La postergación de la compra de los aviones de combate F-16 por parte del gobierno de José María Balcázar generó una oleada de reacciones diplomáticas, políticas y empresariales. El acuerdo, que contemplaba la adquisición de hasta 24 cazas de última generación para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quedó en pausa tras el anuncio del mandatario, quien prefirió delegar la decisión definitiva al próximo gobierno.
El episodio reconfigura la agenda de defensa nacional y tensa las relaciones con Estados Unidos, principal oferente del contrato a través de la empresa Lockheed Martin.
Según informaron medios como LP Derecho, el presidente José María Balcázar sostuvo que, debido al carácter transitorio de su gestión, corresponde al siguiente gobierno resolver una operación de esta magnitud.
“Dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio de 2026, pienso yo que, por ahora, es cuestión de conversar con el gabinete, de que dejaríamos para el nuevo gobierno (…) para que enfrente temas de esta gran magnitud”, declaró el mandatario a Exitosa.
Pese al cronograma heredado de administraciones anteriores, Balcázar sostuvo que “eso no significa que el cronograma sea inamovible”.
El contrato, programado para firmarse el viernes 17 de abril entre el Estado peruano y Lockheed Martin, incluía un primer lote de 12 aviones F-16 Block 70. La ceremonia, prevista en el Palacio de Gobierno o en la base aérea Las Palmas, fue suspendida en el último momento.
Reacciones en Washington
La decisión de aplazar la firma no pasó desapercibida en la Embajada de Estados Unidos. El embajador Bernie Navarro expresó de inmediato su descontento en la red social X: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.
El jefe de Estado solicitó la colaboración para que las compras se realicen “de forma transparente, democrática y respetando todos los procedimientos de compras internacionales que se han estado haciendo, con Francia, con Suecia”.
Balcázar recordó que en la competencia participaron tres empresas: la estadounidense Lockheed Martin, la francesa Dassault Aviation y la sueca Saab.
Las voces del sector
El impacto de la suspensión se extendió al ámbito político y empresarial. Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, exhortó públicamente a Balcázar a cumplir con los compromisos asumidos para la compra de los F-16.
“Incumplir con estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales, de seguridad y de acceso migratorio para los peruanos con Estados Unidos”, advirtió López Aliaga en su cuenta de X.
El político recordó que ambos países mantienen relaciones diplomáticas y comerciales de más de dos siglos y subrayó la importancia de preservar la seguridad jurídica en los acuerdos internacionales.
La Cámara de Comercio de Lima también se pronunció, instando al Estado a “honrar los compromisos asumidos y actuar con seriedad, previsibilidad y buena fe en las negociaciones”. El gremio advirtió que la postergación indefinida de este tipo de decisiones “genera incertidumbre y debilita la imagen del país”.
El trasfondo del proceso
Según información de Defensa.com, la operación formaba parte del programa “Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial y Precisión en las Operaciones Militares” del Grupo Aéreo N° 4. El presupuesto total ascendía a 3.500 millones de dólares para la adquisición de 24 aviones: 20 monoplazas y 4 biplazas.
La primera etapa implicaba una inversión inicial de 2.000 millones de dólares, financiados por el Presupuesto Nacional y la emisión de bonos soberanos. El plan incluía contratos directos y a través del programa FMS (Foreign Military Sales), además de compensaciones industriales y sociales (offset), como el desarrollo conjunto de un dron de medio alcance y la certificación de capacidades de mantenimiento en el país.
El jefe de la Unidad de Investigación de La República, Ángel Páez, señaló que el proceso de selección habría estado marcado por una presunta interferencia política, con un claro favoritismo hacia la propuesta estadounidense.
“Lo que más bien llama la atención es la característica del proceso. Parece que ha habido una interferencia política para inclinarse por la propuesta de los F-16, porque está de acuerdo con la política global de seguridad que ha definido el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó Páez en Exitosa.
Debate sobre la política de Estado y el rol del Ejecutivo
El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay rechazó la postergación y defendió la continuidad del proceso, independientemente del cambio gubernamental.
“El Perú no debe soslayar, no debe frenar, debe culminar el proceso, independientemente del jefe de estado de turno”, afirmó Rodríguez Mackay, citado por Exitosa.
El exministro remarcó que la decisión política corresponde al Ejecutivo y que las Fuerzas Armadas cumplieron con los procedimientos técnicos y administrativos exigidos.
Ante la consulta sobre la recomendación de frenar la compra por eventuales cuestionamientos en los procedimientos, Rodríguez Mackay sostuvo: “Se ha cumplido el proceso. Nuestras Fuerzas Armadas trabajan muy seriamente, han hecho todo el expediente, todo completo”.
La suspensión de la firma del contrato deja en suspenso la modernización de la Fuerza Aérea del Perú y abre la puerta a que el próximo gobierno tome una decisión definitiva sobre el futuro del programa de defensa aérea nacional.