La controversia por la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sumó un nuevo capítulo luego de que el exburgomaestre limeño y aspirante presidencial Rafael López Aliaga criticara públicamente la decisión del gobierno transitorio de suspender la firma del contrato para adquirir aeronaves F-16 a United States.
Mediante un mensaje difundido en la plataforma X, el líder político sostuvo que el Estado peruano debe mantener la palabra empeñada en las negociaciones internacionales y afirmó que detener el proceso podría perjudicar la relación bilateral con Washington. Su pronunciamiento se conoció un día después de que el Ejecutivo anunciara que dejará la decisión final en manos del próximo gobierno.
“Exijo que el presidente interino Balcázar honre los acuerdos ya finalizados en relación con la adquisición de las aeronaves F-16. El incumplimiento de estos compromisos tendrá graves consecuencias comerciales y de seguridad, y afectará el acceso migratorio para los peruanos en los Estados Unidos”, señaló en su publicación.
En su publicación, advirtió además que un eventual incumplimiento tendría repercusiones en tres frentes: comercio, seguridad y movilidad migratoria para ciudadanos peruanos. El mensaje fue dirigido también al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y a la Embassy of the United States in Peru, instituciones etiquetadas en la red social.
Gobierno posterga decisión por costo fiscal
Horas antes, el encargado de la presidencia del Perú, José María Balcázar, defendió la paralización temporal del proceso y aseguró que no existe rechazo a modernizar la capacidad aérea del país. Según explicó, el tema pasa por la magnitud económica de la operación y por la naturaleza provisional de su administración.
La compra de los cazas ha sido valorizada en alrededor de US$ 3,500 millones, monto que convertiría la operación en una de las adquisiciones militares más grandes de las últimas décadas en Perú. Para Balcázar, una decisión de esa escala debe recaer en la siguiente gestión, elegida con mandato completo y legitimidad popular.
El mandatario sostuvo además que existen demandas internas urgentes que compiten por recursos públicos, como seguridad ciudadana, infraestructura y servicios esenciales, por lo que consideró prudente no cerrar el contrato en la recta final de su gobierno.
Debate entre defensa y economía
La eventual adquisición de 24 unidades F-16 Fighting Falcon había sido presentada como una pieza central del plan para renovar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú y reemplazar aeronaves con varias décadas de servicio. Entre los modelos que serían sustituidos figuran flotas históricas como los MiG-29 y Mirage 2000. Diversos sectores castrenses consideran que la decisión ya no debería seguir aplazándose. La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú sostuvo que la postergación genera “profunda preocupación” y advirtió que el país requiere mantener capacidades de disuasión acordes con el actual escenario regional.
Para especialistas vinculados al ámbito de defensa, la compra no solo implicaba adquirir nuevos cazas, sino asegurar entrenamiento, soporte logístico y continuidad tecnológica para las próximas décadas. Bajo esa mirada, retrasar nuevamente el proceso ampliaría la brecha operativa frente a otras fuerzas aéreas de la región y mantendría en servicio plataformas cada vez más costosas de sostener.
En el frente empresarial, la Cámara de Comercio de Lima expresó preocupación por la suspensión del proceso y alertó sobre sus efectos en la percepción internacional del país. En un comunicado, el gremio afirmó que “la postergación indefinida de decisiones de esta naturaleza, especialmente en un escenario político complejo, genera incertidumbre y debilita la imagen del país”. Asimismo, pidió al Ejecutivo actuar con “seriedad, previsibilidad y buena fe” para preservar la confianza de inversionistas y socios externos.