La Central Asháninka del Río Ene (CARE) volvió a alzar la voz frente a lo que considera una nueva amenaza para su territorio ancestral. A través de un pronunciamiento público, la organización indígena rechazó el reciente Proyecto de Ley N.° 14442/2025-CR, que busca declarar de interés nacional la construcción de la hidroeléctrica Pakitzapango, en la provincia de Satipo, región Junín. La iniciativa, impulsada desde el Congreso, reabre un debate histórico marcado por conflictos sociales, cuestionamientos ambientales y denuncias por vulneración de derechos colectivos.
El posicionamiento de CARE no solo pone en agenda el futuro del proyecto Pakitzapango, sino que también reactiva una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo en la Amazonía peruana. La organización, que agrupa a 45 comunidades asháninkas del río Ene, advierte que esta propuesta no es nueva y que, por el contrario, forma parte de una serie de intentos que —según sostienen— han buscado imponerse sin el consentimiento de los pueblos indígenas involucrados.
CARE rechaza reactivación de Pakitzapango y denuncia vulneración de derechos indígenas
En su pronunciamiento, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) expresa un rechazo categórico a la reactivación del megaproyecto hidroenergético. La organización sostiene que el Proyecto de Ley N.° 14442/2025-CR representa la continuidad de una agenda que, históricamente, ha intentado implementar iniciativas extractivas en la cuenca del río Ene sin legitimidad social.
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CARE advierte que el proyecto ya fue cuestionado en el pasado por sus impactos en el territorio, la cultura y el entorno natural. En ese sentido, consideran que declararlo de “interés nacional” sería una estrategia para reabrir una iniciativa que no cuenta con el respaldo de las comunidades. “No se trata de una propuesta nueva ni aislada”, enfatiza el documento, en el que se alerta sobre una posible imposición que desconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la denuncia de una vulneración sistemática de derechos. La organización recuerda que este tipo de iniciativas deben cumplir con el derecho a la consulta previa, establecido en el Convenio 169 de la OIT, así como en la normativa peruana vigente. Sin embargo, aseguran que el proyecto ha sido promovido sin diálogo ni consentimiento libre, previo e informado.
Además, CARE señala que no es la primera vez que se intenta impulsar Pakitzapango. Mencionan antecedentes durante el gobierno de Alan García, el Acuerdo Energético entre Perú y Brasil, así como propuestas legislativas recientes. En ese contexto, exigen el retiro inmediato del proyecto de ley y advierten que su avance podría reabrir conflictos sociales en una zona históricamente golpeada por la violencia.
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Impactos territoriales, ambientales y sociales: lo que advierte CARE sobre la hidroeléctrica
El pronunciamiento también detalla los posibles impactos que tendría la construcción de la Central Hidroeléctrica de Pakitzapango. Según información técnica citada por CARE, la represa generaría un embalse de aproximadamente 95 kilómetros a lo largo del río Ene, lo que implicaría la inundación de cerca de 73 mil hectáreas de territorio, incluyendo más de 45 mil hectáreas de tierras comunales indígenas.
Entre las comunidades potencialmente afectadas figuran Potsoteni, Cutivireni, Quempiri, entre otras, cuyos territorios forman parte de la vida cotidiana, económica y espiritual del pueblo asháninka. La organización advierte que esta afectación no solo comprometería espacios físicos, sino también la supervivencia cultural de estas comunidades.
El documento también alerta sobre la pérdida de bosques primarios y secundarios, áreas agrícolas, fuentes de pesca y biodiversidad. Asimismo, se menciona el riesgo de desplazamiento forzado de familias, lo que —según CARE— podría reactivar experiencias de desarraigo similares a las vividas durante el conflicto armado interno.
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En paralelo, la organización cuestiona el discurso que presenta el proyecto como sinónimo de desarrollo o seguridad energética. Señalan que el país cuenta con una producción eléctrica diversificada y que las brechas de acceso no responden necesariamente a la falta de generación, sino a problemas de distribución e infraestructura.
Finalmente, CARE exige al Congreso de la República archivar de manera inmediata el proyecto de ley y cualquier otra iniciativa vinculada a Pakitzapango. La organización insiste en que cualquier propuesta de este tipo debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y contar con su consentimiento. Mientras tanto, el pronunciamiento cierra con una consigna clara: “¡Pakitzapango no va!”.