La muerte masiva de truchas en la sierra central encendió una alerta que trasciende lo ambiental y golpea de forma directa a la economía local. En el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, la cuenca del río Yuracyacu se convirtió en el foco de una emergencia que involucra a autoridades regionales, productores y entidades de control.
El episodio se conoció tras reportes de pobladores y piscicultores que observaron un cambio abrupto en las condiciones del agua y la pérdida total de su producción. La magnitud del daño obligó a activar mecanismos de respuesta inmediata, mientras crece la preocupación por el impacto en la salud, la agricultura y la continuidad de la actividad acuícola en la zona.
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La situación también generó tensión entre la población, que exige respuestas rápidas, y las autoridades, que iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades. La incertidumbre se mantiene mientras se esperan resultados técnicos que permitan esclarecer el origen del problema.
Mortandad masiva y colapso productivo
El caso se centra en la muerte de más de 2.5 millones de truchas en diversas localidades como San Balbín, Paltarumi, Cabracancha y Antarpa. Según información recogida en la zona, al menos siete piscigranjas resultaron afectadas, con una pérdida estimada de más de 500 mil ejemplares, equivalentes a cerca de 80 toneladas.
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Los productores indicaron que el hallazgo ocurrió la mañana del lunes 17 de abril, cuando encontraron las pozas completamente colapsadas. El agua presentaba una coloración blanquecina, y en las orillas del río también aparecieron truchas silvestres sin vida. Este escenario reforzó la sospecha de una posible contaminación.
Rubén Quinto Guerra, productor acuícola, afirmó que la pérdida resultó total y que la inversión superaba los dos millones de soles. Su testimonio reflejó el impacto económico inmediato en familias cuya principal fuente de ingreso depende de la piscicultura.
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Frente a la emergencia, el Gobierno Regional de Junín envió un equipo técnico especializado con el objetivo de evaluar los daños y ejecutar acciones de mitigación. Entre las primeras medidas se incluyó la toma de muestras de agua para análisis de laboratorio, así como la recopilación de información junto a los productores.
El plan de contingencia contempla estrategias para el repoblamiento de especies y la gestión de apoyo económico a los afectados. De forma paralela, la Dirección Regional de Producción (DIREPRO) instaló barreras de control en el sector Agua Blanca y puso en marcha protocolos de limpieza para frenar la expansión del problema.
Las autoridades regionales anunciaron además el inicio de acciones legales contra los responsables, una vez que se confirme el origen de la contaminación. Según el comunicado oficial, se aplicarán sanciones administrativas y penales.
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Producción acuícola y tiempos de recuperación
La magnitud del daño adquiere mayor relevancia al considerar los tiempos de crianza de la especie afectada. Según información del Gobierno de Perú, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), la crianza comercial de la trucha hasta alcanzar un peso de mercado de entre 250 y 350 gramos requiere en promedio entre siete y nueve meses.
Este proceso incluye una etapa de incubación de aproximadamente 25 días, seguida por el periodo de alevinaje, que se extiende durante unos tres meses hasta que los peces alcanzan cerca de 10 centímetros. Posteriormente, la fase de engorde demanda entre cinco y seis meses adicionales para lograr el tamaño comercial.
De acuerdo con la misma fuente, la temperatura del agua constituye un factor determinante en el crecimiento, con un rango óptimo entre 11 °C y 16 °C. En condiciones más frías, entre 4 °C y 8 °C, el desarrollo resulta más lento. La producción en Perú se concentra principalmente en zonas altoandinas, donde estas variables influyen de forma directa en el rendimiento.
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El organismo también precisa que la alimentación se basa en insumos concentrados en las distintas etapas del cultivo y que existen periodos de veda reproductiva establecidos por el Estado, generalmente hasta el 31 de agosto, con el fin de proteger la especie.
Denuncias, sospechas y reclamos locales
La población de San Balbín expresó indignación ante lo ocurrido. Un ciudadano de la comunidad se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar el desastre ambiental y advertir sobre el riesgo que enfrenta la zona. Indicó que el río constituye una fuente esencial para el consumo humano y la actividad agrícola.
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Los habitantes señalaron que la economía local depende tanto de la piscicultura como de cultivos como palto, maíz y frijol. La posible contaminación del agua genera preocupación por sus efectos en estos productos, varios de los cuales se destinan a exportación.
Algunos pobladores atribuyen la situación a la actividad de una minera ubicada en la parte alta del valle de Pariahuanca. Exigen que esta empresa sea incluida en las investigaciones para determinar si existe responsabilidad en el hecho.
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Intervención de autoridades y acciones preventivas
Miembros de la Policía y del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar diligencias. En paralelo, el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe, dispuso la suspensión temporal del uso del agua del río Yuracyacu para riego y recomendó evitar el contacto directo como medida preventiva.
La autoridad local también solicitó la intervención de la Autoridad Nacional del Agua y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con el fin de ampliar las investigaciones y contar con un análisis integral de la situación.
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Mientras avanzan las pericias, los productores afectados permanecen a la espera de resultados que permitan conocer las causas del evento. La continuidad de la actividad acuícola y la seguridad del recurso hídrico se mantienen como preocupaciones centrales en la zona.