El Perú de hoy es una economía abierta. No es un accidente ni una casualidad. Es el resultado de décadas de decisiones consistentes y de una agenda compartida entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil. Los resultados son claros. Las exportaciones pasaron de cerca de US$ 7,000 millones en el año 2000 a más de US$ 90,000 millones el último año. Las agroexportaciones, de apenas US$ 642 millones, hoy superan los US$ 15,000 millones. No es retórica; es evidencia.
Pero ese avance no es irreversible. Hoy enfrentamos una pérdida de competitividad que limita nuestra capacidad de aprovechar plenamente esa apertura. Rigideces laborales, brechas de infraestructura —que golpean con más fuerza a las regiones—, una permisología excesiva y una institucionalidad debilitada están frenando la inversión. Sin competitividad, la apertura no genera bienestar. Y sin bienestar, el descontento social persiste y abre espacio a ideologías que ya han demostrado ser fallidas.
En ese contexto, resulta particularmente preocupante que algunas propuestas de una de las opciones que podría llegar a segunda vuelta apunten en sentido contrario a la evidencia. Desde el entorno de Roberto Sánchez se plantea una mirada crítica de la apertura comercial, con señales de proteccionismo, revisión de acuerdos y un mayor énfasis en el mercado interno. Incluso, se ha sugerido limitar exportaciones para “asegurar” el abastecimiento interno.
La pregunta es inevitable: ¿a dónde irían los más de US$ 2,400 millones en arándanos que exporta el Perú, o las 756,000 toneladas de uvas? Limitar el comercio no protege; destruye mercados, ahuyenta inversión y golpea el empleo.
Pero el impacto no se limita a las exportaciones. Las importaciones también han sido un componente fundamental del desarrollo económico. En el año 2000, el Perú importaba alrededor de US$ 7,441 millones. Hoy, esa cifra supera los US$ 60,000 millones. Lejos de ser un problema, este proceso ha permitido ampliar la oferta de bienes, reducir costos para consumidores y empresas, e incorporar tecnología y bienes de capital que elevan la productividad.
Cerrar o restringir el comercio no solo afecta a quienes exportan. También golpea a quienes producen para el mercado interno. Muchas industrias dependen de insumos importados para operar. Limitar ese acceso encarece la producción, reduce la competitividad y termina trasladándose a precios más altos para los consumidores. El impacto es transversal.
El problema del Perú hoy no es la apertura. Es la falta de competitividad para aprovecharla mejor. Pretender corregir ese problema cerrando la economía es un error garrafal, además de innecesario. La historia económica —no solo del Perú, sino del mundo— es clara al respecto.
El camino debería ser otro. Reducir barreras burocráticas, agilizar procesos, cerrar brechas de infraestructura, fortalecer instituciones y generar condiciones para una mayor inversión privada. Es ahí donde se juega el crecimiento sostenible y la generación de bienestar.
Desandar lo avanzado no es una opción. Porque cerrar la economía no es una solución. Es, simplemente, retroceder sobre lo que tanto costó construir.