrania.
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La investigación está a cargo de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte, que han dispuesto diligencias urgentes como la toma de declaraciones, el pedido de información a Cancillería y Migraciones, y la coordinación con la Policía Nacional.
En los últimos días, al menos 135 familias han presentado denuncias, aunque abogados que representan a los afectados estiman que el número real podría superar los 250 casos.
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Se reportan testimonios en los que los contratos fueron suscritos en lugares informales, en ocasiones en idioma ruso, y que al arribar a territorio extranjero, algunos ciudadanos fueron entregados a grupos armados y sometidos a entrenamiento militar antes de ser enviados a la línea de combate.
Las familias de los afectados afirman que han perdido contacto con sus allegados, algunos desde hace más de dos semanas, y que existen casos de peruanos heridos y fallecidos en el frente de guerra.
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Respuesta estatal y acciones internacionales
Ante la proliferación de denuncias, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Embajada de Rusia en Lima información sobre la ubicación y el estado de salud de los ciudadanos peruanos en la zona de conflicto.
La embajada rusa respondió que proporcionará datos en breve, en conformidad con la legislación vigente y en interacción directa con los familiares designados por los connacionales.
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El gobierno peruano también instruyó a su embajador en Moscú a intensificar el diálogo con autoridades rusas para abordar esta problemática y dispuso la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, Defensa, Trabajo y Cancillería para articular acciones y dar seguimiento a los casos.
Los abogados de las familias denunciantes señalan que la mayoría de los peruanos captados carece de experiencia militar, y que fueron atraídos por ofertas de empleo difundidas en redes sociales, con promesas de salarios elevados.
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Se reportan situaciones en que los afectados, tras llegar a Rusia, habrían sido forzados a firmar nuevos contratos y a permanecer incomunicados durante semanas. Algunos testimonios recabados incluyen audios enviados desde zonas de combate donde se solicita auxilio ante la falta de apoyo consular y la exposición al peligro.
El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que carezcan de garantías verificables, para prevenir nuevas situaciones de captación y explotación.
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Asimismo, reafirmó su compromiso de impulsar las investigaciones y coordinar, junto a entidades nacionales e internacionales, la protección y eventual repatriación de los peruanos afectados.
En paralelo, se han reportado casos similares en otros países de la región, donde ciudadanos fueron captados bajo modalidades similares para ser enviados a zonas de conflicto.
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